Por seguridad y para evitar “un despliegue importante de recursos públicos”. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha pedido declarar en el juicio de Gürtel por videoconferencia entre los días 26 y 27 de julio.

Los días seleccionados por Rajoy coinciden después del puente de Santiago Apóstol y cuando los españoles enfilan sus vacaciones veraniegas.

El presidente del Gobierno argumenta en una carta dirigida al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que su comparecencia física “implicaría un despliegue importante de recursos públicos, siendo más conveniente la videoconferencia, la cual constituye un medio de prueba habitual y ordinario en los procesos penales”, según publica El País. Para ello, se ampara en el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Por otro lado, concurren razones de seguridad”, explica, “toda vez que un eventual desplazamiento del presidente del Gobierno ante la sede física del Tribunal o bien una posible constitución de éste en el despacho oficial del Presidente, supondría todo un conjunto de medidas de seguridad ciertamente desproporcionadas”.

Mariano Rajoy se escuda en las razones de seguridad, cuando si hay un edificio seguro es el búnker de la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), con entrada directa al garaje y alta presencia policial dado que allí se celebran los macrojuicios de impacto nacional.

El tribunal cuenta con protección policial y una comisaría propia, al igual que ocurre en el Congreso de los Diputados al que acude Mariano Rajoy. No se conoce que el presidente haya desplegado semejantes argumentos cuando acude al palco del Estadio de Santiago Bernabeu, al que es asiduo.

La declaración a través de videconferencia está permitida por la jurisprudencia y es habitual para los policías y los forenses, por ejemplo, con el fin de no interrumpir sus obligaciones.

Un precedente de un político que haya declarado por videoconferencia ante un tribunal es Artur Mas, quien testificó por videoconferencia en 2014 con motivo del juicio por el asedio al Parlament.

El tribunal del caso Gürtel acordó citar a Mariano Rajoy, a petición de las acusaciones populares, pero en su resolución no concretó si tenía que ser en presencia física. Esta citación fue aprobada por los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego, con el voto particular contrario de Ángel Hurtado, quien consideró que sus colegas pretendían además que Rajoy compareciera en persona.

El juicio del caso Gürtel juzga la primera época de una trama de corrupción crecida al amparo del Partido Popular, donde el principal acusado, Francisco Correa, ha declarado que cobraba una comisión del 3% a empresarios adjudicatarios de obras públicas que luego entregaba al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, quien mantenía una contabilidad B de la formación política. Mariano Rajoy fue secretario general y responsable de varias campañas electorales en esa época.