MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no considera que deba dar explicaciones y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cree que tenga que dimitir tras conocerse la investigación sobre el exvicepresidente económico y exdirector general del FMI, Rodrigo Rato, así como su detención ayer mientras los agentes registraban su casa y su despacho por los posibles delitos de blanqueo, alzamiento de bienes y fraude fiscal.

El mensaje del Ejecutivo y del Partido Popular sobre este caso que ha convulsionado los cimientos de la formación fundada por Manuel Fraga es claro: el caso Rato afecta a su patrimonio privado y no tiene nada que ver con su gestión pública al frente del área económica del Gobierno (1996-2004).

De este argumento, de hecho, no se han movido ni un milímetro la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Montoro en la comparecencia ante la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de los viernes.

El Ejecutivo, pues, no ha considerado pertinente dar una rueda de prensa excepcional por la repercusión nacional e internacional de la detención e investigación de Rato, sino que se ha limitado a lanzar su mensaje en la comparecencia semanal.

Ni siquiera el ministro de Montoro compareció por este asunto, sino que su aparición estaba prevista porque hoy se ha aprobado la ley general tributaria, que permitirá conocer los nombres de los morosos y defraudadores fiscales, previa sentencia judicial.

Los 705 de la 'lista Montoro'

Durante una rueda de prensa muy tensa en La Moncloa, con un ministro de Hacienda muy serio y una vicepresidenta muy cortante, el Gobierno ha dejado claro que no pretende admitir la bomba que ha caído sobre la campaña electoral del PP con el 'caso Rato. Simplemente, admiten los conservadores desde ayer, tratará de tomar distancia, insistir en que el exvicepresidente no pertenece al partido ni tiene función pública alguna. Que Rato haya suspendido su militancia en el PP voluntariamente y que se desconozca desde cuándo tenía dinero sin declarar en Suiza, es la letra pequeña.

"La ley es igual para todos"; "La Agencia Tributaria llevaba tiempo investigando" a Rodrigo Rato (un año aproximadamente, según las fuentes consultadas); "Las instituciones funcionan haya o no elecciones"; "Es un asunto particular" sobre el que el Gobierno "no interfiere" y se limita "aplicar la ley estrictamente"... Con estas frases y otras similares, sin salirse del guión, Sáenz de Santamaría y Montoro han despachado las preguntas de los periodistas, que intentaron obtener respuestas sobre la "credibilidad" de un Gobierno que se jacta de ser "azote del fraude y la corrupción" y tiene a su vicepresidente económico y "autor del milagro" ídem en la etapa de José María Aznar, según el PP, pendiente de un proceso judicial que puede acabar con él en la cárcel, precisamente, por fraude.

Pero las cosas son al revés, según la vicepresidenta y el ministro de Hacienda, y así hay que entenderlas: que la Agencia Tributaria y los jueces señalen, investiguen y detengan a quien fue también responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI), con rango de jefe de Estado, es la mejor señal de la "independencia" de las instituciones con respecto al Gobierno y la mano dura de éste con defraudadores y morosos, "sea quien sea", "sea del partido que sea", "tenga la posición social que tenga", etc.

Por el resto de investigados por la Agencia Tributaria tras detectarse irregularidades en su fiscalidad al acogerse a la amnistía del Gobierno, la famosa 'lista Montoro' de 705 personajes relevantes (políticos, militares, altos cargos, jueces...), el ministro no ha querido pronunciarse. "¿Pero usted se cree que yo tengo 705 nombres en la cabeza?", ha espetado Montoro al periodista que pidió conocer algún nombre, puesto que ya se había filtrado el de Rodrigo Rato.

Es más, el titular de Hacienda aseguró que no tenía por qué conocerlos, a pesar de haber reconocido ayer su compañero responsable de Justicia, Rafael Catalá, que los 705 presuntos delincuentes (de entre los 40.000 defraudadores acogidos a la amnistía fiscal de 2012) responden al perfil de personas políticamente expuestas según la ley de blanqueo de capitales (art. 14), que van desde el jefe de Estado a los familiares de los cargos públicos estatales importantes.

En el PP dan por hecho que esta lista, que podría ampliarse pues la Agencia Tributaria sigue cotejando y cruzando datos de entre los 'amnistiados', no se conocerá, al menos, antes de las elecciones, aunque "no se puede responder de las filtraciones".