El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugura este sábado la ampliación del puente de Rande de la AP9, la autopista que explota Sacyr con beneficios de casi 140 millones al año y cuya titularidad reclama Galicia al Estado desde hace años. Ese debate ha provocado además serias discrepancias entre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y su compañero de partido y ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La inauguración oficial de la reforma se ha hecho coincidir con las fechas en la que Rajoy suele pasar unos días en Pontevedra, su ciudad natal, situada a una veintena de kilómetros del puente y una de las más beneficiadas por un viaducto que reduce en más de media hora el viaje por carretera del Eje atlántico de Galicia y la conexión de la comunidad con Portugal.

Inaugurado en 1981 sobre la ría de Vigo, Rande fue considerado entonces como la mayor y más compleja infraestructura de transportes de Galicia. Durante varios años fue el puente de tablero atirantado más largo del mundo, con una longitud de 1,6 kilómetros y dos pilares de casi 120 metros de altura.

Pero acabó quedándose pequeño –hoy en día soporta un tráfico diario de unos 70.000 vehículos-, por lo que en el año 2011 se redactó un proyecto para reformarlo. La obra, que ha ampliado de dos a tres los carriles en ambos sentido añadiendo dos tableros en los flancos exteriores, no se inició hasta el 2015 y ha tenido un coste de más de 120 millones de euros.

El puente de Rande es la enseña de Autopistas del Atlántico SA (Audasa), la filial de la Empresa Nacional de Autopistas que explotaba la vía desde 1973 y que en el año 2003 fue privatizada por el Gobierno de José María Aznar, que la adjudicó a Sacyr. Desde entonces, la firma de la familia Carceller ha obtenido con ella enormes beneficios, con ingresos que el año pasado se elevaron a más de 138 millones de euros. La AP9 es la concesión pública más rentable de Galicia, y algunos cálculos estiman que desde su inauguración los gallegos se han dejado en ella cerca de 2.500 millones de euros.

Desde hace años, todos los partidos políticos de la comunidad coinciden en que la infraestructura está más que amortizada y que no tiene sentido que se siga cobrando por ella más allá de lucrar a una empresa privada que disfrutará de la concesión hasta el año 2048. Más aún cuando no existe una alternativa viable para viajar por el frente atlántico de Galicia, donde habita más del 70% de la población y donde se agrupa la mayoría del tejido industrial del país.

La AP9 no sólo sablea el bolsillo de los ciudadanos –un viaje en turismo para cubrir los 180 kilómetros entre Ferrol y Vigo cuesta 17,45 euros-, sino que condiciona seriamente el tráfico de mercancías –un camión pesado que recorra ese mismo trayecto debe abonar 38,25 euros-. Los peajes han subido en los últimos años por encima del índice de precios al consumo (IPC) e incluso en las peores etapas de la crisis, con un incremento acumulado de más del 25% entre el 2008 y el 2015. Y a ello se añaden las denuncias constantes por retrasos causados por la falta de personal en las cabinas de cobro, que provocan enormes atascos en las entradas y salidas de la vía.

Exigen la titularidad pública

En mayo pasado, el pleno del Parlamento de Galicia, PP incluido, votó a favor de una proposición de ley que reclamaba al Congreso de los Diputados que se transfiera a la Xunta la titularidad de la AP9. Una iniciativa que ha enfrentado a Alberto Núñez Feijóo con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con quien ya mantenía diferencias por el retraso en los plazos del proyecto del AVE a Galicia. La polémica se avivó cuando se supo que Fomento había autorizado para el 2018 un incremento del 4% en los peajes de la autopista. Un 1,9% por el aumento del IPC; otro 0,9% para compensar a la concesionaria por la gratuidad del peaje para los usuarios que cubran el trayecto entre Vigo y Pontevedra (aunque sólo se aplica a los que hagan viaje de ida y vuelta en el mismo día y paguen con dispositivo de telepeaje); y otro 1% para compensar a Sacyr por los costes de la ampliación del puente de Rande.

Feijóo y De la Serna han intentado que sus diferencias no trasciendan demasiado. El primero, atribuyendo al Procés catalán la culpa de que no se pueda debatir la trasferencia de la AP9 en un contexto de “crisis territorial” del Estado. El segundo, asegurando que el 1 de enero sólo se aplicará una subida del 1,9% aunque posteriormente se eleven los precios.

Mientras tanto, Audasa se defiende asegurando que gracias a la AP9 los gallegos disfrutan de una infraestructura de transportes segura y cuidada, que ha reducido la siniestralidad viaria y en la que se han invertido más de 1.400 millones de euros. Y que permitirá a Rajoy aprovechar sus vacaciones de navidad para sacarse una foto inaugural.