'Como Gobierno respetamos las decisiones de la Fiscalía, que es autónoma para llevar a cabo las actuaciones que tenga que llevar'. Con esta frase, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado en manos del Ministerio Fiscal la posible querella contra el Govern de Artur Mas por haber celebrado la consulta del pasado 9 de noviembre. La número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo no ha aclarado su opinión, en cambio, sobre si las actuaciones contra la Generalitat se están retrasando o sobre si el Ejecutivo autonómico cometió o no un delito el 9-N. 'Hay una resolución del Tribunal Constitucional que no se ha respetado, pero si esto es constitutivo de delito o no le corresponde decirlo a la Fiscalía', sentenció.

Con ello quiso zanjar las dudas sobre la presión que el Gobierno central podría estar ejerciendo sobre el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por su tardanza a la hora de actuar contra Mas, y por haber dejado en manos de los fiscales catalanes el tomar una decisión al respecto. Ahora el Gobierno se desentiende de este proceso porque, dice, ya han hecho lo que tenían que hacer. Sáenz de Santamaría relató todos los pasos seguidos por el Ejecutivo en la 'vía de hecho' desde que el Parlament de Catalunya aprobó la declaración de soberanía: el recurso contra dicha declaración, el debate en el Congreso sobre sobre la ley catalana de consultas en el que 'una amplia mayoría del Congreso dijo no' y los dos recursos contra las convocatorias de Mas al 9-N.

Ahora, esgrime la vicepresidenta, en la 'vía del delito', 'a quien corresponde la defensa de la legalidad es a la Fiscalía, que ejerce la defensa del Estado, que es mucho mayor que el Gobierno'. Y, respetando su 'autonomía' y sus 'procedimientos y mecanismos', la vicepresidenta incidió en que el 'criterio' principal a seguir por dicha institución es 'la defensa de la legalidad de todos los españoles'.

Lo que sí dejó claro Sáenz de Santamaría fue la postura de Rajoy —ya expresada por el propio presidente el pasado miércoles— respecto a la petición de Mas de convocar un 'referéndum de autodeterminación'. 'Esa posibilidad no la vamos a avalar. El Gobierno no puede hacerlo ni jurídicamente ni políticamente', insistió, rotunda.

Sin embargo, aunque dio a entender que el Gobierno jamás permitirá un referéndum que pueda llevar a una posible Catalunya independiente, sí se mostró partidaria del reconocimiento del Estado palestino como 'solución' al conflicto en Israel. Así, abogó por una negociación entre ambas partes con el fin de garantizar la paz e instó a los 'socios y aliados' de España en la UE a actuar de forma 'coordinada' hacia el reconocimiento de Palestina como Estado 'en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz'. 'La única solución es la coexistencia de los dos Estados', concluyó.