El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado el primer paso para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada hace sólo cuatro meses en el Parlamento de Andalucía sin ningún voto en contra. La semana pasada, durante la última sesión plenaria, la presidenta Susana Díaz y la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, llegaron a un acuerdo para que el Gobierno andaluz reclame al Congreso las actas relativas a la muerte de Manuel García Caparrós, militante malagueño de CCOO, asesinado durante la manifestación de la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Esa petición se hará al amparo de un artículo de la Ley de Memoria que regula la “recuperación del patrimonio documental incautado durante la Guerra Civil y la Dictadura”, precisamente la parte del texto sobre la que el Ejecutivo central ha mostrado “discrepancias”, según un escrito remitido a la Junta, al que ha tenido acceso Público.

El punto de discordia entre Gobierno y Junta es similar al que hace años enfrentó al Estado con la Generalitat de Cataluña al reclamar los famosos “papeles de Salamanca”, toda la documentación relativa a la Guerra Civil en territorio catalán, que se encontraba en el Archivo Histórico, ubicado en la capital charra. La nueva normativa andaluza da potestad a la Junta para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”.

Según fuentes de la Consejería de Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, firmaron un acuerdo el pasado 19 de junio en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía con objeto de crear un grupo de trabajo en el que ambas administraciones buscarán una salida al conflicto, “tratando de evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad”.

El acuerdo de esta subcomisión fue comunicado al Tribunal Constitucional, invocando el uso del artículo 33.2 de la ley orgánica que regula el TC, según el cual “se amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo”.

Hay pocos antecedentes en los que esta subcomisión, que sirve para dirimir problemas entre Gobierno y comunidades autónomas, no haya desembocado en los tribunales cuando el color político de las administraciones es distinto. El Ejecutivo central y el andaluz tienen más de una decena de litigios en los tribunales, por denuncias cruzadas, muchas de ellas por invasión de competencias del Estado.

La Junta le resta importancia y asegura que la Comisión Bilateral está precisamente para agotar la negociación y evitar otra suspensión cautelar de la norma. Existe un precedente muy similar, de hecho, en la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, de 2011. El Gobierno central también expuso entonces “discrepancias competenciales” e inició los trámites para recurrirla ante el Constitucional, convocando antes a la Junta a un grupo de trabajo para intentar llegar a un acuerdo. El Ejecutivo andaluz se comprometió a “añadir un inciso” a un artículo, “modificar” un apartado de la ley y “eliminar parte de otro.

Pero la Ley andaluza de Memoria es más delicada y el propio Ejecutivo andaluz reconoce que presenta una dificultad añadida: Rajoy ha asfixiado la Ley estatal de Memoria Histórica de Zapatero (2007), dejándola sin presupuesto y, por tanto, sin efectividad real. Mientras que Susana Díaz acaba de aprobar una normativa propia y además ha elevado las competencias memorialistas en el organigrama de su Gobierno, pasándolas del área de Cultura a Vicepresidencia. La Junta, por ahora, es optimista y cree que el grupo de trabajo podrá evitar el recurso ante el Constitucional. Desde el Gobierno, en cambio, advierten de que la salida más factible es que el Ejecutivo andaluz se avenga a “matizar o eliminar” los artículos que hablan de la “recuperación del patrimonio incautado” de la Guerra Civil.

Sin embargo, políticamente es difícil que la Junta ceda en este punto, porque cuenta con el respaldo del Parlamento autonómico, donde se aprobó la ley sin ningún voto en contra. PSOE, Podemos e IU votaron a favor, y PP y Ciudadanos se abstuvieron. Cualquier modificación del texto, además, enfrentaría al Gobierno socialista de Susana Díaz con sus aliados en la izquierda sobre esta materia: Podemos e IU, que no aceptarán que se toque una coma.