La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de inmuebles de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Arantxa Mejías, ha dicho que la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a la exalcaldesa Ana Botella (PP) "asusta" y provoca "mucha rabia y frustración".

En declaraciones, Mejías ha señalado que les parece "preocupante" que la Sala Justicia del Tribunal de Cuentas que ha votado a favor de la absolución de la sentencia haya tenido como consejera a Margarita Mariscal de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella.

En la resolución, el Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia que condenaba a Botella y a siete miembros de su equipo a abonar 22,7 millones de euros por la venta en 2013 a un fondo de inversión de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

"Cuando fuimos adjudicatarios de estas viviendas era como si nos hubiera tocado la lotería", señala Mejías que vive con sus padres desde hace trece años en uno de estos pisos en Carabanchel, que junto a Vallecas y Villaverde concentran la mayor parte de los inmuebles afectados.

Los inmuebles habían sido vendidos a Fidere

Sin embargo, la situación se complicó en 2013, cuando meses antes de que venciera su contrato se enteraron por medios propios de que los inmuebles habían sido vendidos al fondo de inversión Fidere, que propuso a algunos de ellos contratos nuevos por un plazo de tres años con incrementos del alquiler que oscilaron entre el 43 y el 80 por ciento en tres años.

Mejías sigue residiendo en uno de estos inmuebles aunque para lograr su permanencia ha tenido que demandar penalmente a este fondo de inversión, que se negaba a renovarle el contrato y asumir, como el resto de vecinos, una subida que incrementó el alquiler de 400 a 900 euros.

A día de hoy la activista dice vivir en una constante "lucha", que comparten otros afectados como Beatriz Rodríguez, que entró junto a su marido a una de estos inmuebles en Carabanchel en agosto de 2004, cuando tenía 26 años.

En 2013 recibió un burofax en el que les informaron de que para permanecer en su vivienda tenía que asumir una subida del 42% en tres años. Con apenas tiempo para organizarse con el resto de vecinos, relata, se vio obligada a asumirlo y pasar a pagar 800 en vez de 300.

Beatriz está en un inmersa desde hace dos años en un proceso de consignación de renta y deposita su renta mensual en un juzgado, de forma no existe la opción que les demande por impago, aunque sí lo pueden hacer por expiración de términos al no haber firmado un nuevo contrato. Durante ese tiempo, ha recibido una demanda de desahucio.

En una situación parecida se encuentra María Jesús Almena, que empezó a consignar su renta el pasado día 6, cuando decidió no firmar un nuevo contrato después de su renta mensual haya ascendido hasta los 960 euros, una cifra para la que tendría que destinar casi de forma íntegra su salario.

De los 122 pisos de protección pública que se adjudicaron en su edificio en Salvador Allende (Carabanchel), relata, tan solo quedan doce familias de las que firmaron con la EMVS.

"Hay muchos sueños y planes que se acaban de repente", cuenta María Jesús, que relata que la noticia de la venta al fondo llegó cuando ella estaba esperando para adoptar y ya había hecho reformas en su piso para comprarlo. Más contundente se muestra Irene Cedillo, que fue desahuciada en octubre de 2018 junto a su hija de 18 años por no poder pagar un alquiler de 830 euros. "Ellos lo que querían era que me fuera", lamenta.