Una de las medidas estrella del programa electoral de Sumar en materia de vivienda es la aplicación obligatoria del límite al precio de los alquileres en todo el Estado. De tal manera que "ninguna persona destine más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda".

La actual ley de vivienda, aprobada en esta legislatura por el Gobierno de coalición, no está siendo incorporada en todo el territorio de igual manera. Esto es porque la última decisión reposa en los gobiernos autonómicos, por lo que no es obligatoria la definición de las 'zonas tensionadas'.

"Supone una discriminación que haya determinadas Comunidades Autónomas que, por motivos ideológicos y sin justificación alguna, no quieran aplicar la ley en aquellos lugares donde se cumplen todos los requisitos establecidos por la norma", comenta en declaraciones a Público Alejandra Jacinto, responsable de vivienda de Sumar.

Desde la formación que lidera Yolanda Díaz, tienen claros los mecanismos jurídicos para poder llevar a cabo la bajada de los precios de los alquileres en todo el país, "independientemente de donde vivas", en el caso de llegar al Gobierno. Para ello ven necesario modificar la actual ley, añadiendo una enmienda que haga cumplir "los detalles técnicos". 

Una competencia del Estado

El precepto al que podrán acudir es el artículo 149.1 1º de la Constitución Española. Este artículo habla de la competencia exclusiva del Estado en "la regulación de las condiciones básicas" que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos, como es el derecho a la vivienda digna.

Además, aseguran desde la plataforma de Yolanda Díaz que otro mecanismo en el que podrán apoyarse es la sentencia del Tribunal Constitucional 57/2022, del pasado 11 de marzo de 2022, que serviría como antecedente al estar relacionada con la regulación de los alquileres en Catalunya.

"Esa sentencia del TC declaró la inconstitucionalidad de la ley de vivienda catalana, en relación con la contención de precios y regulación de precios del alquiler", ha explicado Alejandra Jacinto en declaraciones a Público. "Lo hizo porque entendía que la regulación de precios en todo lo que tiene que ver con alquileres es competencia del Estado", ha sentenciado.