El Tribunal Supremo ha impuesto a Izquierda Unida (IU) y al Partido Comunista de España (PCE) una fianza de 12.000 euros para ejercer como acusación popular en la querella que presentaron conjuntamente a principios del mes de diciembre contra el Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por un presunto blanqueo de capitales, según los audios filtrados del excomisario José Manuel Villarejo.

El Tribunal Supremo aún no ha decidido si admitir a trámite esta querella que se presentó el pasado 5 de diciembre, aunque, según explica un comunicado de IU, la Sala Segunda de lo Penal sí ha acordado la "competencia para el conocimiento" del asunto.

Además del ex jefe del Estado, la querella se dirige contra la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el excomisario José Manuel Villarejo, y abogado suizo Dante Canónica y el primo segundo del exmonarca Álvaro Orleans Borbón por la presunta comisión de 13 delitos, entre ellos cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias o constitución de grupo criminal.

La querella recopila diferentes informaciones publicadas sobre las grabaciones realizadas por Villarejo a Corinna, en las que ésta dice que Juan Carlos I habría blanqueado dinero. También acusó al director del CNI de amenazarla a ella y a sus hijos.

Inviolabilidad e irresponsabilidad de Juan Carlos I

Se da la circunstancia de que Juan Carlos I goza de inviolabilidad e irresponsabilidad por su entonces condición de jefe del Estado, tal y como señaló la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de septiembre en un comunicado cuando rechazó comenzar a investigar el supuesto de reparto de dinero por la adjudicación del AVE a La Meca, según se escucha decir a la amiga del Rey a Villarejo.

Sin embargo, para IU y el PCE "la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey y Jefe de Estado está relacionada con el desempeño de sus funciones oficiales y no consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole exclusivamente personal". Añade que, "en caso de haberse ejecutado dichas conductas, las mismas no son las propias del cargo o función de Jefe del Estado y por tanto ninguna inmunidad, inviolabilidad o irresponsabilidad pueden alcanzar al Jefe de Estado que durante el ejercicio del cargo realiza actividades ilícitas con el único fin de enriquecimiento personal".

La Fiscalía Anticorrupción finalmente decidió abrir formalmente diligencias de investigación a finales de diciembre de 2018 para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. En esta causa se pueden investigar los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad, insiste el Ministerio Público.