En 2007, Corinna zu Sayn-Wittgenstein se reúne en Riad con el príncipe saudí Al Walid Ibn Talal. Le acompaña un embajador del Gobierno de España y la por entonces amante del rey Juan Carlos I se presenta públicamente como "representante" del jefe del Estado. Once años después, en 2018, la noticia es revelada con gran escándalo por los medios de comunicación. Una petición formal, cuya identidad queda preservada por ley, llega al portal de transparencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. El solicitante quiere saber por qué Corinna acompañó a un embajador español durante una reunión oficial con la familia real saudí en 2007 y en cuántas ocasiones la empresaria alemana de origen danés realizó labores diplomáticas en nombre del jefe del Estado.

La pregunta no obtiene respuesta. Es entonces cuando el solicitante reclama al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El órgano de arbitraje abre un expediente informativo y se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores para inquirirle sobre la cuestión. El departamento achaca a un "error informático" el silencio administrativo. Y, a continuación, responde por escrito que "no tiene constancia de que Corinna haya desarrollado labores diplomáticas para el Ministerio de Asuntos Exteriores". Pero hay más. En relación a la reunión del embajador español en Riad, se limita a responder que "no puede confirmar que se produjera".

En el expediente R0604/2018 del Consejo de Transparencia, el nombre de Corinna está tachado del documento. Pero no hay la menor duda de que se trata de ella. La respuesta del Ministerio es claramente evasiva. Los recortes de prensa españoles, una fotografía del encuentro y la nota oficial saudí evidencian que el encuentro se produjo en los términos descritos. El reclamante insiste nuevamente en el expediente abierto: "Reitero que no se me ha respondido por qué Corinna acompañó al embajador ni quién la invitó ni quién solicitó la reunión. Se trata de información de interés público". Semanas después, el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación y dio por cerrado el expediente.

La de Corinna es una de las 14 reclamaciones ciudadanas sobre cuestiones de la Casa Real presentadas ante el Consejo de Transparencia, un organismo oficial español fundado en 2014 para garantizar el acceso a la información pública al amparo de una ley específica promulgada en 2013. Del total de expedientes tramitados, cinco fueron admitidos total o parcialmente. El resto quedaron desestimados por razones de diferente naturaleza. En las reclamaciones estimadas, el Consejo de Transparencia instó al Gobierno a facilitar la información solicitada en un plazo generalmente de 15 o 30 días. Y en algunos casos, ante la negativa gubernamental, el litigio acabó en los tribunales.

Los viajes de la familia real han sido objeto de interés ciudadano en más de una ocasión. Este mismo año, Maldita.es solicitó información exhaustiva sobre todos los desplazamientos oficiales entre 2015 y 2019. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que es el órgano competente para gestionar la información relativa al monarca, respondió que la web de la Casa Real ya recoge toda la agenda oficial requerida. Pero el solicitante consideró que los datos eran incompletos y mantuvo su alegación. El Consejo de Transparencia le dio la razón y emplazó a la Presidencia del Gobierno a que facilitara en 15 días la información demandada, incluidos los acompañantes de la familia real. Pero Moncloa no cumplió. Transcurrido el plazo, el Gobierno ignoró el requerimiento del Consejo de Transparencia bajo el pretexto de que se trata de "información clasificada".

Se da la circunstancia de que dos días antes del vencimiento, el diario británico The Telegraph publicó en exclusiva datos del polémico viaje de luna de miel de Felipe VI y Letizia, cuyo elevado coste, cifrado en medio millón de dólares, fue sufragado por Juan Carlos I y un empresario catalán amigo del emérito.

Algunas de las reclamaciones se refieren al gasto presupuestario que ocasiona la Casa Real. Ya en 2015, el Consejo de Transparencia abrió un expediente en relación a las partidas del presupuesto previsto y ejecutado por el monarca. La Presidencia del Gobierno estimó la petición del solicitante y remitió a la web de la Casa Real, donde figuran supuestamente todas las cantidades. El reclamante, en cambio, consideró que las cifras no estaban "desglosadas" ni ofrecidas en "formato reutilizable". La respuesta de Moncloa fue taxativa: "No existe obligación legal de desglose con un determinado detalle". Y el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación.

Ahí radica uno de los graves déficits de transparencia de la monarquía. Lo explica con precisión el experto Miguel Ángel Blanes en un artículo publicado semanas atrás. "No se desglosa el presupuesto de la Casa Real. No es posible conocer los gastos de protocolo y representación", lamenta el especialista en transparencia, que repasa pormenorizadamente todos los privilegios legales que aún mantiene el rey para esquivar la rendición de cuentas pese a que sus fondos provienen del dinero público. Ya en la Ley de Transparencia de 2013, la familia real quedó al margen. Ninguno de sus miembros tiene la consideración de alto cargo y, por tanto, no están sujetos a la obligación de presentar declaración de bienes y derechos.

Otra petición referida al gasto económico que exige el sostén de la Casa Real llegó en 2015 al Ministerio de Defensa. El solicitante quería saber qué parte de su presupuesto dedicaba este departamento a asuntos relacionados con la monarquía. El Ministerio de Defensa se escudó argumentado que no existía una "partida específica" dedicada a la Casa Real y que, por tanto, "no era posible facilitar dicha información". Además se negó a desvelar las retribuciones de la Guardia Real porque, según pretextó, "comprometería la seguridad de Su Majestad el rey y de su familia". Tampoco informó del desglose correspondiente al uso de los aviones de la Fuerza Aérea, porque "también los utiliza el Gobierno". El Consejo de Transparencia admitió parcialmente la reclamación y dio 30 días de plazo al Ministerio de Defensa para entregar los datos solicitados.

La relación de regalos recibidos por los reyes también suscitó el interés de algún ciudadano. La Secretaría General de Presidencia del Gobierno se limitó a señalar en un caso dónde podía consultar la normativa al respecto, pero no facilitó información precisa. El Consejo de Transparencia trasladó la alegación a Moncloa, que recordó que el artículo 26.2 de la Ley de Acceso de la Información Pública "no es de aplicación a los miembros de la familia real". No obstante, agregaba Presidencia, "don Felipe VI ha considerado conveniente adoptar una regulación similar de aplicación a todos los miembros de la familia real".

Hasta 2015, por tanto, el rey no contaba con una normativa referida a la gestión de los regalos. Los que eran catalogados de cierta entidad debían ser inventariados y entregados a Patrimonio Nacional, mientras que los de menor rango no figuran en ningún listado. La reclamación fue desestimada. Una solicitud sobre este mismo asunto sí que fue admitida en 2017. En esta ocasión, la petición demandaba que la Casa Real aclarase qué destino se daba a muchos de estos regalos. La Comisión de Transparencia aceptó las alegaciones del ciudadano y pidió a Presidencia que desvelase el destino de 267 regalos institucionales no inventariables recibidos en 2015.

Algunas preguntas ciudadanas han desbordado los márgenes de lo convencional. Por ejemplo, al rey Felipe VI se le requirió que respondiera a una carta que recibió solicitando un referéndum de independencia de Catalunya. Presidencia del Gobierno se zafó del asunto: "Dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley de Transparencia". El reclamante alegó que el Consejo de Transparencia ya había dictado con anterioridad que "las cartas también son susceptibles de ser solicitadas a través del derecho a la información". El Consejo no pensaba igual y desestimó la reclamación.

Todas estas carencias en materia de transparencia lastran el crédito de la monarquía ante la ciudadanía, según señalan numerosos expertos. Es el caso del propio presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, José Molina. En un contundente artículo publicado la semana pasada, sostiene que todas las monarquías europeas se han visto obligadas a levantar alfombras y abrir sus ventanas como la única forma de adaptarse a unos tiempos que exigen menos opacidad de sus instituciones. "Sin transparencia no puede subsistir la monarquía", avisa desde el mismo titular del texto.