La decisión de la Justicia alemana sobre si entrega o no a España al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont depende ahora de los informes que envíe el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, cuyos jueces quieren saber, sobre todo, si ordenó a los Mossos d'Esquadra que desobedecieran las decisiones judiciales y permitieran la celebración del referéndum del 1-O.

Porque lo que precisamente argumenta Llarena en su demanda de extradición es que Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y el exconseller de Interior, Joaquim Forn, con pleno conocimiento del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que la consulta popular no se celebrase, "teniendo la capacidad de decidir [...] y de aportar los mecanismos de seguridad policial que podían coadyuvar a la contención de la violencia, prefirieron ordenar la continuación del proceso, llamar a la población a la movilización y a la participación, e impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado".

Así que los jueces alemanes, solicitan el material probatorio en el que se basan esos supuestos indicios de que el expresident impartió instrucciones a los Mossos para que se incumplieran las decisiones judiciales.

Una solicitud de la Justicia alemana que va a poner en un brete al juez Llarena, ya que en el sumario que se instruye sobre el 1-O figuran varias pruebas precisamente de lo contrario: Puigdemont advirtió a sus colaboradores desde el primer momento de que los Mossos siempre cumplirían las órdenes de los tribunales, y ni siquiera cruzó una sola llamado con el major de la policía autonómica catalana, Josep Lluís Trapero, durante toda la jornada del referéndum.

La prueba material más clara de todo ello figura en la ya famosa agenda Moleskine donde el entonces secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové Lladó estuvo anotando, de su puño y letra, el contenido de las reuniones que celebró –entre febrero de 2015 y noviembre de 2016– el círculo más íntimo del president para tratar sobre la llamada "Hoja de Ruta" hacia la independencia. Esa agenda fue intervenida por la Guardia Civil en el registro del domicilio de Lladó y es considerada como la mayor prueba de cargo contra Puigdemont y su equipo.

Sin embargo, en el informe de 59 folios de la Guardia Civil sobre esa agenda de Jové –al que ha tenido acceso Público–, que el instituto armado dirige a la jueza Carmen Lamela del Central 3 de la Audiencia Nacional –como contestación a su petición de ser informada de "todo aquello que estuviese relacionado con la actuación de Josep Lluis TRAPERO ÁLVAREZ y los Mossos d'Esquadra" en esa Moleskine–, se destaca un apunte manuscrito, encabezado como "WAR ROOM" y fechado "8/11/16" con el siguiente texto (en catalán):

"MHP" [por Molt Honorable President] "—> los Mossos harán siempre lo que les digan los jueces —> No habrá ninguna orden en el D. INT" [por el Departamento del Interior], como se puede ver en la reproducción del original que encabeza este artículo y en los siguientes fragmentos del oficio de la Guardia Civil:

Encabezado de la respuesta de la Guardia Civil a la jueza Lamela sobre su petición de información de los contenidos de la agenda de Jové en relación con la actuación de Trapero y de los Mossos.

Descripción de la Guardia Civil sobre las anotaciones manuscritas de Jové bajo el titular "War Room" en las que figuran las afirmaciones de Puigdemont sobre el cumplimiento de las órdenes de los jueces por parte de los Mossos.

Es decir, once meses antes de la jornada del referéndum, Puigdemont ya había advertido a sus colaboradores más estrechos de que los Mossos d'Esquadra nunca desobedecerían las decisiones judiciales, ni se impartirían órdenes desde Interior para que lo hicieran. Y es bien difícil poner en duda la veracidad de esa anotación –por mucho que en su oficio la Guardia Civil escriba que eso es lo que Jové "atribuyó a MHP"–, puesto que esa agenda fue escrita como acta confidencial de aquellas reuniones y después custodiada en el propio domicilio del autor. Es insostenible pretender que escribió esos apuntes manuscritos falseando las palabras del president, en previsión de que serían incautados un año más tarde.

Pero ésta no es la única prueba material que figura en los informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional y que el juez Llarena ignora desde el Supremo en sus euro-órdenes de detención; igual que parece desconocer los informes de la Intervención General de Hacienda que demuestran que no hubo malversación de fondos públicos en la organización y ejecución del referéndum del 1-O.

Otra de las claras muestras de que desde el Govern no se impartieron órdenes a los Mossos para que montaran "un operativo policial autonómico" con el objetivo de "enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado" –como alega el juez Llarena– se puede encontrar en otro informe de la Guardia Civil, en este caso, el atestado último (entregado a la Audiencia Nacional el pasado 22 de febrero) sobre sus diligencias ampliatorias por el presunto delito de sedición para la realización del referéndum del 1-O, al que también ha tenido acceso Público:

Encabezado del atestado de la Guardia Civil sobre sus diligencias ampliatorias por el presunto delito de sedición por el referéndum del 1-O, entregado a la Audiencia Nacional el pasado 22 de febrero.

Este atestado –de ampliación de las diligencias policiales– se centra en el análisis de las llamadas telefónicas recibidas o emitidas por todos los altos cargos del Govern y de los Mossos encausados por los presuntos delitos de sedición y/o rebelión, entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. No es que esos móviles estuvieran intervenidos judicialmente, de forma que no se conozca el contenido de las conversaciones, sino que se trata del análisis pormenorizado de todas las comunicaciones cruzadas entre ellos, con las horas y duración de las llamadas que quedan registradadas en los operadores de telefonía:

"Con los datos de la identidad de los usuarios obtenidos a través del CTII, se ha
podido completar el análisis de los registros de llamadas de los investigados
correspondientes a los días 20 y 30 de septiembre, así como los días 1 y 2 de octubre", precisa el informe de la Guardia Civil.

Pues bien, durante la jornada del 1 de octubre, "Josep Lluis Trapero Álvarez, Mayor de los MdE, sólo mantuvo contactos con personas de su entorno profesional", admiten los instructores de la Guardia Civil. Por tanto, el jefe supremo de los Mossos d'Esquadra –al que también se imputa sedición e incluso organización criminal, acusándole de participar en esa presunta estrategia de confrontación con las Fuerzas de Seguridad del Estado– en ningún momento de ese día habló con el círculo de Puigdemont que supuestamente le había ordenado incumplir las órdenes de la Justicia:

Fragmento del atestado de la Guardia Civil en el que se detalla que el major Trapero no habló por teléfono el 1-O ni con Puigdemont ni con ningún otro funcionario de la Presidencia de la Generalitat.

Es inverosímil que, si Trapero hubiera estado participando en ese presunto "operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado", el major de los Mossos no hablase ni una sola vez con algún miembro del Govern durante aquella jornada de cargas policiales contra los votantes y de asaltos violentos contra los colegios electorales, que sorprendieron tanto a las autoridades catalanas como a los periodistas y observadores extranjeros.

Pero aún hay más pruebas en el sumario de la causa de que Trapero no participó en absoluto de ninguna conspiración de la Generalitat para oponerse a las órdenes judiciales, sino más bien todo lo contrario: insistió en su cumplimiento estricto. Ahora bien, para detallar esas pruebas será necesario otro artículo

...CONTINUARÁ