El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha renunciado este miércoles a la pensión de 112.000 euros anuales que le correspondería como expresidente catalán porque considera que aún es el presidente legítimo de Catalunya, aunque sí pedirá el sueldo base que corresponde a los parlamentarios hasta la constitución del próximo Parlament.

Según publica elnacional.cat, Puigdemont no acepta haber sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente y el sueldo que eso conlleva.

Puigdemont ha tomado esta decisión después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera este martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros al año.

Tras renunciar a su pensión, Puigdemont ha lamentado este miércoles que el Estado "continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos". 

En un apunte en su perfil de Twitter, Puigdemont se ha dirigido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para recomendarle que debería dedicar su tiempo "a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario".

No podrá votar desde Bélgica

Puigdemont no podrá votar desde Bélgica en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero.

Fuentes del entorno de Puigdemont en Bruselas dijeron a Efe que ni Puigdemont ni los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se han registrado ante las autoridades consulares españolas en Bélgica.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas, tenían de plazo hasta las 14.00 horas de este miércoles para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y, a partir de ahí, rogar el voto.

Los cinco políticos independentistas catalanes, que se marcharon a Bruselas el 30 de octubre, están en régimen de libertad vigilada hasta que los jueces belgas decidan sobre su eventual entrega a España.

La Audiencia Nacional de España emitió una orden europea de entrega y detención de los cinco políticos catalanes tras acusarlos de presuntos delitos de sedición, rebelión, desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Según el calendario procesal, les corresponde personarse en una vista judicial en la Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia, el próximo lunes 4 de diciembre para que su defensa presente alegatos contra la Fiscalía belga, que ha pedido ejecutar las citadas euroórdenes.