BARCELONA.- Mariano Rajoy no tiene voluntad de entendimiento. Esta es la sensación con la que ha concluido el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, tras su reunión de más de dos horas con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Puigdemont ha comparecido en rueda de prensa en la sede del centro cultural Blanquerna, sede oficiosa de la Generalitat catalana en Madrid, en la que ha explicado que ha entregado a Rajoy un documento de hasta 46 peticiones y reclamaciones entre las que se incluye la celebración de un referéndum en Catalunya y la petición de que el Estado español deje de "judicializar" las decisiones que toma el Govern. 

Puigdemont no ha visto "vocación de entendimiento" respecto a estos dos temas y ha opinado que se han puesto de manifiesto las "profundas discrepancias" entre ambos. No obstante, ha apuntado que si en ese recorrido, el Estado considera que una forma de atender esta petición es sentarse a negociar un acuerdo que pase por un referéndum, le ha expresado al presidente su disponibilidad a sentarse y "hablar de ello". 

Puigdemont ha reiterado que la Generalitat de Catalunya estará "hasta el último día" sentada en la mesa de negociacón

En este sentido, Puigdemont ha reiterado que la Generalitat de Catalunya estará "hasta el último día" sentada en la mesa de negociacón, aunque también ha lamentado estar "solo" en esa mesa. Según su versión, Mariano Rajoy le ha trasladado que no hay "margen para el acuerdo", por lo que Puigdemont ha reiterado que no ve "vocación de entendimiento" entre ambos posicionamientos.

"La reunión no me ha sorprendido. Sí que es de celebrar que el presidente del Gobierno se haya reunido con un presidente independentista, que se propone llegar hasta el final con el mandato democrático del Parlament de culminar el proyecto político de llevar a Catalunya a ser un país independiente", ha señalado Puigdemont, que ha asegurado que no es "optimista" con el cumplimiento de ninguno de los 46 puntos. "Rajoy sólo tiene voluntad de escuchar", ha insistido. 

El encuentro, según ha asegurado, se ha desarrollado en un ambiente cordial, pero que ha evidenciado unas "profundas discrepancias", sobre todo ante las reivindicaciones soberanistas de la Generalitat catalana. Puigdemont ha afirmado que han encargado a los vicepresidentes de ambos gobiernos que se reúnan en los próximos días para estudiar el documento de 46 reclamaciones. 

El encuentro, según ha asegurado, se ha desarrollado en un ambiente cordial, pero que ha evidenciado unas "profundas discrepancias"

El avance más significativo, no obstante, es la reanudación de las relaciones institucionales entre ambas instituciones. De hecho, Puigdemont ha anunciado que en los próximos días se reunirá una delegación del Estado español y de Catalunya para estudiar el documento de 46 puntos que se divide en políticas sociales, políticas fiscales, incumplimientos del Estado con Catalunya en competencias y los recursos que el Estado español plantea sistemáticamente contra las decisiones de Catalunya.  

"Habrá elecciones en España"

Por último, Puigdemont también ha señalado a los periodistas que tras la reunión con Mariano Rajoy, y como el periodista que fue, ha concluido de que España volverá a vivir unas elecciones generales en junio ante la incapacidad de llegar a un acuerdo para formar Gobierno. 

Un documento con 46 agravios

El documento que Puigdemont ha entregado a Mariano rajoy contiene 46 puntos, entre ellos 28 que la Generalitat catalana considera "incumplimientos del Estado con Catalunya, invasión de competencias e interferencias en la acción del gobierno". Se queja, por ejemplo, del recurso del Gobierno a la conselleria de Asuntos Exteriores de Raül Romeva y de la "judicialización" de la política, al considerar que la delegación del Gobierno en Cataluña "ha practicado la persecución de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes".

Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalitat catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno

En materia económica, además del déficit, se pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 por ciento para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalitat catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno a normas autonómicas, como el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear.

"El Gobierno español nunca ha tenido interés por cumplir los acuerdos, nunca han querido que las finanzas de Catalunya vayan bien, así que no lo van a querer ahora, con Europa pisándoles los talones". Así se ha despachado el president Puigdemont en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio: "De Montoro siempre se puede esperar lo peor", ha sentenciado. 

Respecto a los incumplimientos, se cita por ejemplo el caso del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, como se pide desde hace años por parte de las fuerzas nacionalistas catalanas, y el respeto al modelo de enseñanza en catalán y de normalización lingüística previsto en el Estatut. También señala que el porcentaje de inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado está "muy lejos" del peso que tiene Catalunya en el PIB estatal, lo que tiene un impacto directo sobre los servicios esenciales que se prestan a los catalanes.

Así, menciona la disposición adicional tercera del Estatut para equiparar la inversión en Catalunya en infraestructuras al peso del PIB y calcula que el cómputo global que debería haberse recibido en estos años alcanza los 3.811 millones. El Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, el modelo de gestión de puertos y aeropuertos, el plan hidrológico del Ebro, la ley de garantía de unidad de mercado o los papeles de Salamanca son otros de los "agravios" a los que se refiere la Generalitat.

Uno de los epígrafes en los que la Generalitat enumera más reclamaciones es el referido a los "derechos sociales de Catalunya", que integran 11 peticiones. Entre ellas, la pobreza energética, ámbito sobre el que el Parlament aprobó una Ley para "la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo". Además, como consta en el texto, creaba el Fondo de atención solidaria de suministros básicos.

4.500 refugiados

El documento del Gobierno catalán hace alusión a la llegada de refugiados. Recuerda el texto que Catalunya podría recibir a 4.500 personas, pero denuncia acto seguido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha transmitido ninguna información al respecto, a pesar de que la comunidad tiene competencias exclusivas en esta materia.

Asimismo, protesta también porque el Gobierno español haya anulado el Fondo estatal de acogida, que hubiera reportado a Catalunya 43,5 millones de euros. También reprueba la reducción de la financiación en políticas sociales, que cifra en un 91,7 por ciento desde 2010, así como la financiación "insuficiente" que concede la administración central para el sistema de dependencia, hasta dejar su aportación en algo más de un 18 por ciento.

Otra queja se centra en el "déficit estructural de financiación del sistema público de salud", cuyo gasto ha debido reducir la Generalitat, señala en el texto, para acoplarse a los techos de déficit. Esa reducción la precisa en un 14 por ciento.