El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y otros ex cargos del Govern a los que Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat tienen previsto entregar este mismo viernes los avales asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICE), han señalado fuentes próximas al líder independentista. Por su parte, la defensa de Artur Mas ya ha entregado los avales con cargo al mismo fondo.

Los abogados de los 34 afectados por la liquidación provisional fijada por el órgano contable trabajan contrarreloj para poder formalizar las fianzas antes del último plazo dado por la instructora del expediente, Esperanza García, que finaliza a las 00.00 horas del próximo martes. También esperan presentar sus documentos este viernes Martí Anglada, que fuera delegado del Govern en Francia y Suiza y Josep Suárez, ex delegado del Govern en Reino Unido.

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que durante las últimas horas se ha presentado documentación para acreditar varios avales respecto a otros tantos afectados que ahora deberá ser analizada por García. Después se emitirá una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

El pasado jueves, 29 de los 34 investigados por el Tribunal de Cuentas presentaron "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), mientras que el órgano contable les les otorgó 48 horas (hábiles) para que acompañasen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí. Pasado este plazo improrrogable la instructora advirtió que, de no formalizar los depósitos, serán embargados.

"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicó por su parte fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros —una decisión que había descartado el martes—.

Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas señaló el jueves en una nota oficial que se dirimirá cuando proceda.

Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta —dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles— la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca, ya que lo presentado por esos cuatro que no se han acogido al aval del ICF es una cantidad menor.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Cantidades individuales

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras —también beneficiado por la medida de gracia— figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.