Más de medio millón de euros en publicidad para la web de OK Diario, el digital de Eduardo Inda. Casi 300.000 euros para Libertad Digital, el medio de Federico Jiménez Losantos. Otros 67.000 en campañas para EDA TV, de Javier Negre. Son algunos de los gastos del Gobierno de Ayuso en publicidad institucional en 2023.

Solo en esas tres webs la Comunidad de Madrid gastó casi 900.000 euros el año pasado. Tres ejemplos que demuestran cómo el Gobierno madrileño infla con su reparto de publicidad institucional a la derecha mediática y a los digitales conservadores y ultras, tal y como revela la investigación que Público está difundiendo en los últimos días.

Entre OK Diario, Libertad Digital y EDA TV, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desembolsó un total de 867.329 euros. No son medios especialmente conocidos. Eso sí, claramente conservadores y alineados ideológicamente con el Ejecutivo madrileño. Por hacer una comparación: entre La Vanguardia, elDiario.es y Público —medios más reconocidos, pero con líneas editoriales más progresistas— el Gobierno de Ayuso gastó 280.024 euros ese mismo año para publicidad online.

Ese reparto que premia a los diarios más escorados a la derecha del tablero político coloca a algunos de ellos, como los propios OK Diario y Libertad Digital, entre los diez medios online que más dinero reciben de la Comunidad de Madrid. Una forma de actuar que ha sido criticada incluso por Vox. Hace solo unos días, el medio de Losantos felicitaba públicamente el Día de la Hispanidad a la presidenta madrileña. Desde Vox contestaban diciendo: "Libertad Digital felicita a Ayuso por el día de la publicidad institucional".

La publicidad online, con 9,98 millones de euros, es la partida más grande dentro del reparto de campañas institucionales de la Comunidad de Madrid. Aún así, los medios digitales no son siempre los que se llevan más dinero. En otros sectores, como la radio, se invierte menos dinero en total, pero la tarta se reparte entre menos medios. Por ello, las emisoras pueden llegar a ingresar por publicidad más que los digitales.

Del mismo modo, los diarios que cuentan con versión impresa también acostumbran a percibir más dinero gracias a la publicidad en ambos soportes: web y papel. Aún así, teniendo en cuenta únicamente la publicidad online, el Gobierno de Ayuso gastó en 2023 más de medio millón de euros en cada uno de estos tres medios: El Mundo, 20 minutos y OK Diario. El País no alcanza esa cifra, aunque se queda cerca.

Cuando la audiencia no importa

Lo que está claro es que, a pesar de que la Comunidad de Madrid cita las cifras de audiencia como uno de sus principales criterios para repartir el dinero de sus campañas publicitarias, este no siempre se aplica.

Otro de los medios conservadores aupados en el reparto de Ayuso es ESdiario. Este digital lo preside Antonio Martín Beaumont, que fue presidente de Nuevas Generaciones en los 80 y es padre de una exdiputada del PP. No tiene ni un millón de usuarios únicos mensuales —no alcanzaba esa cifra en 2023 y tampoco lo hace en 2024—, pero el Gobierno de Ayuso gastó 170.677 euros para publicitarse en él.

Para publicidad en Público, que acostumbra a moverse por encima de los 3,5 millones de usuarios únicos mensuales, el Gobierno de Ayuso destinó 27.411 euros: seis veces menos. Ocurre igual con muchos otros medios conservadores. La última vez que la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) hizo públicos los datos de tráfico de los medios que audita, Público tenía más audiencia que El Independiente, El Debate o The Objective. Aún así, la Comunidad de Madrid ha destinado más dinero a cualquiera de ellos que a este medio.

Pasa lo mismo con portales ultra como Estado de alarma (EDA TV), de Javier Negre. EDA TV durante muchos meses de 2023 ni siquiera superaba el medio millón de usuarios únicos. Aún así, el Gobierno de Ayuso gastó 67.155 euros para publicitarse en esta web. Más del doble que en Público, que tiene más audiencia, reconocimiento y años de historia.

Cuando desinformar tampoco importa

Negre se ha convertido en un habitual de la publicidad institucional de las Administraciones controladas por el Partido Popular y Vox. No solo es cosa del Gobierno de Ayuso. Su web se ha colado, por ejemplo, en el reparto de la Diputación de Ciudad Real de una campaña de publicidad en medios locales. También recibe dinero del Ayuntamiento de Madrid, del de Sevilla o de la Xunta de Galicia, entre otras. Todo a pesar de que, cuando Javier Negre fue despedido de El Mundo y fundó Estado de alarma, acusaba a los medios que recibían ingresos por publicidad institucional de hacer "propaganda" a cambio de una "paguita".

El presidente de EDA TV ha sido condenado en varias ocasiones por su mala praxis periodística. El Mundo llegó a tener que publicar una sentencia para rectificar la publicación de una supuesta entrevista de Negre a una víctima. Negre no había llegado a entrevistar realmente a la víctima. Medios especializados en verificación, como Maldita.es, han tenido que desmentir bulos difundidos por Negre —como este o este— en multitud de ocasiones.

De hecho, el supuesto periodista ha llegado incluso a dar pábulo al 'Expediente Royuela'. Esta conspiración, que se ha abrazado desde la extrema derecha y el negacionismo patrio, trata de un supuesto dossier que probaría cientos de crímenes y asesinatos encargados por políticos, jueces y fiscales corruptos españoles. La pretendida trama también implicaría a estas figuras en otros delitos, como narcotráfico o evasión fiscal.

No hay ninguna prueba de que lo que explica 'Expediente Royuela' sea cierto. Medios especializados, como Newtral, así lo han detallado. Además, los principales impulsores de la teoría se encuentran en prisión provisional mientras son investigados por la Audiencia Nacional por distintos delitos relacionados con el caso. En un auto, el juzgado explica que se encontró en casa de Alberto Royuela, creador de la conspiración, una plantilla en formato Word que serviría, precisamente, para crear los extractos bancarios falsos que luego se usaban para acusar a los políticos, jueces y fiscales supuestamente envueltos en la trama.

Otro de los principales difusores de la teoría es Fernando Presencia, un exjuez que fue inhabilitado por prevaricación. Negre ha difundido ampliamente las denuncias de Presencia enmarcadas en el supuesto 'Expediente Royuela'. EDA TV publicó en su web artículos sirviendo de altavoz a Presencia cuando este acusó de delitos a multitud de figuras públicas, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, la fiscal y exministra Dolores Delgado o los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras.

Esos contenidos han sido borrados de la web de EDA TV, pero el perfil de Javier Negre en X —antiguo Twitter— aún permite ver —por ejemplo, aquí o aquí— que se publicaron y que él mismo los compartió. De hecho, Estado de alarma presumía en 2022 de ser "el único medio que retransmitió la primera manifestación en Madrid por el 'Expediente Royuela'".

Ya dos años antes habían entrevistado en su canal de YouTube a Santiago Royuela, hijo de Alberto y otro de los principales difusores de la conspiración. Santiago también se encuentra en prisión provisional por el mismo caso. El entrevistador fue Luis Balcarce, que por aquel entonces era redactor jefe de Periodista Digital y ahora es director adjunto de OK Diario. YouTube retiró esa emisión, donde Estado de alarma daba altavoz a la teoría de la conspiración, por infringir sus normas comunitarias.

Público ha preguntado a la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid si se tiene en cuenta que una web haya desinformado a la hora de decidir el reparto de la publicidad institucional, pero en el momento de esta publicación no ha habido respuesta.

El Ejecutivo madrileño anunció hace solo unos días un programa para financiar proyectos que luchen contra las "noticias falsas". Pero no parece que penalice a las webs que difunden desinformación. Algo que se hace aún más evidente al ver la evolución del reparto publicitario de un año a otro. El Gobierno de Ayuso ha duplicado de 2022 a 2023 el dinero que destina a publicitarse en la web de Javier Negre, tal y como reveló El Salto. Las cantidades desembolsadas para OK Diario y los medios de Jiménez Losantos también aumentan año tras año, según explicó también El Salto.

El caso de Negre con el 'Expediente Royuela' y el dinero de la publicidad madrileña tampoco es único. Otros supuestos medios, como Periodista Digital o el ultra Grupo El Distrito, también dieron altavoz a la teoría de la conspiración y, aún así, en 2023 el Gobierno madrileño destinó 114.843 y 78.213 euros, respectivamente, para publicitarse en los mismos.

Poca audiencia y mucho bulo

La audiencia de Periodista Digital es muy baja. Pero para el Gobierno de Ayuso ha sido suficiente para convertir al medio dirigido por Alfonso Rojo en el vigesimoprimer digital que recibe más publicidad institucional. Medios progresistas con más audiencia que la web de Rojo, como infoLibre o El Salto, no reciben ni un euro.

Tampoco recibió nada La Marea: ni para su revista ni para su versión digital. En cambio, la Comunidad de Madrid sí destinó dinero a insertar publicidad institucional en las revistas impresas de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (4.557 euros) y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (2.278 euros).

La estrategia de la Comunidad de Madrid parece clara. Destinar el máximo dinero posible a los medios de la derecha mediática. Incluso si se dedican a desinformar. Es el caso de Periodista Digital. Medios especializados en verificación, como Maldita.es, han desmentido diversos bulos difundidos en esta web —como este o este—. De hecho, en 2019 elDiario.es reveló que Periodista Digital firmaba noticias con al menos tres perfiles de periodistas que, en realidad, no existían.

Además, en 2014 la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) resolvió que Alfonso Rojo y Periodista Digital vulneraron el código deontológico de la profesión periodística por un artículo del propio director. En este se calificaba como "pardilla" a una mujer víctima de violencia machista. Rojo también fue condenado por vulnerar el derecho al honor de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, a quien llamó, entre otros calificativos, "chorizo", "mangante" y "gilipollas". No es la única condena de este tipo que tiene.

Otros medios ampliamente beneficiados por el reparto publicitario del Gobierno de Ayuso también son habituales en los desmentidos de los medios especializados en verificación. Es el caso, por ejemplo, de los digitales de Eduardo Inda y Federico Jiménez Losantos. Maldita.es ha desmentido contenidos como este, este, este o este, difundidos por OK Diario y Libertad Digital. En otras ocasiones, OK Diario ha sido condenado junto a Periodista Digital por difamación. El diario de Inda también ha recibido condenas en solitario.

Bulos contra las vacunas y Begoña Gómez

The Objective también está entre los medios favorecidos por el Ejecutivo madrileño. El año pasado se le destinaron 93.170 euros en campañas publicitarias. Más del triple que a Público, a pesar de que, de nuevo, este periódico tiene más audiencia.

The Objective también es uno de los agraciados con la publicidad institucional del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida. Comenzó a recibirla a partir del cuarto trimestre de 2021, justo después de nombrar director a Álvaro Nieto, que había sido redactor jefe en El País en los tiempos en que el periódico de PRISA intentaba evitar lo que denominaban "el pacto de Sánchez con populistas y separatistas". Nieto también dirigió Vozpópuli entre 2019 y 2021. Desde su llegada, The Objective lucha por convertirse en referente digital para la derecha y cuenta entre sus columnistas con, entre otros, Esperanza Aguirre o Juan Luis Cebrián.

Medios como Maldita.es han tenido que desmentir publicaciones suyas en varias ocasiones, como cuando el digital aseguró que el Ministerio de Sanidad había admitido que 14 lotes de vacunas contra el coronavirus habían provocado 200 muertos en España. Era falso.

Aún así, su mayor polémica es más reciente. El pasado mes de abril, The Objective publicaba que "el Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez". El digital aseguraba en esa publicación que esa Begoña Gómez "beneficiaria de alguna subvención" sería "la mujer de Pedro Sánchez".

Pero no era así. La subvención había sido para otra mujer, de Cantabria, que también se llamaba María Begoña Gómez Fernández —un nombre y unos apellidos no poco comunes en nuestro país—. A pesar del evidente error, The Objective, en lugar de disculparse o rectificar, salió a asegurar que, según ellos, "en ningún momento" habían atribuido "a la esposa del presidente del Gobierno la concesión de subvención alguna". Las críticas contra The Objective por esta forma de actuar fueron numerosas. Finalmente, el digital fue condenado a rectificar la supuesta información.

Otro conglomerado mediático que se beneficia de la publicidad del Gobierno de Ayuso es el Grupo Merca2. La Comunidad de Madrid ha destinado al mismo, teniendo en cuenta solo la publicidad para webs, 235.231 euros. La cifra es la suma de lo invertido en sus tres digitales —Merca2, Qué y Moncloa— y sirve al grupo para recibir más dinero de la publicidad online que otros muchos con más presencia e impacto, como Planeta, Godó o Prensa Ibérica.

Solo en Merca2, el periódico económico del grupo, el Gobierno madrileño ha gastado 145.762 euros. Más que en La Vanguardia, Cinco Días, elDiario.es o Público. El Grupo Merca2 se hizo conocido en 2018, cuando su digital Moncloa, que apenas hacía una semana que existía, publicó los audios de una comida entre la exministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre otros. La Cadena SER reveló los vínculos de Alejandro Suárez, CEO del grupo Merca2, con Villarejo.

Suárez también es presidente de la Fundación Marqués de Oliva. Esta fundación, que se dedica a fomentar "la actividad e instinto emprendedor", contrató a Ángel Carromero en 2022, después de que este dimitiera de su puesto de director general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, según explicó La Marea. Carromero ocupaba ese puesto en el consistorio dirigido por Almeida, pero dimitió tras verse envuelto en la polémica sobre el supuesto espionaje del PP de Pablo Casado a, precisamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.