El grupo socialista ha registrado este martes en el Congreso su proposición de ley orgánica para prohibir todo tipo de proxenetismo, una norma que incluye multas para quienes acuden a la prostitución y que no descarta tramitar con el PP, ante la previsible división de sus socios.

"Vamos a hablar con todos los grupos que quieran abolir la prostitución en nuestro país", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz socialista, Patxi López, al ser preguntado por la posición de sus aliados parlamentarios.

En la pasada legislatura, una proposición similar superó su primer trámite en el pleno gracias al apoyo del PP; PNV y Bildu se abstuvieron y ERC y En Comú (integrado entonces en Unidas Podemos y ahora en Sumar) votaron en contra.

El PSOE trabajará para contar con el apoyo del PP

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Andrea Fernández, ha confirmado que trabajarán para contar de nuevo con el apoyo del PP y también con el de Sumar y del resto de formaciones que apoyan al Gobierno.

Sin conocer el texto registrado, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, no ha querido avanzar por la mañana la posición de su grupo o si darán libertad de voto, dejando claro que el PSOE no les había consultado y que la propuesta no está en el acuerdo de Gobierno.

Patxi López ha insistido en que la intención de su grupo es trabajar por la abolición de la prostitución y ha recalcado que abolir no es prohibir, ante el temor de partidos de izquierda que advierten de que prohibir la prostitución puede dañar a las mismas víctimas a las que se quiere proteger.

Cárcel y multas

La proposición de ley presentada en el Registro del Congreso esta tarde reforma el Código Penal y castiga con penas de prisión el pronexetismo en todas sus formas, es decir, a quien promueva la prostitución de una persona incluso si cuenta con su consentimiento.

Fija de tres a seis años de prisión para quien obligue a una persona a prostituirse "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima".

Y plantea castigar con entre dos y cuatro años a quien, con ánimo de lucro, promueva o facilite la prostitución de una persona, "aun con el consentimiento de la misma".

Según esta propuesta, las penas se impondrán en su mitad superior si el culpable se ha valido de su condición de autoridad, si pertenece a una organización criminal, si ha puesto en peligro la vida o la salud de la persona o si la víctima se encuentra embarazada.

Se castiga además con prisión de entre dos y cuatro años la llamada tercería locativa, es decir, a quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble o local a facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento.

Asistencia integral a las víctimas

El PSOE vuelve a plantear multas de doce a veinticuatro meses para quien convenga "la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación económica", sanción que pasará a ser una pena de prisión de uno a tres años si se trata de un menor de edad o de una persona vulnerable.

La proposición reconoce como víctimas a todas las personas que estén en situación de prostitución, lo que les garantizaría asistencia integral.

"Incompatible con un Estado democrático"

La portavoz de Igualdad del grupo socialista ha indicado que, según datos del Ministerio del Interior, en España más de 40.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución, una forma de violencia machista "incompatible con un Estado democrático y de derecho".

Fernández, que ha recordado que en la pasada legislatura la iniciativa contaba con apoyos para ser aprobada y decayó al disolverse las Cortes con las elecciones, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para trabajar en ese texto y avanzar hacia la abolición de la prostitución.

Su objetivo, ha asegurado, es que sea "un gran acuerdo de país" dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.