MADRID.- La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Gürtel se plantea recusar a los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que se encargarán junto a Julio de Diego de juzgar la primera época de actividades de la red corrupta, por su "ideología" próxima al Partido Popular (PP). A ello se ha unido el PSOE, que ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad".

El abogado de ADADE, Francisco Montiel, ha señalado que en la próxima semana intentará plantear "un frente común" con las otras dos acusaciones populares en la causa, la del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y la del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

El letrado ha destacado que el nombramiento de Espejel y López como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, demuestra "una vinculación indirecta" con la formación de Mariano Rajoy.

En este contexto, ha destacado la necesidad de estudiar las "relaciones personales" de López con personas imputadas en el procedimiento y su participación en cursos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, donde realizó más de 50 ponencias.

El PSOE denuncia la falta de imparcialidad
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El PSOE pedirá la recusación de los magistrados designados para juzgar el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, si ellos no se inhiben, por observar "falta de apariencia de imparcialidad", ha anunciado hoy el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando., ha anunciado este martes el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

En rueda de prensa, Hernando ha defendido que la apariencia de imparcialidad es "fundamental" en un caso como éste, al que se ha referido como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años".

Tras defender que la independencia judicial no solo es un derecho de las partes, sino una garantía del Estado de derecho, Hernando ha señalado que la apariencia de imparcialidad se determina "no sólo por las relaciones con las partes, sino por la propia imagen y las cosas que han hecho".

La posible recusación

La recusación de uno o dos magistrados del tribunal sería estudiada por el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, también vocal del CGPJ a propuesta del PP, según informaron fuentes jurídicas.

En el que caso de que se pidiera la abstención de los tres magistrados (Espejel, López y De Diego), el asunto se convertiría en algo mucho más complejo y tendría que ser examinado por la denominada Sala del 69 (formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las Salas Penal, Contencioso-Administrativa y Social y los tres magistrados más antiguos y más modernos de cada una de las salas).

El magistrado Enrique López junto a Federico Trillo (EFE)

Una propuesta del PP

El ponente de la sentencia será Enrique López, quien regresó a la Audiencia Nacional en septiembre de 2014 después de dimitir en junio de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional tras ser imputado por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bebido.

López había llegado un año antes al TC a propuesta del PP procedente de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a donde recaló en 2008 tras haber ejercido como portavoz del CGPJ, órgano para el fue nombrado en 2001 por la mayoría conservadora del Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su designación por el PP como candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del Senado fue una de las causas del bloqueo que impidió la renovación de los miembros del Alto Tribunal ya que desde algunos sectores políticos se ponía en entredicho su neutralidad.

Por su parte, Concepción Espejel también fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del PP, cargo del que tomó posesión el 23 de septiembre de 2008. Presidió las audiencias provinciales de Segovia, Tarragona y Guadalajara y desde 1999 es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.