MADRID.- El PSOE plantea, a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, todo un programa electoral alternativo en el contenido de sus 15 propuestas de resolución registradas a primera hora de la tarde para su discusión este jueves en la Cámara baja con el que se cerrará formalmente la edición de este año del debate sobre el estado de la nación, la última cita de estas características de la actual legislatura.

Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, un total de siete, han formalizado sus respectivas propuestas de resolución que serán debatidas este jueves, a razón de 15 por cada uno de ellos. En total, 105 propuestas con las que todas las opciones políticas presente en el hemiciclo pretenden resumir los contenidos planteados a lo largo de dos días de debates con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los socialistas han aprovechado este trámite parlamentario para presentar un conjunto de peticiones que, en realidad, supone dar la vuelta totalmente a la acción política del actual Ejecutivo del PP. De hecho supone toda una declaración de intenciones de lo que serán las bases para el futuro programa electoral del PSOE, según señalan a Público fuentes parlamentarias socialistas.

Las propuestas socialistas plantean, en materia laboral, subir el salario mínimo, derogar la reforma laboral y recuperar derechos de los trabajadores. En el ámbito social se pide un plan contra la pobreza, un pacto en defensa de los derechos de la infancia y un plan contra la pobreza energética. Asimismo, se reclama una ley de segunda oportunidad para frenar los desahucios, así como la dación en pago. También se propone una reforma federal de la Constitución, en sintonía con lo proclamado en el debate por su líder, Pedro Sánchez. En otra de las propuestas se reclama una ley que garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres y que no se altere la actual ley del aborto.

Algunas de estas materias son coincidentes con otras que plantea el grupo de La Izquierda Plural en sus 15 propuestas de resolución. Así, este grupo exige en su primera propuesta la creación de un plan de rescate social que incluya una renta mínima social, el acceso garantizado a una vivienda social en el caso de desahucio, la dación en pago, el suministro energético básico, un IVA reducido para productos básicos, una acción decidida contra el fraude fiscal y un impuesto nuevo sobre la riqueza y los bienes suntuarios.

También reclama una ley que garantice la igualdad de género y los servicios públicos, así como eliminar la legislación considerada represiva contra los derechos de manifestación y huelga, entre otras propuestas. Este grupo también se pronuncia por la celebración de un referéndum en Catalunya para que sus ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir.

CiU exige el sobreseimiento y archivo de las querellas interpuestas  por la consulta ciudadana del 9-N

Este punto también se encuentra entre las 15 propuestas de resolución presentadas por el grupo catalán de CiU. En este aspecto, la coalición nacionalista exige el sobreseimiento y archivo de las querellas interpuestas contra el president de la Generalitat, la vicepresidenta y la consellera de Enseñanza por la consulta ciudadana del 9-N.

Otra propuesta denuncia el incumplimiento del Gobierno del Estado de sus obligaciones para con Catalunya. Además, este grupo plantea también varias medidas sociales como una ley de segunda oportunidad para familias y autónomos en situación de insolvencia y fomento del empleo de calidad.

Por su parte, UPyD resume en sus 15 propuestas el discurso político pronunciado por Rosa Díez en el debate el martes. Así, propone desde una rebaja generalizada de impuestos hasta una reforma integral del sistema nacional de salud consistente, principalmente, en que el Estado recupere de forma exclusiva las competencias en esta materia. También se exige en otra propuesta la devolución de todo su dinero a las personas estafadas en la proceso de salida a bolsa de Bankia y una reforma del mercado laboral.

Otra de sus propuestas más llamativas reclama la supresión del aforamiento judicial a los miembros del Gobierno, diputados y senadores como paso previo a la eliminación total de esta figura en el ordenamiento jurídico español. También pide la desaparición de las diputaciones provinciales.

Desde el grupo vasco del PNV destaca una propuesta de resolución en la que se exigen los cambios constitucionales pertinentes para el reconocimiento expreso de la existencia de las naciones vasca y catalana. En otra resolución se plantea al Gobierno la “readecuación de la política” tendente a conseguir “la restauración de la convivencia en Euskadi”, especialmente a través de una nueva política penitenciaria al tiempo que se exige a ETA su desarme y disolución rápida”; otra propuesta pide la derogación de “la legislación de excepción” en el ámbito de la seguridad ciudadana. También se pronuncia por medidas de carácter social.

El resto de formaciones políticas también se pronuncian por promover medidas de carácter social. Así, ERC exige un plan para combatir la pobreza social con medidas de protección de las familias y colectivos más desfavorecidos. En similares términos se pronuncia una de las dos resoluciones del BNG. En la otra exige inversiones en infraestructuras acordes con las necesidades de Galicia. La formación independentista catalana también exige al Gobierno que respete la voluntad política expresada por los ciudadanos de Catalunya en las elecciones autonómicas anunciadas para el próximo del 27 de septiembre.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy felicita al portavoz del PP Rafael Hernando, al término de su intervención en la segunda jornada del debate del estado de la nación. EFE/CHEMA MOYA

En sus 15 propuestas de resolución el Grupo Popular se concentra en respaldar las diferentes medidas anunciadas por el presidente del Gobierno durante su primera intervención el pasado martes a mediodía. El único punto de coincidencia con las propuestas formuladas por varios grupos de la oposición estriba en proponer una nueva legislación sobre la denominada “segunda oportunidad” y favorecer el desendeudamiento de particulares y pymes afectados por la crisis económica. En materia social se pronuncian por extender el cheque de 1.200 euros anuales a las familias monoparentales con dos hijos.. También se pronuncia por un plan contra el fraude fiscal, una agilización de la justicia con revisión de las actuales tasas judiciales.

Fuentes parlamentarias han explicado a Público que “va a ser muy difícil” que el pleno de este jueves apruebe alguna de las 90 propuestas de resolución presentadas por los diversos grupos de la oposición. La mayoría absoluta que dispone el grupo parlamentario popular lo hace imposible salvo que se llegue a un acuerdo con esta formación. “dado el clima en el que se ha desarrollado el debate eso se presume como irreal”, agregaron a este periódico. No obstante, reconocen que “habrá negociación hasta momentos antes de la votación”.