El PSOE con menor peso institucional de la etapa democrática se ha propuesto girar hacia la izquierda y, en ese proceso, está dispuesto incluso a traspasar las fronteras que se ha negado a cruzar en los últimos 40 años, en materia de la laicidad del Estado. El propio Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometió nada más ser nombrado secretario general a impulsar la revisión de los acuerdos con el Vaticano, atendiendo así el mandato del 38 Congreso de su partido. Y parece que el partido está decidido a poner negro sobre blanco ese compromiso por acabar con los privilegios de la Iglesia católica durante la Conferencia Política que celebrará los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre en Madrid.

Los socialistas contemplan toda una batería de propuestas en ese sentido en la Ponencia marco (ver PDF) del cónclave que coordina el diputado vasco Ramón Jáuregui. Dedican al asunto todo un capítulo titulado Laicidad del Estado y las relaciones con las confesiones (verPDF) , y establecen el mismo, como 'un objetivo esencial de la política socialista'. A continuación se detallan algunas de esas principales medidas:

'El Estado es de todos y para todos', concluyen los socialistas. Y por eso defienden que la administración y los diferentes poderes se rijan 'con un principio de neutralidad' en materia religiosa. En su documento recuerdan que 'en actos, símbolos y espacios públicos perviven restos de confesionalidad que deben ser revisados', y afirman que 'no corresponde a las autoridades públicas la presidencia de actos religiosos, ni a las religiosas la presidencia de actos de Estado'.

Para ello, para no confundir Estado y religión, plantean pues en lo que se refiera a los actos de toma de posesión o promesa del cargo desaparezcan de los mismos las biblias y los crucifijos, símbolos de la confesión católica. La jura o promesa 'se hará únicamente ante un ejemplar de la Constitución', remachan. Esta posición del principal partido de la oposición contrasta con la que mantuvo en 2008, cuando estaba en el Gobierno, que junto con el PP rechazó eliminar los símbolos religiosos de las tomas de posesión como plantearon en el Congreso IU e ICV.

Otra medida complementaria a la anterior y que pretende, asimismo, llevar la laicidad a las instalaciones y a las actuaciones del Estado se refiere a la adecuación de los edificios públicos a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que recoge la aconfesionalidad del país y la no discriminación de las distintas religiones respecto a la católica. 

El PSOE propone, por tanto, retirar todos los símbolos religiosos institucionales de dichos edificios públicos 'excepto los que se encuentren en espacios destinados al culto'. Los socialistas también salvarían aquellas representaciones de la confesión católica en el caso de que en estas 'prevalezca por tradición' una 'significación histórico-cultural aceptada por el conjunto de ciudadanos', o 'cuando forme parte de los elementos estructurales de la edificación'.

En la ponencia de la Conferencia Política los socialistas hacen especial hincapié en la necesidad de que la escuela 'sea laica desde sus inicios', aunque se manifiestan a favor de la enseñanza de la religión como un 'modelo cultural'. Sobre todo, lo que exigen es acabar con los privilegios de los que goza la Iglesia católica en el sistema de Educación pública para que esta se ajuste a la pluralidad de la sociedad y a los valores de igualdad que establece la Constitución. Por ejemplo, el PSOE plantea 'suprimir los conciertos con los colegios que tengan una separación por género'.

En cuanto a las materias que se imparten en los centros y respecto a la presencia de la confesión católica en los colegios, al igual que para poder poner en marcha otras de las iniciativas contenidas en el documento político, los socialistas reconocen que será imprescindible la revisión con los acuerdos de la Santa Sede. Sólo así podrían, por tanto, facilitar que el régimen laboral de los profesores de religión sea el 'común al resto del profesorado' como plantean en su texto.

El PSOE reconoce que existe un debate sobre cómo encajar el conocimiento de las diferentes confesiones en el sistema educativo, algo que sin duda será objeto de debate del cónclave de la segunda semana de noviembre. Pero propone 'situar la religión confesional con carácter plural como materia no evaluable en horas iniciales o finales de la jornada escolar'. Lo que el partido no acepta, de ninguna manera, es lo que regula la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ideada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que establece una asignatura alternativa a la religión como una materia obligatoria. 

El partido asegura que en el régimen fiscal 'el avance hacia la igualdad de trato' entre confesiones religiosas 'ha sido notable' en los últimos años. Cita la promulgación de la legislación de 2002 que reguló el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y la eliminación de la exención del IVA a la Iglesia católica a partir de 2007.

Pero recuerda que sigue vigente la exención del impuesto municipal sobre Construcción, Instalaciones y Obras, establecido para el resto de organizaciones y particulares en el 4%, y que sólo la confesión católica no paga en virtud de lo establecido en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos con el Vaticano. El PSOE propone dos alternativas, que supondrían ampliar a exención a todas las organizaciones similares, o no aplicársela a ninguna. O como dice el texto, 'su extensión al sector sin ánimo de lucro, incluyéndose las confesiones religiosas, o su eliminación'. 

Los socialistas, a pesar de haber gobernado durante más de veinte años, asumen ahora que el sistema de asignación de recursos a la Iglesia a través de los impuestos 'sólo se puede aceptar transitorialmente', y apuesta por 'fórmulas basadas en la autofinanciación' y, en consecuencia, 'en la contribuación activa y voluntaria de los ciudadanos religiosos'. En el documento, recuerdan que esta es también la consideración de los acuerdos con el Vaticano. 

El partido acepta esa 'colaboración económica' del Estado con las entidades religiosas, pero plantea limitarla a la 'cuota religiosa' o a ese 'incentivo fiscal de las donaciones con medidas de deducción fiscal para los donantes' que contempla la declaración del IRPF con la conocida como la casilla para la Iglesia. El PSOE contempla que 'este incentivo fiscal a las donaciones resultaría aplicable, en aras de la igualdad religiosa, a todas las confesiones inscritas en el Registro de Entidades religiosas'. 

El PSOE quiere que se desarrolle un protocolo para la celebración de actos de Estado 'in memoriam' con ocasión de 'catástrofes de gran conmoción social, fallecimiento de personalidades preeminentes de la vida pública, fallecidos en confrontación bélica o víctimas de acciones terroristas', que estén presididos por las autoridades públicas. Se trata, así, de garantizar la laicidad de los mismos y de la no discriminación de las distintas confesiones religiosas. 

'Todo ello sin perjuicio de la posible participación o asistencia plural de las autoridades religiosas a dichos actos o de la organización de celebración religiosa por voluntad e iniciativa libre de los familiares o de los ministros religiosos de culto', dice el documento de los socialistas.

En esta misma línea, el partido considera que 'a las autoridades del Estado no les corresponden funciones religiosas' por lo que propone que el Gobierno renuncie a intervenir en el nombramiento del Arzobispo castrense, como hace hasta ahora. En este punto existen discrepancias dentro del propio PSOE. Porque según explican desde la Fundación Cives, organización que ha sido una de las que más activamente ha participado en el grupo de trabajo del partido sobre laicidad, podría resultar peligroso que fuera la Iglesia la que escogiera a una personalidad tan importante. 

No se deben romper los acuerdos con el Vaticano, por ser la confesión católica la más importante en número de seguidores en el país y por la tradición cultural española, pero sí se deben modificar para adecuarlos a lo que establece la Constitución y las leyes democráticas. Esa es la tesis que defiende el PSOE, que reconoce que para poder llevar a buen puerto todas las propuestas antes mencionadas, es necesario poner en marcha el diálogo con las autoridades eclesiásticas. No obstante, los socialistas están dispuestos a denunciar y por lo tanto llevar el asunto al Parlamento, en el caso de que la Iglesia se muestre en contra de hablar sobre dichos acuerdos de hace más de 30 años. 

Principalmente, insisten en la necesidad de modificar los Acuerdos Estado-Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos culturales de 1979, que regulan la presencia de la Iglesia en las escuelas. Y es que en su artículo 1, dicho acuerdo dice que 'la educación que se imparta en los centros docentes será respetuosa con los valores de la ética cristiana', algo que desde el PSOE consideran 'inconstitucional'.  

Asimismo, el partido recalca el compromiso adquirido en el 37 Congreso, y ratificado en el 38, de impulsar una nueva ley de libertad de conciencia y religiosa. 'Es un compromiso que no pudimos cumplir', dicen, porque 'la gravedad de la crisis económica en la segunda legislatura así como el elevado coste social de las políticas adoptadas aconsejaron aplazar la iniciativa' de la normativa.