Moncloa y Ferraz preparan ya el ciclo electoral. Una de las estrategias que sigue el partido que lidera Pedro Sánchez es no esconderse y apostar por el cuerpo a cuerpo para defenderse de los ataques de la derecha. A esa dialéctica frente a Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y sus aliados de Vox se suma ahora también la ofensiva judicial. 

Durante los últimos días, los socialistas, tanto desde el PSOE en sí como desde el Gobierno se han anunciado una serie de recursos judiciales importantes contra medidas de PP y Vox. El último de ellos tiene que ver con los retrocesos en memoria democrática que pretenden desarrollar algunas comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León o País Valencià. 

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado firme en un asunto cultural e ideológico que en el Gobierno consideran prioritario. Por ello, han convocado al Gobierno de Aragón a una comisión bilateral para negociar como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional (TC). También pueden seguir el mismo camino las otras dos comunidades mencionadas. Aragón ya ha comunicado que no se sentará a negociar así que el choque en el TC parece inevitable. 

"La Ley de Memoria Democrática es para reparar el daño a todas las víctimas, pero las del bando ganador de la Guerra Civil fueron exhumadas durante el franquismo. No pasó lo mismo con quienes
lucharon para defender el orden constitucional y democrático, y esta Ley está para ampararles", destacó el ministro Torres al realizar estos anuncios. Además, avisó que el Gobierno actuará de oficio si en estos territorios se impiden actuaciones contempladas en la ley como las exhumaciones a las víctimas del franquismo. 

Contra Isabel Díaz Ayuso 

Desde el Gobierno también se ha activado la comisión bilateral con la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso. En este caso, como adelantó Público, a cuenta de las leyes madrileñas trans y LGTBi+, denunciadas por la oposición y los principales colectivos. El Gobierno autonómico sí que ha aceptado la comisión previa al recurso ante el TC. Pero también han manifestado que no consideran que perjudique los derechos de las personas trans o LGBTi+. 

En cambio, los socialistas apuntan desde el Ministerio de Igualdad que los cambios introducidos en Madrid "patologizan la transexualidad y establecen el tutelaje médico". Un punto que entra en colisión con la ley trans estatal aprobada durante la pasada legislatura. El Defensor del Pueblo, por su parte, también ha anunciado la apertura de un recurso ante el TC por estos motivos. 

También se denuncia por parte del Gobierno que la ley LGTBi+ niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de estos colectivos la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. 

Este mismo lunes el PSOE de Madrid también ha dado un paso en el frente judicial. Su secretario general, Juan Lobato, ha anunciado un recurso ante el TC contra contra la Ley de la Asamblea de Madrid 16/2023, de 27 de diciembre, "de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, que a finales del año pasado modificó diez Leyes de la Comunidad de Madrid con casi un centenar de artículos". 

Según explicó Lobato en una entrevista reciente con este medio, la modificación realizada por el PP establece, entre otros asuntos, la limitación de la Cámara de Cuentas para controlar a través del presidente que nombra Ayuso cualquier asunto que se quiera fiscalizar. También "se amordaza de nuevo a Telemadrid" o se produce la eliminación del Consejo de Transparencia, "que entre otras cosas exigió que se hicieran públicas las actas de las residencias o el expediente de Ayuso". 

El Senado como campo de batalla

A estas tres acciones muy recientes se suma otra que se llevó a cabo hace unos meses. Se trata del recurso ante el TC que presentaron los socialistas el pasado mes de diciembre por la modificación del reglamento del Senado que aprobó el PP gracias a su mayoría absoluta. El TC admitió a trámite el recurso el pasado mes de enero.  

Los populares, con el cambio reglamentario, tratan de retrasar las iniciativas de urgencia que llegan desde el Congreso como puede ser la ley de amnistía. "El PP está intentado en el Senado convertir esta legislatura en una permanente manipulación del papel de la instituciones, en un uso partidista", denunció en su momento el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. 

El Senado aprobó modificar el artículo 133, otorgando a la Cámara Alta la posibilidad de elegir cuándo aplica la vía de urgencia. El PP se aseguró así la posibilidad de retrasar la ley de amnistía. Hasta que se modificó el artículo, el Reglamento de la Cámara territorial daba 20 días al Senado para "ejercitar sus facultades de orden legislativo" en las iniciativas declaradas urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

Lo que logró el PP con el cambio fue dotar a la institución de la posibilidad de elegir, de forma independiente, si aplicar esa urgencia. Algo que el PSOE considera una vulneración del artículo 90 de la Constitución. "El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados", señala este texto. 

Personación del PSOE en causas judiciales 

Más allá de estos recursos al TC, el PSOE ha querido recientemente tomar un papel protagonista en dos casos ya judicializados. Por un lado, el pasado mes de marzo el juez Santiago Pedraz, que investiga el espionaje y el uso de las cloacas del Estado contra Podemos desde el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz entre 2011 y 2016, admitió la personación en la causa del PSOE.

Por otro lado, el PSOE de Madrid ha solicitado personarse en la causa que investiga a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, imputado por posibles delitos fiscales. "Necesitamos tener la información de cómo evoluciona ese caso. Por una razón bien sencilla: la principal causa por la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones al año siguiente son los ingresos generados por el pago del grupo Quirón", destacó Lobato en la mencionada entrevista con Público. El juzgado tiene todavía que decidir si acepta la personación. 

Más allá de estas acciones dirigidas contra la derecha, el Gobierno de Sánchez anunció también la pasada semana que recurrirá al TC la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la declaración de la independencia en Catalunya.