El PSOE de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial contra la vicealcaldesa, Inma Sanz, por una presunta revelación de secretos relacionada con un informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha declarado que esta acción judicial busca "acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida".

El Grupo Municipal Socialista interpuso el pasado 16 de mayo una denuncia para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se pronunciara sobre el presunto "proceder arbitrario" de los gestores del Ayuntamiento ante las peticiones de información sobre la vivienda de la pareja de Ayuso.

"Queríamos que se investigara la posible vulneración del derecho a la información que tenemos los concejales tras recibir un expediente mutilado, el del piso donde vive Ayuso", ha explicado Maroto a los medios.

El objetivo de la denuncia era "dilucidar si la actuación administrativa del Consistorio conculcaba de forma grave el derecho a la información y participación en los asuntos públicos que asiste a los concejales" y si, en consecuencia, "se vaciaba de contenido la función de control y fiscalización de la acción del Gobierno municipal".

El 20 de mayo, el director de la Oficina, Carlos Granados, resolvió la solicitud planteada por el Grupo Socialista y les dio traslado de la misma. Dicha resolución "no se hizo pública ni por la Oficina Municipal ni por el Grupo Municipal", subrayan en el PSOE.

Revelación de la denuncia en el Pleno

Durante el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 28 de mayo, el socialista Enrique Rico preguntó por la denuncia presentada en la Oficina contra la Corrupción y el Fraude para que el Gobierno detallase las garantías del derecho de acceso a la información.

"¿Esta pregunta la hace antes o después de que la oficina les dijera que no hay absolutamente nada que decir sobre este tema?", repreguntó entonces la vicealcaldesa, que después insistió en el "revolcón" que había dado el departamento de Granados al PSOE de Madrid.

Maroto ha subrayado que Sanz hizo referencia en varias ocasiones al contenido de un informe "que, según establece el reglamento de la Oficina Municipal, es confidencial". Además, la portavoz socialista ha recalcado que esa resolución solo traslada que la Oficina carece de competencias para satisfacer la petición del PSOE e invita al grupo a recurrir a otras vías, como la contenciosa.

Los socialistas han elevado a la Justicia la necesidad de confidencialidad de las actuaciones de esta Oficina, como aparece expresamente en su reglamento, para garantizar "la protección de los denunciantes, la confidencialidad de las informaciones y la protección de los datos de carácter personal". El reglamento establece expresamente que las actuaciones que realice la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tienen carácter confidencial, en lo que abunda la ley de lucha contra la corrupción.

"Se extrae, por tanto, que el contenido propio de las actuaciones, resoluciones e informes ventilados en el seno de un procedimiento sustanciado frente a la Oficina Municipal deben permanecer confidenciales, incluso para los servicios propios del Ayuntamiento que resulten ajenos a la misma", recoge la denuncia socialista.

Acceso a la información

El PSOE madrileño considera que los comentarios de Sanz muestran que la vicealcaldesa conocía el material de la resolución que emitió la Oficina de Granados, ya que aludió "en repetidas ocasiones al fondo y contenido de la resolución emitida el 20 de mayo, que no se reveló pública en ningún momento".

Los socialistas creen que Sanz ha cometido una revelación de secretos, un delito castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a 12 meses. El partido advierte que la filtración "menoscaba la utilidad de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad".

La vicealcaldesa podría haber accedido a la información confidencial de manera legítima por razones de su cargo. En ese caso, de manera subsidiaria, el grupo socialista defiende que Sanz habría incurrido en revelación de secretos sobre materias a las que accedió por el oficio que ocupa, un delito tipificado con una multa de 12 a 18 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de uno a tres años.

Contra "la máquina del fango"

El PSOE considera lo sucedido "muy grave" y acude a la Fiscalía para defender sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía y para "acabar con la máquina del fango, de bulos y desinformación en la que se ha instalado el gobierno de Almeida".

"No todo vale. Creemos que se han pasado líneas rojas en este caso", ha aseverado Maroto, que ha acusado a Almeida de ser "un alcalde que utiliza permanentemente el insulto y los bulos con impunidad, atacando al adversario con cualquier desinformación que tiene a su mano pero esto tiene que terminar".

Los socialistas defienden "el juego limpio, la política limpia y las mismas reglas para todos y cuando no se cumplen la Justicia tiene que intervenir".