Carmen Montón, la ministra de Sanidad, ha sido la encargada de acaparar los flashes en el primer pleno del curso parlamentario. Esta ministra ha defendido el Real Decreto que devuelve a este país la sanidad universal. "Una sociedad justa no deja a nadie atrás", ha dicho para arrancar su discurso. "Traemos este decreto para terminar con la injusticia", ha afirmado.

Montón ha querido subrayar también que este decreto "representa un cambio de modelo",  que permite que el derecho a la sanidad sea intrínseco a "la ciudadanía" y termine con la importancia de los términos "asegurado o beneficiario".  

La ministra, además, no ha dejado pasar la oportunidad de comparar este decreto con el que aprobó el PP en 2012 para derogar esta sanidad universal, que hoy vuelve: "Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos, para éste lo urgente es recuperarlos". Además, ha recordado que el gobierno de Mariano Rajoy justificó aquella medida por motivos presupuestarios y que "nunca lo demostró". Montón ha citado los informes internacionales de organismos como Naciones Unidas que afirman que "el modelo de exclusión sanitaria es injusto y más caro". 

Para terminar ha anunciado que este real decreto se tramitará por proyecto de ley, que, por lo tanto, podrá ser enmendado por todos los grupos y ha agradecido a los profesionales sanitarios de este país que han seguido aplicando la universalidad aún a pesar de los legisladores. 

El decreto ha sido aprobado por 173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido. 

Este decreto iba acompañado de otros dos que no lo opacaban y que también han sido aprobados

En este primer pleno, tras el comienzo del curso parlamentario, el Gobierno ha presentado otros dos decretos ley para su convalidación que han sido aprobados por unanimidad. El Real Decreto–ley "de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos" y el Real Decreto "por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados" han sido aprobados por 335 votos a favor y dos abstenciones.

Vista del Pleno del Congreso de los Diputados celebrado este jueves, para la convalidación de diversos decretos ley. EFE/ Zipi

Los tres decretos, estos dos y el que recupera la sanidad universal, caducaban y tenían prioridad, por lo tanto, sobre otros pendientes también, como el de la exhumación de Franco y el de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Sin embargo, también es cierto que donde caben tres decretos caben cuatro, como reconocen fuentes del partido socialista a Público. 

Esas mismas fuentes afirman que los socialistas han priorizado estos tres decretos porque querían evitar que Franco lo tape todo. Consideran que la vuelta de la sanidad universal a nuestro país se merece todo el foco informativo y es una buena carta de presentación del Gobierno en la vuelta al ruedo parlamentario. Por esa misma regla de tres, el decreto de la exhumación de Franco podría volverse a retrasar.

El decreto de la exhumación de Franco podría volverse a retrasar

El reglamento dice que los reales decretos tienen que ser convalidados, por el pleno de la cámara, en un plazo máximo de 30 días laborables desde su publicación. El de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género caduca el 15 de septiembre y, por lo tanto, el Gobierno está obligado a traerlo al pleno de la próxima semana.

No ocurre lo mismo con el real decreto para llevar a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Este decreto es del 24 de agosto y, por lo tanto, caduca el 5 de octubre, lo que da un margen al Gobierno de 4 plenos posibles más, las próximas cuatro semanas. 

En los mentideros del Congreso se rumorea que el Gobierno seguirá posponiendo esa votación para poder subrayar la semana que viene que PP y Ciudadanos rompen el consenso tan arduamente conseguido en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Ambos grupos ya han anunciado que votarán en contra porque exigen que esas medidas se aprueben con un proyecto de ley. Marta González, portavoz del PP, y  Patricia Reyes, de Ciudadanos, reconocieron, en la comisión de seguimiento de este pacto, que no tienen nada en contra del contenido del decreto pero sí con su forma que llegan a calificar de "inconstitucional".