El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, acusó este jueves en el Parlamento al Gobierno andaluz de haber pagado por los polémicos contratos de emergencia sanitarios originados en la pandemia, y prorrogados después, mediante los que la Junta desembolsó a dedo 242 millones, "los precios que la sanidad privada les pide" y no los previstos en la normativa.

Durante la sesión de control al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, Espadas le dijo: "Llevan dos años, desde los primeros contratos que hicieron de emergencia, contratando a dedo al margen de procedimiento pagando los precios que la sanidad privada les pide. Explique y si no lo sabe, pida la documentación de nuevo".

El PSOE sostiene, después de haber elaborado un informe ad hoc, que la tramitación de emergencia para la contratación de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas en centros privadas que se inicia durante la pandemia "hace caso omiso a las tarifas [previstas en la normativa] vigentes y, en su lugar, fija los precios sin ninguna cobertura legal". Y señalan pagos superiores a los establecidos en algunos procedimientos en algunos casos en magnitudes del 225%, 156% o del 140%. "Se produce por tanto un sobrecoste en la adjudicación de emergencia a empresas privadas, sin cobertura legal".

Estos contratos –77 entre 2021 y 2022– a los que hace referencia Espadas están publicados en el portal de transparencia, se celebraron con 69 empresas y los firma el director-gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con los responsables de cada compañía, según ha comprobado Público.

Entre ellas hay grandes grupos sanitarios y otras empresas más pequeñas en todas las provincias andaluzas y han supuesto –mediante prórrogas avaladas por informes jurídicos de los letrados de la Consejería de Salud– un desembolso total de dinero público de 242 millones de euros en tres años, más del triple de lo inicialmente previsto, que fueron 70 millones. Según el gabinete de Moreno, estas contrataciones de emergencia sirvieron para realizar un millón y medio de pruebas diagnósticas y de más de 100.000 intervenciones quirúrgicas.

Para cifrar los sobrecostes, el PSOE ha comparado en este informe ad hoc lo que se pagó por esas contrataciones con las que en diciembre de 2021, fecha de la primera prórroga de la contratación de emergencia efectuada durante la pandemia covid, hizo el Hospital Regional de Málaga, ya no mediante el sistema de emergencia, sino a través de un concurso abierto y por vía ordinaria por el que también concertó distintas pruebas e intervenciones quirúrgicas.

La normativa que fijaba los precios de estos conciertos es justamente la polémica orden (la original era de octubre de 1998) en la que la Consejería de Salud incluyó –después de derogarla– hace unas semanas el coste de las consultas de Atención Primaria y que tanto dolor de cabeza le ha dado al Gobierno andaluz.

Lo que argumentan los socialistas

Estos son los argumentos de los socialistas: "Hasta el 14 de diciembre de 2021, la Orden de 23 de octubre de 1998 por la que se desarrolla el Sistema de Presupuestación y Tarifación de Convenios y Conciertos [la que ahora está en el centro de la polémica] para la prestación de asistencia sanitaria en Centros Hospitalarios estaba plenamente vigente. La propia Orden establecía un mecanismo para que las tarifas a aplicar a los distintos procesos quirúrgicos se vieran actualizadas".

"El 9 de diciembre de 2021 –asegura el PSOE– el Hospital Regional de Málaga inicia un concurso abierto con tramitación ordinaria y, por tanto, con concurrencia competitiva de las empresas sanitarias privadas, y utiliza como referencia las tarifas contenidas en la Orden de 1998, convenientemente actualizada y de plena vigencia en ese momento. Cinco de los seis lotes de servicios ofertados fueron adjudicados a empresas sanitarias privadas, que, con esos precios, veían cubiertas sus expectativas de negocio".

"Las tarifas aplicadas –sostiene el informe– en la contratación de emergencia son, en la mayoría de los casos, muy superiores a las que sirven para adjudicar los mismos servicios por parte del Hospital Regional de Málaga. Se produce por tanto un sobrecoste en la adjudicación de emergencia a empresas privadas, sin cobertura legal. Muchos de los procesos quirúrgicos que se han analizado ven incrementado su precio, entre la tarifa aplicada por el Hospital Regional de Málaga (las de la Orden 1998, actualizadas conforme a lo establecido en la misma) y la de los contratos de emergencia, en magnitudes del 225%, 156% ó 140".

"El 14 de diciembre de 2021, –añade el PSOE– sólo cinco días después del inicio del expediente de contratación ordinaria del Hospital Regional de Málaga, el Decreto-Ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, deroga la Orden de 23 de octubre de 1998".

"Desde el 14 de diciembre de 2021 –agregan los socialistas– y hasta el 23 de febrero de 2023, fecha en la que entra en vigor la Orden por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud, no ha estado vigente ningún sistema de tarificación de servicios concertados".

"Por tanto, cuando el SAS tramita y adjudica los contratos por vía de emergencia seguía vigente el sistema de tarificación recogido en la Orden la Orden de 23 de octubre de 1998, que no se deroga hasta el 14 de diciembre de 2021. Sin embargo, el SAS aplica otro sistema de tarificación, sin cobertura legal, que no tendría respaldo legal hasta casi 2 años después a través de la orden de 23 de febrero de 2023, y que supone, en muchos casos, un sobrecoste muy elevado respecto a la Orden de 1998", se lee en el trabajo.

"Las tarifas –recoge el informe– contenidas en la Orden de 23 de febrero de 2023 se encuentran en el mismo orden de magnitud que las aplicadas en los contratos de emergencia. Por lo tanto, con la aprobación de dicha orden se consolida y se da cobertura legal a un sistema de tarificación que se venía utilizando, sin amparo legal, desde enero de 2021".

Procedimientos y sobrecostes

En el informe, se documentan diferencias importantes en diversos procedimientos. Así, por ejemplo, en extirpación de tiroides "los contratos de emergencia se adjudican con un sobrecoste mínimo de entre 794 y 905 euros respecto al contrato ordinario del Hospital Regional de Málaga: entre un 95%y un 74,4% de sobrecoste: La tarifa del contrato de emergencia, 1.861,08 euros, se ve incrementada aún más en la Orden de 2023 hasta los 1.972,74 euros".

En el caso de una mastectomía subcutánea bilateral, "los contratos de emergencia se adjudican con un sobrecoste mínimo de entre 1.312 y 1.176 euros respecto al contrato ordinario del Hospital Regional de Málaga: entre un 67%y un 56% de sobrecoste. La tarifa del contrato de emergencia, 3.280 euros, se ve incrementada aún más en la Orden de 2023 hasta los 3.476,8 euros".

Una reparación de hombro supone "un sobrecoste mínimo de entre 1.338 y 1.228 euros respecto al contrato ordinario del Hospital Regional de Málaga: entre un 140% y un 115% de sobrecoste. La tarifa del contrato de emergencia, 2.295 euros, se ve incrementada aún más en la Orden de 2023 hasta los 3.277 euros".

Para una implantación de una prótesis de mama bilateral, "los contratos de emergencia se adjudican con un sobrecoste mínimo de entre 1.997 y 1.748 euros respecto al contrato ordinario del Hospital Regional de Málaga: Entre un 156%y un 114% de sobrecoste. La tarifa del contrato de emergencia, 3.280 euros, se ve incrementada aún más en la Orden de 2023 hasta los 3.476,8 euros".