El desconcertante resultado final del caso Cursach, sobre el sistema de mordidas a policías y funcionarios públicos para perjudicar a las discotecas y locales de ocio de la competencia del Grupo Cursach, con la absolución de facto de todos los procesados, salvo dos agentes, no es fruto del azar. 

Más bien responde al inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ha dejado sin contenido todas y cada una de las graves acusaciones de cohecho, prevaricación, coacciones y grupo criminal que la investigación judicial del caso reveló en relación al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y a sus hombres. 

Y para ello, los dos fiscales que han intervenido en la vista oral, que quedó vista para sentencia el 30 de noviembre pasado, Juan Carrau y Tomás Herranz, han invocado presuntas irregularidades en la instrucción a cargo del ya exjuez Manuel Penalva, del exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional para clamar a favor de la inocencia de Cursach y el resto y retirar hasta la última de las acusaciones, pese a que Carrau fue el fiscal que pidió prisión provisional para el magnate y su mano derecha, Bartolomé Sbert; incluso se opuso con contundencia a su puesta en libertad, en abril de 2018, después de 14 y 10 meses, respectivamente, en la cárcel. 

Penalva, Subirán (ya jubilados) y cuatro agentes de la Policía Nacional fueron sometidos a una brutal campaña de acoso y descrédito, que contó con varios medios baleares como altavoces de la trama. Todos ellos quedaron retratados como una especie de delincuentes que investigaron y encarcelaron arbitrariamente a decenas de acusados sin que se llegara a explicar el por qué de aquella supuesta actuación. Esta es la tesis de la Fiscalía, que ha pedido que aumenten los cargos contra el juez y el fiscal en la causa abierta en su contra en el TSJ de Baleares. En el alegato final del fiscal Herranz no faltaron las lágrimas irreprimibles al invocar la "inocencia" de Cursach y los suyos. 

Público dio cuenta de cómo se fraguó aquella campaña contra el juez y el fiscal del Juzgado de Instrucción 12 de Palma de Mallorca, a mediados de 2019, que además de invalidar la instrucción, como ha ocurrido finalmente, tenía como objetivo amedrentar a los testigos que señalaban las prácticas corruptas de agentes de las Policías Locales de Palma y Calvià para favorecer a los establecimientos del emporio Cursach frente a los de la competencia entre los años 2000 y 2016. Este diario emprendió una rigurosa investigación, a raíz de las denuncias internas de policías, que apuntaban a una mafia policial que cobraba del Grupo Cursach para atemorizar con inspecciones y sanciones a los locales de la competencia de este grupo.

Por su parte, Cursach, Sbert y Jaime Lladó, exdirector de la discoteca Tito's, solicitan penas de prisión para el juez, el fiscal y los cuatro agentes que suman casi 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones. 

La Fiscalía renunció a 54 testigos clave

Hace nueve años que arrancó la investigación de la mayor trama de corrupción policial, empresarial y política jamás descubierta en Mallorca. El juez Penalva [fue el segundo instructor de la causa ] y el fiscal Subirán llegaron a tomar declaración a más de 80 testigos, que dieron claves sobre la corrupción en la Patrulla Verde, la unidad de la Policía Local de Palma encargada de inspeccionar los locales de ocio. Los testimonios más potentes fueron descartados para el juicio por los fiscales Herranz y Carrau; y los que finalmente comparecieron en la vista oral se desdijeron de sus testimonios iniciales, algo que ya presumían de antemano los abogados de los empresarios perjudicados por la órbita de Cursach y que se constituyeron como acusaciones. 

Por ejemplo, entre los testigos que se han retractado, figura el testigo protegido número 16, que en el juicio dijo no recordar las acusaciones que realizó durante la investigación: el cobro de "entre 200 y 1.000 euros" por parte de varios agentes de la Policía Local de Palma a cada establecimiento nocturno para retirar las sanciones y hacer la vista gorda con sus infracciones; y los "sobres de dinero" que vio coger a un jefe policial. 

La Fiscalía renunció a 54 testigos, a los que no llevó al juicio; entre ellos a los testigos 13, 26 y 29. Según ha podido saber Público, estas personas tenían pruebas respecto a la práctica de obsequiar a ciertos policías locales con cocaína, alcohol y prostitución en la discoteca Tito's, uno de los buques insignia del Grupo Cursach. Esta rama de la investigación quedó fuera del juicio. 

Lo mismo ocurrió con otros hechos calificados durante la instrucción como presuntas prevaricaciones de cargos políticos y funcionarios del Govern y de los Ayuntamientos de Calvià y Palma en favor del magnate Cursach. De esta manera, se libraron de imputación la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario autonómico Bernardí Coll, y el funcionario del Consistorio de Calvià Jaime Nadal. 

Un nuevo relato por parte de los fiscales

Los fiscales presentaron al inicio del juicio un nuevo escrito de acusación, que en realidad era un amputación del mismo que se elaboró en 2018, en el que participó el fiscal Carrau, con graves cargos de cohecho, prevaricación y coacciones contra Cursach, al que pedían ocho años y medio de cárcel, y del que para el juicio eliminaron 20 folios, tachando esas acusaciones y construyendo un nuevo relato, que finalmente ha allanado el camino a la absolución a la veintena de procesados.

Así, borraron de un plumazo los testimonios de policías que denunciaron represalias por no obedecer las órdenes de sus superiores de anular sanciones a los locales del Grupo Cursach por mantener la música a un nivel más alto del permitido, por ejemplo. 

Los policías que denunciaron corrupción no fueron al juicio

Según la declaración prestada el 16 de diciembre de 2015 por un agente, a la que ha podido acceder Público, la dirección del Megapark, uno de los locales de Cursach, presentó una denuncia contra él mismo y dos compañeros por negarse a anular un expediente sancionador. Aquella denuncia supuso que los tres estuvieran cerca de tres años sometidos a procedimientos penales hasta que finalmente fue sobreseída. Según aquel policía, su comisario le citó a una reunión en la que estuvo Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, en la que se le "presionó para que modificara el informe y atestado".  

Otro testimonio policial no aportado por la Fiscalía explicaba cómo desde la cúpula de la Policía de Palma se daban instrucciones para que los tiqueteros (repartidores de publicidad) de los locales de Cursach no fueran molestados ni sancionados mientras que los de otros locales eran sancionados de manera sistemática. 

Expedientados, trasladados y amenazados

Los policías que denunciaron prácticas mafiosas durante la instrucción del caso no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía. Sus testimonios se referían a las órdenes que recibían para avisar de las inspecciones con antelación a los locales de Cursach; las inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta "asfixiarlos", la imposición de policías locales como seguridad en puertas de las discotecas; y las exigencias del pago periódico de dinero (mordidas) a otros empresarios. Esos policías fueron expedientados injustamente, incluso trasladados de unidad y algunos recibieron amenazas personales, como pudo saber este diario. 

Los fiscales renunciaron a una declaración muy importante, la de una de las inspectoras que reconoció que se avisaba con antelación a las empresas del Grupo Cursach para que pasaran sin problemas las inspecciones. En su declaración del 31 de agosto de 2017 la inspectora describió "el clima de terror que viven en su departamento cuando se trata de inspeccionar a los negocios del Grupo Cursach, manifestando que no tratan igual al resto de empresarios inspeccionados". Según esa inspectora, sus jefes fueron quienes le dijeron textualmente: "Llama a Tolo [por Sbert]".

Ni rastro de las conversaciones intervenidas

Las conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, a las que ha podido acceder este diario, dan cuenta de multitud de indicios de tráfico de influencias y coacciones, pero la Fiscalía las ha obviado.

Por ejemplo, en una de ellas entre Bartolomé Sbert y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, en noviembre de 2015, dicen que le han pedido al jefe del departamento de Obras que "controle a Esperanza", en alusión a una funcionaria que no se dejaba corromper. La conversación se refería a la ampliación de aforo de la discoteca Pachá tras unas obras de reforma. 

Otra conversación muestra la connivencia de un funcionario de Palma con directivos del Grupo Cursach: "Dile a Tolo [por Bartolomé Sbert] que me tendrá que hacer un buen regalo", se le escucha decir, tras asegurar que había logrado que no se sacaran fotografías aéreas de un local que iba a ser inspeccionado". 

Informes policiales despreciados

Tampoco se han aportado al juicio por parte de la Fiscalía varios informes policiales de gran valor, como el emitido el 23 de diciembre de 2016, donde se incluyen cuadros estadísticos que muestran el trato de favor recibido por el Grupo Cursach respecto a otras empresas rivales. Esos datos desvelan que sólo se tramitó un 12,50% de los expedientes sancionadores a Cursach frente al 57,78%, 61,11% o 100% que afectó a otros grupos y empresas del sector del ocio nocturno.

También fue ignorado por la Fiscalía un informe policial del Grupo de Blanqueo de fecha 16 de febrero de 2017, complementado por otro de fecha 27 de febrero de 2017, que describía cómo se perjudicaba a locales de la competencia, con el objeto de beneficiar al Grupo Cursach. 

Acoso a un empresario para que vendiera el local

Para los abogados de las acusaciones particulares personadas en el juicio, el caso del empresario José Manuel Bover, hostigado hasta la saciedad con el objetivo de que acabara vendiendo como una ganga su local al Grupo Cursach, es una de las mayores "tragedias" impunes de toda la causa.

Además de la colocación de vallas para desviar la clientela a la discoteca BCM de Cursach, en perjuicio del local de Bover, con la supuesta connivencia del Ayuntamiento de Calvià y de su Policía municipal, este empresario ha sufrido todo tipo de acosos. Desde convertir la entrada de su bar en una escombrera, arrojarle carne putrefacta y todo tipo de basuras, hasta cortar la luz en la Plaza Pitiuses, donde se ubicaba, para paralizar su negocio y el de la competencia.  

"La finalidad era estrangular económicamente al Sr. Bover con el propósito de adquirir sus negocios a muy bajo precio", consta en el sumario. Varias conversaciones intervenidas evidencian estos planes. Por ejemplo, Sbert le dice a Cursach en una de ellas: "Por un millón de euros la plaza será tuya", en relación a todos los negocios de dicha plaza, que el magnate ansiaba para su grupo, barriendo así a toda la competencia en la localidad turística de Calvià.