Madrid.- Si hay un fiasco sin documentar de forma pública es la plataforma de almacenamiento de gas Castor. Situada frente a las costas de Vinaroz (Castellón), se instaló en una falla activa, originó más de mil terremotos en 2013 y la alarma provocó que la constructora renunciara al negocio.

ACS, controlada por Florentino Pérez, acaba de recibir una ‘indemnización' de 1.370 millones de euros, que está incluida en una Ley elaborada por el Gobierno del PP.

Este dinero será convertido en deuda por los bancos y será cargado en las facturas de los consumidores españoles en los próximos 30 años, lo que supondrá 4.731 millones de euros.

¿Acaso no se pudo prever este fiasco? Este miércoles, el Ejecutivo ha estrenado a bombo y platillo el portal de Transparencia. Promete que el Estado aportará la documentación de los contratos del Estado que se soliciten.  

Por ello, aquí va una propuesta de 10 preguntas sobre el contrato de Castor a dirigir al Estado. En teoría, tendría que contestar en 30 días y supone todo un test de estrés a la transparencia pública prometida:

1. ¿Cuántas indemnizaciones a contratistas del Estado se han concedido en los últimos 20 años por rango de ley, y específicamente por Real-Decreto Ley?

El Gobierno aprobó un Decreto-Ley para indemnizar a la constructora de Castor el pasado octubre, de tal manera que cerró la puerta a que un consumidor de a pie lleve el caso a la Justicia ordinaria para oponerse a pagar esta indemnización millonaria. Al ser una ley, sólo queda el recurso al Tribunal Constitucional, que está reservado para 50 diputados, 50 senadores, el Defensor del Pueblo o una comunidad autónoma.

No existen precedentes similares de indemnización a gasistas por Ley.

2. ¿Cuántos contratistas del Estado han recibido una indemnización del Estado en sólo 40 días en los últimos 20 años?

Lo habitual es que las administraciones públicas se opongan a pagar una indemnización a una empresa , por lo que ésta tiene que recurrir a la vía contenciosa-administrativa para cobrar. Castor es también excepcional: ha cobrado en 40 días. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo estableció en una sentencia de octubre de 2013 que el decreto con el que se adjudicó la plataforma contiene "una previsión genérica de compensación por el valor residual" (sic).

La plataforma llevaba gastados 500 millones de euros en su construcción; sin embargo, ACS ha cobrado por el valor total de la inversión, 1.370 millones de euros.

3. Solicito el acceso a toda la documentación del contrato entre el Estado y Escal-UGS para la construcción de la plataforma de almacenamiento de gas natural Amposta (permiso Castor).

 4.  Requiero los documentos previos que aconsejaron la contratación del Estado con la empresa Escal-UGS y los nombres de los funcionarios y altos cargos que lo autorizaron.

5.  Reclamo la Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG Ref: GAD 13/05), de 26 de octubre de 2005 del Observatori de l'Ebre.

Este informe del año 2005 alertaba del riesgo de terremotos en caso de instalación de un depósito artificial de gas, pero su contenido no ha sido divulgado por autoridad alguna.

Los riesgos geológicos fueron subestimados en 2007, de tal manera que la empresa Escal-UGS estableció que su plataforma tenía un riesgo de sismología "bajo".  Sólo se estudió la falla principal, pero no se investigaron las fallas secundarias, epicentro de los mil terremotos . El informe de 2005 alertaba precisamente de estos riesgos.

6. Solicito la documentación de autorización del traslado de la plataforma desde las costas de Catalunya a las de la Comunidad Valenciana.

Las organizaciones de afectados denuncian que la empresa trasladó de posición geográfica la plataforma desde Tarragona a Castellón, ya que la administración catalana estaba siendo muy exigente en materia medioambiental. Castor se colocó sobre una falla activa.

7. Solicito el contrato por el cual el actual Gobierno amplió en 2012 el derecho de renuncia a Castor y lo extendió de 5 a 25 años.

El Gobierno del PP acusa anterior Gobierno, el socialista, de haber firmado un contrato leonino contra el Estado ya que permitía a Escal-UGS el abandono voluntario de la plataforma y garantizaba el cobro de la inversión incluso en caso de "dolo o negliencia" por parte de la empresa. Esta cláusula del contrato expiraba en 2013, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la prorrogó de 5 a 25 años, según diversas informaciones. Se desconoce este documento.

8. Solicito de la Abogacía General del Estado y del Gobierno los documentos y las autoridades que firman el permiso para la ‘indemnización' a Escal-UGS tras su renuncia voluntaria a la concesión.

El Tribunal Supremo estableció en su sentencia de octubre de 2013 que el Real Decreto 855/2008 de la concesión de Castor contenía una previsión"genérica de compensación por el valor residual" en caso de renuncia voluntaria. También sentenció que si existiera una indemnización, ésta dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: "en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende".

9. Solicito los informes de control financiero del proyecto y su memoria económica, así como a la autorización del Banco Europeo de Inversiones que debe constar en el expediente.

La empresa constructora emitió 1.400 millones de euros en bonos y lo colocó entre inversores. Si la planta no entraba en funcionamiento el 30 de noviembre de 2014 -como así ocurrió- se ejecutarían los avales sobre ACS que era la que tenía garantizada toda la deuda excepto los 200 millones que respaldó el BEI. Ahora todo este dinero lo pagarán los consumidores españoles, multiplicado por cuatro.

ESCAL UGS SL tenía una plantilla de 10 trabajadores, 25 directivos y un capital social de 5,5 millones de euros cuando recibió los 500 millones del Banco Europeo de Inversiones.

Los bancos que financiaron la operación serán los que ahora emitan la deuda a cargar sobre los bolsillos de los consumidores españoles (son 1.370 millones de euros a pagar en 30 años a un tipo de interés del 4,27%).

10.  Solicito del Tribunal de Cuentas su informe de fiscalización del Instituto Geológico y Minero de España, abierto tras una denuncia presentada en 2013.

 Enlace para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, alojado en la página web: www.transparencia.gob.es

 La plataforma Castor nunca llegó a estar operativa ni prestó servicio alguno. Democracia Directa: ¿Cómo sería la ley si la votaran los ciudadanos? Participa con tu voto y argumentos
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