El paquete de medidas que presentó el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado 15 de febrero para responder a las demandas del campo no han logrado frenar, por el momento, el ímpetu de los agricultores. Siguen las protestas. Este miércoles, varias columnas de tractores llegan a Madrid y, al mismo tiempo, diversos grupos parlamentarios piden soluciones al Gobierno y le obligan a defender su gestión en Congreso de los Diputados y Senado. 

Lejos de dejar el protagonismo a Partido Popular (PP) y, especialmente, a Vox, que desde el principio trata de monopolizar las 'tractoradas', la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Sara Bailac o la de Geroa Bai Uxue Barkos han aprovechado, este martes, la sesión de control de la Cámara Alta para presionar al ministro Planas. Teresa Jordà, también de ERC; Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu; o Juan Antonio Valero, de Sumar, han hecho lo propio en el Congreso y desde el Gobierno insisten en su preocupación por avanzar en la solución de los problemas del sector.

Los tres diputados han situado su defensa del campo en el polo opuesto a la Proposición No de Ley (PNL) que ha presentado Vox "en defensa de los transportistas y los agricultores". Vox ha encontrado en  las reivindicaciones de la plataforma 6F —de la que ya se han desligado varios grupos de agricultores por discrepancias con los posicionamientos políticos que defiende—coincidencias con su ideario contrario a la Agenda 2030 o a las leyes para paliar la crisis climática.

Ruiz de Pinedo ha acusado a la formación de extrema derecha de "manipular y tergiversar" las protestas del campo y de tratar de ocultar los que, de acuerdo con las palabras del diputado abertzale, son los verdaderos problemas del sector: la "política especulativa de los precios", la "situación de emergencia climática", los efectos de "los tratados de libre comercio" o la "injusta distribución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC)".

Es un diagnóstico en el que coinciden Jordà y Valero. El diputado de Sumar ha puesto el acento en el problema que supone "que se agrande la agroindustria —propietaria de las tierras, los fertilizantes y las semillas— y desaparezcan las medianas y pequeñas explotaciones". El debate en la Cámara Baja ha servido, por tanto, para visibilizar las diferencias entre las prioridades de cada bloque político ante una ola de protestas a los que todos ellos otorgan la máxima importancia. 

Es una tónica que, sin lugar a dudas, se repetirá este miércoles, cuando tiene lugar la sesión de control del Ejecutivo en el Congreso. El Partido Popular le planteará varias preguntas y el ministro esgrimirá el paquete de medidas que aprobó el 15 de enero, como ya ha hecho este martes en el Senado. El ministerio tilda el conjunto de propuestas de choque de "sólido y trabajado", aunque despierta dudas incluso entre algunos diputados de la bancada progresista.

Un parlamentario de dicho bloque, en conversación con Público, valora el trabajo de ministro, pero desliza que está "atado de pies y manos". Se refiere a que "la Unión Europea pone el marco, por ejemplo, de las ayudas económicas y las comunidades autónomas lo aplican". El ministro, en palabras de este diputado, tiene incidencia, pero no "un control real y efectivo". "Tiene una tarea muy difícil", resume.

Senado y Congreso preguntan; Planas responde

Martes, Senado. Miércoles, Congreso. Mientras los tractores estén llegando a Madrid, Luis Planas enfrentará, en la sesión de control al Gobierno, preguntas que abundarán, en especial, en las medidas que plantea el Ejecutivo para "proteger al sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países". Pero este martes, el ministro ya ha expuesto en la Cámara Alta las líneas maestras de su plan para contentar al sector. 

Fundamentalmente, ha sacado pecho por la Ley de la Cadena Alimentaria española, que ha calificado de "pionera" porque incide en dar "mayor transparencia en la formación de precios, equilibrio en la propia cadena y protección al eslabón más débil". Tanto él, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometieron, en la última sesión de control, a reforzarla.

El conjunto de medidas que ha lanzado el Ministerio de Agricultura también contempla remitir a Bruselas una propuesta de simplificación de la PAC, la reducción de la burocracia o la voluntariedad del cuaderno digital, aunque se incentivará su adopción, toda vez que, según el propio Ministerio, "redundará en una mejor planificación de costes de las explotaciones". Todo ello, acompañado de nuevos acuerdos comerciales.

La senadora Sara Bailac (ERC), por su parte, ha exigido explicaciones a Planas sobre el voto favorable de los socialistas en la UE a los acuerdos de libre comercio, uno de los factores que han motivado las protestas en toda Europa habida cuenta de que, según gran parte del sector, genera competencia desleal. El ministro no le ha dado esas explicaciones, pero sí le ha asegurado que trabajará en conjunto con la UE y la Generalitat para paliar los déficits del sector, algo que, según ha podido confirmar Público, ha sabido a poco a ERC.

En cualquier caso, el ocaso de las protestas todavía no se vislumbra y el ministerio tendrá que perseverar en sus esfuerzos de negociación dentro y fuera de la sede parlamentaria.