Todas las mujeres en España que sean víctimas de la violencia de género están amparadas por una ley de rango superior que les reconoce unos derechos, unas medidas de protección y hasta unos juzgados específicos. Es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una normativa que no puede ser contravenida por  ninguna ley autonómica.

Todas las mujeres en España, incluidas las castellano y leonesas, están protegidas por esta ley, por mucho que les duela al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, del PP,  y a su socio de Vox, Juan García-Gallardo. Ambos partidos han firmado un acuerdo de Gobierno para la próxima legislatura en el región cuyo eje principal gira en torno a negar y a invisibilizar la violencia machista. 

El pacto entre PP y Vox para Castilla y León incluye como propuesta principal del partido de Abascal aprobar una "ley de lucha contra la violencia intrafamiliar", como ha informado Público, queriendo así barrer de un plumazo toda las normativas autonómica, española, europea e internacional que avalan la protección específica a las mujeres víctimas de violencia por parte de los hombres.

Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco va a tumbar, con su pacto con los ultras de Vox, todo el trabajo para luchar contra la violencia machista hecho en Castilla y León por sus predecesores del PP en la presidencia de la Junta. La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León, fue aprobada en las Cortes de Castilla y León con la mayoría absoluta del Partido Popular, bajo el Gobierno de Juan Vicente Herrera (2001-2019). 

Esta ley, en vigor, reconoce en su preámbulo que "la violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres. Es una violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que no puede tolerar ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad".  

Y además describe perfectamente lo que significa la violencia machista: "Partiendo del elemento esencial que caracteriza la violencia de género y que no es otro que el ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la más clara expresión de desigualdad basada en estereotipos sociales asociados al género". 

Todas las comunidades autónomas tienen su propia ley contra la violencia de género. La normativa específica en Castilla y León para proteger a las mujeres de la violencia está inspirada en la Ley contra la Violencia de Género estatal y garantiza la atención integral a las mujeres víctimas y la implantación y buen desarrollo de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género en la región. Esta red proporciona refugio de emergencia, asistencia psicológica y jurídica gratuitas, medidas de reinserción laboral, entre otras. 

Los servicios sociales castellano y leones son los que certifican que una mujer es víctima de violencia machista y así esta puede recibir las medidas de apoyo en materia laboral, económica, sanitaria, entre otras, que contempla la propia legislación regional.

La Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León tendrá que se derogada pues es incompatible con el espíritu de la nueva norma que ya ha anunciado en Twitter Juan García-Gallardo, el futuro nuevo vicepresidente de la Junta. El líder regional de Vox ha dicho en su cuenta de la red social: "Hemos acordado aprobar una ley contra la violencia intrafamiliar. Vamos a tratar a todas las víctimas por igual, sean hombres o mujeres". Se materializa así la negación más absoluta de la violencia machista.

La ley estatal

Cuando la ideología de Vox se materialice en Castilla y León con la complicidad del PP, ¿qué les ocurrirá a las mujeres allí, las que ya son víctimas de violencia de género y las que desgraciadamente lo serán? Seguirán estando amparadas por la ley estatal, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, que actualmente dirige Victoria Rosell, es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley.  

Este organismo está legitimado ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos contemplados en la Ley 1/2004 en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia. Es decir, la delegada especial contra la Violencia sobre la Mujer puede intermediar para hacer que se cumpla la ley allí donde se vulnera. 

También estarán vigilantes ante las novedades en Castilla y León las Unidades de Violencia sobre la Mujer incorporadas a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en cada una de las provincias castellano y leonesas. 

La asistencia social integral es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero al ser un servicio esencial recogido en la Ley 1/2004, tiene que prestarse, aunque varias expertas informan a este medio de la posibilidad de que en Castilla y León 'adelgacen' las partidas para prestar la asistencia a las víctimas de Violencia de Género. 

Castilla y León es perceptora de fondos europeos para poner en marcha centros de emergencia de 24 horas para las víctimas de violencia sexual y el proyecto ya está en marcha, según informan fuentes conocedoras del tema, que dudan de que la comunidad renuncie a esos fondos por cuestiones ideológicas.

Derechos de las víctimas

La Ley 1/2004 fue la primera ley en Europa que recoge una serie de derechos para las víctimas de violencia machista: derecho a a asistencia jurídica especializada gratuita; derecho a un asesoramiento adecuado a su situación personal por parte de las administraciones públicas; a unos servicios sociales [que proporcionan las comunidades autónomas y ayuntamientos] que pongan a salvo la vida de las víctimas, con refugios de emergencia y alternativas habitacionales para ellas y sus hijos e hijas; derecho a una recuperación integral, con apoyo a la inserción laboral, apoyo educativo y atención psicológica. 

Gracias a esta ley, existe una Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, unos juzgados especializados y una comisión específica dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la erradicación de esta lacra.

Normativas internacionales

No deja de ser paradójico que la misma comunidad, Castilla y León, que elaboró el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre Violencia de Género, en 2009, cuando asumió la presidencia de la delegación española, vaya a ser ahora la primera región española que reniegue de las directrices que se aprobaron para erradicar la sistemática violencia contra las mujeres. 

En aquel año, el Comité de las Regiones de la UE --un órgano consultivo-- aprobó una propuesta contra la violencia de género promovida por Castilla y León: la creación del observatorio contra la violencia de género en el ámbito europeo. Dicho observatorio aún no ha sido materializado.

Mañueco y su nuevo socio, Vox, planean dar la espalda a todas las disposiciones internacionales que alertan y luchan en el marco de la violencia machista. Como el Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres. O como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que define uno por uno todos los actos de violencia machista.