El Tribunal Supremo se enfrentará desde este martes al titánico reto de juzgar el procés catalán, por el que 12 dirigentes independentistas están acusados de la supuesta comisión de graves delitos. Las defensas apuran estos días los plazos, tras pedir sin éxito al Alto Tribunal que posponga el arranque del juicio, cuya fecha se comunicó con apenas 11 días de antelación.

A escasos meses de las elecciones de mayo, y habida cuenta de los equilibrios parlamentarios, y de que la acusación particular la ejerce un partido de ultraderecha, se antoja evidente que el procés tendrá un enorme impacto en el tablero político. Con varias incógnitas por despejar -por ejemplo, el idioma escogido por alguno de los procesados para declarar-, el Alto Tribunal se esfuerza por presentarse como garante de la máxima “transparencia”, por ofrecer su mejor cara, consciente de la relevancia del procedimiento.

Más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación -50 de ellos extranjeros- ya se han acreditado para seguir el desarrollo del juicio en la sede del Supremo, en el centro de Madrid. Y cada paso acerca más a las defensas al horizonte de los tribunales europeos, última etapa del camino si no logran sus objetivos en esta etapa. Estas son las claves del procés, en cinco preguntas y respuestas.

¿Quiénes intervendrán en el juicio?

Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional son cuatro de los procesados que se exponen a las peticiones de cárcel más elevadas-. Forcadell lleva en prisión preventiva desde marzo de 2018; Junqueras desde noviembre de 2017. Los Jordis fueron los primeros en verse privados de libertad, el 16 de octubre de 2017, apenas dos semanas después del referéndum del 1-O.

Por su parte, el tribunal lo integran el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de Lo Penal del Supremo, y otros seis jueces. Marchena estuvo bajo los focos de la opinión pública en noviembre, cuando fue propuesto por PP y PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. El acuerdo entre conservadores y socialistas saltó por los aires pocos días después de su anuncio, tras conocerse los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Cosidó, exdirector general de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, remitió a los senadores del PP un mensaje de whatsapp en el que, ante las críticas y dudas de los suyos sobre el reparto de asientos en el CGPJ acordado con el PSOE, defendía que con la designación de Marchena los conservadores seguirían "controlando la Sala Segunda desde detrás". El Magistrado se autodescartó como candidato tras conocerse los mensajes de Cosidó -cuya comparecencia como testigo fue solicitada en el juicio, si bien la misma sala que preside Marchena la rechazó-. "El whatsapp atribuido al Sr. Cosidó le retrata a él (si fuera suyo, cuestión en la que no entramos)", dijo la sala. 

Imagen del monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prestando declaración como testigo en el macrojuicio de corrupción de la trama Gürtel. EFE/Chema Moya

En la acusación, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado compartirán estrado con la formación ultraderechista Vox, representada por su número dos, Javier Ortega Smith. El juicio es el perfecto altavoz mediático para la fuerza de ultraderecha, y ni siquiera se molesta por ocultarlo. De hecho, las defensas han pedido al tribunal que aparte a Vox de esta causa, sin éxito, y parte de ellas han avanzado que no contestarán a sus preguntas. 

En su programa electoral, el partido de Santiago Abascal defiende la ilegalización de partidos independentistas, así como la supresión de la autonomía catalana. También se jacta de que basará su actuación en la causa en las "pruebas" presentadas, si bien este partido no ha pedido la consideración de una sola prueba documental -sí ha solicitado la comparecencia de 60 testigos, 57 de ellos aceptados-.

De hecho, hay más de 500 testigos citados, sumando todos los propuestos por las partes. Entre ellos destacan Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno -que también testificó en Gürtel, la trama corrupta por la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo, y que desembocó en su expulsión de La Moncloa-; Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Ejecutivo; Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda; el lehendakari Íñigo Urkullu o el expresident de la Generalitat Artur Mas, entre otros. Sólo Fiscalía y Abogacía suman 256 testigos -comparten todos ellos-, de los que más de 200 son agentes de la Policía, la Guardia Civil o los Mossos d’Esquadra.

¿De qué se les acusa?

No todos los casos son iguales, y hay distintas peticiones de pena. Para la Fiscalía, la Abogacía y Vox, los procesados han intentado conseguir a toda costa la independencia de Catalunya, además de orquestar desde las instituciones catalanas -menos Sànchez y Cuixart, con el supuesto rol de agitar las calles- la hoja de ruta hacia este objetivo, desoyendo así los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales.

Els líders independentistes Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull i Raül Romeva a la presó de Lledoners.

Por su papel como máximo dirigente del Govern -dado que el expresident Carles Puigdemont sigue en Bélgica-, Junqueras se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión y malversación; la Fiscalía reclama para él 12 años de prisión por sedición y malversación, mientras los ultraderechistas de Vox disparan su petición hasta los 74 años de privación de libertad, por dos supuestos delitos de rebelión y malversación. [Consulta aquí todas las penas]

En diciembre, el fiscal Jaime Moreno utilizó la vista de los artículos de previo pronunciamiento para asegurar que el procés fue "un atentado grave al interés general de España".

No obstante, en la sentencia sobre la consulta del 9 de Noviembre de 2014, dada a conocer en enero, el Alto Tribunal ya se pronunció sobre muchas de las cuestiones que inevitablemente tendrá que abordar en este caso, siempre refiriéndose al 9-N: "No existe derecho a votar en una consulta convocada al margen de la legalidad"; "La condena no se apoya en la convocatoria de una consulta ilegal, sino en el desobedecer un mandato del Tribunal Constitucional", zanjó entonces.

Por su parte, con distintos matices, las defensas denuncian la vulneración de varios derechos de sus representados. La estrategia de los letrados de Cuixart -J'accuse al Estado-, es distinta a la del equipo legal de Junqueras, o a la de Forcadell. Hay escritos de defensa más técnicos, otros más políticos, pero las defensas insisten en subrayar lo que les une.

Todos ellos coinciden en denunciar la regresión en materia de derechos en España, no únicamente en lo que toca al procés. También aseguran que en todo momento han actuado de manera cívica, pacífica, sin saltarse las leyes. Su relato se construye sobre la idea de que el juicio es en realidad un intento del régimen del 78 por mantener sus privilegios, y que este intento daña a las instituciones y a la propia Democracia española.

¿Cuál es la clave del juicio?

La defensa del pacifismo de los acusados que enarbolan los letrados choca frontalmente con la tesis de la Fiscalía -que sí aprecia violencia en el procés- , y especialmente contra el de Vox -que repite esta palabra hasta en 57 ocasiones en su escrito de acusación-. Si se dio o no violencia es la clave del juicio, así como la diferencia fundamental entre las posiciones de la Abogacía y el Ministerio Público. La primera manifestó en noviembre su cambio de criterio, al eliminar cualquier referencia a la palabra violencia de su escrito de acusación. Anteriormente sí la apreciaba, y esta es la base para poder acusar y condenar por rebelión.

Hoy por hoy, en España sólo se ha condenado por este delito a los autores del golpe de Estado del 23-F. La Fiscalía argumenta que se dio este delito, mientras que la Abogacía se decanta por el de sedición. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", reza el artículo 472 del Código Penal. ´"Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales", recoge el artículo 544.

Organizaciones judiciales como Jueces para la Democracia, catedráticos y otros expertos han defendido que el tipo penal de la rebelión no cuadra con el caso del procés. De hecho, el rechazo de tribunales europeos a extraditar a exmiembros del Govern huidos por estos supuestos delitos ha sido muy criticado por el PP, mientras el presidente del CGPJ ya en funciones, Carlos Lesmes, ha defendido siempre el trabajo de la Justicia española.

¿Qué plazos hay?

El juicio arrancará el 12 de febrero -pese a las peticiones de aplazamiento de las defensas- y hoy por hoy sólo hay agendadas seis sesiones de trabajo (la última, el 21 de febrero). Los presos provisionales fueron trasladados desde Catalunya a Madrid el 1 de enero -los siete hombres fueron llevados a Soto del Real, las dos mujeres a Alcalá Meco-.

Concentración en Barcelona convocada por la ANC en apoyo a los presos independentistas. /EFE

Las sesiones se celebrarán de martes a jueves, de 10.00 a 18.00 horas aproximadamente -los presos preventivos comerán en una sala del Alto Tribunal-. El Supremo espera que el juicio no se prolongue durante más de 3 meses, por lo que confía en cerrar esta fase antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo. De cumplirse este calendario, la sentencia podría estar lista antes del verano.

El juicio comenzará con cuestiones previas -las defensas denunciarán la vulneración de sus derechos-, y seguirá con los testimonios de los acusados y de los testigos, para continuar con las pruebas periciales y documentales, y después con la lectura de conclusiones finales.

¿Por qué es tan importante?

Éste es el acontecimiento judicial y político del año, y en opinión de algunos juristas y dirigentes políticos, de la Democracia española. Su impacto en las elecciones de mayo es inevitable, habida cuenta de que una formación ultraderechista a la que los sondeos vaticinan una fuerte irrupción en esos comicios tiene garantizada la atención mediática por su papel como acusación.

Por no hablar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas cuenta con 84 diputados en el Congreso, y por tanto requiere de los votos de ERC y PDeCAT para impulsar iniciativas en la cámara. El arranque del juicio coincide también con la primera votación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en la Cámara Alta -12 y 13 de febrero-, y el rechazo de los partidos catalanes a respaldar las cuentas del Gobierno del PSOE supone un duro golpe para el Ejecutivo, que necesita sus votos para aprobarlas.

Esto, sin contar con el enorme impacto que ha tenido el procés en el ecosistema social, político y económico catalán, pero también a escala estatal, o el largo periodo que los presos provisionales han pasado entre rejas, a la espera de juicio.
Organizaciones civiles catalanas y partidos políticos ya han anunciado concentraciones, en Madrid y en Catalunya, y se espera que destacados dirigentes soberanistas e incluso miembros del Govern, como el president Quim Torra, asistan al juicio.

Consciente de todo ello, el Supremo se ha lanzado a vender su esfuerzo para dotar de la máxima "transparencia" al proceso. El prestigio del sistema judicial y político está en juego. Y todas las partes lo saben.