El tiempo no pasa para Rosa Diez. A pesar de que ETA abandonó la violencia hace siete años, la ex líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) mantiene a día de hoy el servicio de dos policías, adscritos al área antiterrorista de la Policía Nacional, que actúan como escoltas improvisados. De nada ha valido la desaparición del terrorismo, ni tampoco los informes policiales que advierten a Interior de que esta ex diputada y ex europarlamentaria, hoy fuera de la vida institucional, ya no necesita llevar protección.

“Hay mucho malestar”, comentaron fuentes policiales a este periódico. Se refieren así a los sentimientos que reinan en la comisaría de la Policía Nacional en Bilbao, donde se encuentran los escoltas que Rosa Diez tiene a su entera disposición cada vez que lo requiere para sus desplazamientos, ya sean actividades particulares o ligadas al mundo de la política. Además, cuenta con un vehículo de la Policía Nacional para esos movimientos.

Las fuentes consultadas señalaron que ese servicio de escolta habría sido solicitado por la propia Diez una vez que abandonó su cargo de diputada en Madrid y regresó a la capital vizcaína en 2016. “El problema –explicaron- es que en Bilbao no hay efectivos suficientes adscriptos como escoltas, por lo que el servicio es prestado por policías del servicio de Información, sin la formación necesaria” para este tipo de tareas, subrayaron.

De esta manera, los efectivos del área antiterrorista destinados a la protección de Rosa Diez deben permanecer disponibles a sus requerimientos. Si la exparlamentaria solicita los servicios de forma continuada durante más de una jornada laboral, los agentes son relevados por otros compañeros. De esta manera, las fuentes consultadas por este periódico señalaron que “en total, requiere de cuatro o cinco personas al mes, teniendo en cuenta las guardias y vacaciones” del personal destinado a esta tarea de escolta.

En ese contexto, los informes elaborados por la propia Policía Nacional de Bilbao establecen que a día de hoy no se cumplen los requisitos necesarios para que Diez continúe disponiendo de este servicio. Sin embargo, ni el gobierno de Mariano Rajoy (que recibió un documento policial con esas advertencias) ni tampoco el de Pedro Sánchez han corregido esta situación. En marzo pasado, Eldiario.es informaba que el Ejecutivo del PP no había corregido este asunto, algo que no ha cambiado desde entonces.

Según las estimaciones realizadas por fuentes policiales, la escolta que aún mantiene la ex líder de UPyD tendría un coste mensual de aproximadamente 10.000 euros, “teniendo en cuenta los salarios y seguros de los agentes destinados a esta tarea, y sin contar lo que cuesta el alquiler del vehículo en el que se desplaza”. Al año serían unos 120.000 euros. Si el servicio comenzó a prestarse a finales del invierno de 2016, hasta ahora habría tenido un coste cercano a los 250.000 euros.

Este periódico se puso en contacto con Rosa Diez para conocer su punto de vista sobre este asunto. “No voy a hacer declaraciones”, fue su corta respuesta. Seguido, dio al botón de colgar.

Quedan pocos

Su caso es ya una excepción. A finales de marzo de 2017, el gobierno retiró el servicio de escolta que aún disponía un centenar de políticos del País Vasco. En ese momento también contaban con protección algunos empresarios. La medida de Interior, acorde al nuevo tiempo que vive el País Vasco, supuso que un número importante de escoltas privados acabara en la cola del INEM. Se mantuvo el servicio a unos pocos cargos públicos, que en el caso del País Vasco se limitaría, entre otros, al delegado y subdelegado del Gobierno, así como a los principales responsables del Gobierno Vasco. En este último caso, las funciones de protección están a cargo de la Ertzaintza.

Al ser consultado sobre los servicios de protección de personalidades que la Policía Nacional presta a día de hoy en España, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cossío, afirmó a Público que “resulta necesario poner racionalidad y criterio con estas cosas”, al tiempo que reivindicó que “sea la seguridad privada” la que se haga cargo del servicio de escolta a políticos que ya no ocupan cargos públicos. “Hay quienes mantienen escoltas de forma injustificada, y hay que tener en cuenta que actualmente estamos 11 mil policías menos de los que tendría que haber en el ámbito operativo”, subrayó.