ZAMORA.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves en Zamora que la primera propuesta que llevará su grupo al Congreso de los Diputados, el mismo día previsto para su constitución, el 13 de enero, será una proposición de Ley de Emergencia Social.

El líder de la formación morada ha presentado, durante una visita a Zamora, la que será la primera iniciativa parlamentaria de Podemos, una ley inspirada en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y que pretende su pleno cumplimiento para que todo el mundo tenga derecho a un nivel de vida adecuado. De esta proposición de ley de Primera Respuesta a la Emergencia Social, Iglesias ha dado cuenta por carta a los grupos parlamentarios "ante la situación ─dice la misiva─ que viven miles de familias en este país y no pueden entender de plazos ni de esperas".

En el acto, Iglesias ha recordado a las familias que celebrarán la Nochebuena sin luz ni calefacción en su casa, los que no la tienen porque han sido desahuciados por los bancos, los mayores que no pueden afrontar el copago de medicamentos y las víctimas de violencia machista que no disponen de un domicilio diferente al del agresor. "Pensamos que esto tiene que terminar", ha declarado Iglesias, que ha puesto como prioridad esta cuestión frente al "juego de las sillas" de otros partidos presentes en el nuevo Parlamento.

El objetivo es que este invierno no se corte la calefacción ni la luz ni se desahucie a ninguna familia, se ofrezca una "alternativa habitacional" a las víctimas de violencia machista sin necesidad de denuncia y para que ningún pensionista se quede sin medicamentos por no poder afrontar el copago sanitario. La medida recogida en la proposición legislativa de Podemos, según Iglesias, va acompañada de una memoria económica y "no cuesta ni un euro, si quieren se puede".

Para Podemos, esta nueva ley es actualmente lo "fundamental", ya que "no hay excusa" para que no se asuma "el rescate a los ciudadanos y familias españolas que están sufriendo", por lo que ha confiado en que sea la primera iniciativa que salga de las Cortes en esta legislatura. En la carta a los grupos, Iglesias sostiene que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios.

En cuanto a la vivienda, Iglesias propone abordar legislativamente "la prohibición de desalojos forzosos sin alternativa habitacional". Introducir un procedimiento "simplificado de reestructuración y cancelación de la deuda hipotecaria" mediante una "reducción del valor nominal de las hipotecas" de primeras viviendas para los casos en que las familias tengan a todos sus miembros en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o presenten ingresos inferiores a través veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem).

El procedimiento consta de dos fases: la primera sería de conciliación ante una comisión de endeudamiento, similar a las que funcionan en conflictos laborales. La segunda fase sería judicial: el juez acordaría un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado con opción de quita o dación en pago. Las deudas que se podrían incluir en el procedimiento serían tanto créditos privados como públicos y de aplicación asimismo a autónomos y pequeñas empresas. Además, se regularía la dación en pago retroactiva para los casos de personas que hayan perdido su vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando los préstamos.

También Iglesias plantea que se garantice por ley el acceso a un suministro mínimo energético de luz y gas: se modificarían los requisitos de acceso al bono social, que dependerá de la suma de las rentas de los miembros de la familia que residan en los hogares. Los servicios sociales determinarían el nivel de vulnerabilidad de cada hogar para establecer sus bonificaciones. El suministro de luz o gas no se cortaría cuando se trate de vivienda habitual y las facturas impagadas por motivo de "pobreza sobrevenida". Además, Iglesias plantea prohibir copagos farmacéuticos en toda España.