Los socios del Gobierno de coalición alcanzaron el lunes un acuerdo in extremis para presentar y aprobar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en el Consejo de Ministros de este martes.

A primera hora de la mañana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han escenificado su unidad en una comparecencia conjunta y sin preguntas, en la que los líderes de PSOE y Unidas Podemos -presidente y vicepresidente segundo, respectivamente-, han desgranado algunas de las líneas maestras de estas Cuentas. 

Antes, ambas fuerzas sellaron -a instancias de Unidas Podemos- su compromiso de llevar al Congreso en apenas cuatro meses una regulación sobre el precio de los alquileres, y de realizar distintas modificaciones para facilitar el acceso al ingreso mínimo vital (IMV). Actualmente la prestación ya está en vigor, si bien se encuentra en tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, y los cambios se realizarán a través de enmiendas.

Y, si bien en los documentos difundidos por los socios se recogen tres modificaciones a la prestación -a impulsar por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, fuentes del Ejecutivo trasladaron a Público que, en realidad, se verán aprobadas un total de seis.

Así, se tendrán en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para aspirar a la prestación, y no sólo durante el año anterior -como se aplica hoy-, y se reducirá de tres a dos años de vida independiente el umbral para que los menores de 30 años puedan acceder al ingreso mínimo vital, para facilitar que más jóvenes puedan cobrarlo. 

A su vez, se permitirá que haya más de dos titulares del ingreso mínimo residiendo en un mismo domicilio, y está previsto que se puedan atender "situaciones excepcionales". En este marco entrarían las personas que hayan sido tuteladas por Entidades Públicas de protección de menores "dentro de los tres años anteriores a la mayoría de edad"; "los españoles emigrados retornados o las mujeres víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual".

En última instancia, se establecerá la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar por sí mismos "algunos de los requisitos" para acceder a la prestación, con la idea de facilitar la identificación de potenciales beneficiarios, y se equiparará la prestación que perciban las personas con discapacidad a la que cobren los hogares monoparentales, "ajustando los requisitos para poder ser titular del IMV en estos casos".