Los Presupuestos de Mariano Rajoy persiguen a Pedro Sánchez. La paradoja que se produjo en junio del pasado año, cuando el líder socialista se vio forzado a aprobar las cuentas del PP, parece haber ligado al presidente en funciones al proyecto presupuestario de Cristóbal Montoro, ya que el secretario general del PSOE gobierna con sus Presupuestos desde ese momento.

El Congreso sacó adelante la moción de censura en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que surgieron de un acuerdo entre el PP, Ciudadanos y el PNV. Una de las condiciones que el Grupo Vasco le puso a los socialistas para respaldar la moción fue que apoyaran las cuentas en la Cámara, algo que Sánchez aceptó "por responsabilidad". En ese momento, advirtió de que se trataba de un presupuesto "de tránsito", ya que el nuevo Gobierno socialista se encontraba trabajando ya en sus propias cuentas, pero ese tránsito ya dura más de un año, y después de prorrogarse para 2019, todo apunta a que su vida se alargará hasta 2020.

Desde el Ministerio de Hacienda se ha apuntado en varias ocasiones que el objetivo era el de tener un nuevo proyecto para el próximo año, unas cuentas que se aprobarían en 2019, tras las elecciones generales y la conformación de un Gobierno. Sin embargo, el bloqueo en la investidura y la incertidumbre política han llevado al límite los plazos para aprobar unas nuevas cuentas, y el Ejecutivo en funciones está ahora bastante más cerca de una prórroga que de unos Presupuestos para 2020.

El primer plazo con el que no cumplen es el que se establece para la aprobación de la herramienta que limita el gasto presupuestario: los objetivos de déficit. En la pasada legislatura, Sánchez trató de sacar adelante un techo de gasto acorde a los Presupuestos que tenía la intención de presentar; sin embargo, el Senado (donde el PP tenía mayoría absoluta) vetó sus cifras y el Ejecutivo se vio obligado a reajustar la previsión de ingresos y gastos de su proyecto económico.

La ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece en su artículo 15 que el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad en el primer semestre de cada año. Para que el Consejo de Ministros apruebe estos objetivos, es necesario la elaboración de un informe previo por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.

30 de septiembre, límite para presentar las cuentas

Hacienda debía haber hecho llegar su propuesta de objetivos de déficit a estos dos organismos antes del día 1 de abril, para que, en el plazo de 15 días, elaboren el informe. Pero este no es el único retraso en lo que se refiere a los plazos que establece la ley. Los propios Presupuestos tienen un calendario que se regula tanto en una ley orgánica como en la propia Constitución. El artículo 134.3 de la Carta Magna recoge que "el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", es decir, del último día del año.

Según esta disposición, el Ejecutivo debe llevar su proyecto a la Cámara antes del 30 de septiembre. Aunque el calendario es muy apretado (la previsión más optimista sitúa un segundo intento de investidura de Sánchez a principios de septiembre), el Gobierno podría cumplir con este plazo si ya tiene más o menos trabajadas unas cuentas (como los Presupuestos que trató de aprobar a primeros de año, y cuyo fracaso condujo directamente a las elecciones del 28 de abril), pero el calendario se presenta bastante apretado. En cualquier caso, no es la primera vez que un Ejecutivo presenta las cuentas fuera de plazo (el propio Sánchez lo hizo, al llevarlas a mediados de enero al Congreso).

Una vez que las cuentas entran en la Cámara, su tramitación suele durar unos dos meses, y tiene prioridad sobre cualquier otra actividad legislativa que haya en el Congreso. Sin embargo, también podría sufrir algunos retrasos derivados de la presentación de enmiendas y de los debates de totalidad (donde el PSOE deberá recabar los apoyos de los grupos necesarios para que el Parlamento no tumbe el proyecto presupuestario). En este contexto, es más que complicado que el Gobierno en funciones cuente con su propio Presupuesto a día 1 de enero, por lo que es muy probable que entre a 2020 con las cuentas de Mariano Rajoy, que podrían seguir marcando la política económica del Ejecutivo durante varios meses del próximo año.

"Si no es el día 1, es el día 7"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que es "complicado" que, en caso de que se conforme Gobierno, entren en vigor el próximo 1 de enero los Presupuestos, aunque "lo intentaría", si bien dependerá de la fecha de aprobación de investidura. Además, ha avisado de que la actualización de las pensiones y el salario de los empleados públicos requiere contar con un Ejecutivo con plenas funciones y unos nuevos Presupuestos.

Montero también ha admitido que el Gobierno iría "ajustado" para que el proyecto de Presupuestos de 2020 pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, en caso de que se conforme Gobierno, si bien ha aseverado que "estaría en la línea de intentarlo", en función de que se apruebe la nueva votación de investidura de Pedro Sánchez.

"Podría ser bastante razonable que en un tiempo corto se pudiera presentar el proyecto de PGE, si no para entrar el día 1, a lo mejor el día 7, estaríamos hablando de un plazo de días", ha enfatizado Montero, quien ve "fundamental" que puedan entrar en vigor unas nuevas cuentas públicas para evitar la situación "no deseada" de iniciar el próximo año con una segunda prórroga de los Presupuestos de 2018 de Mariano Rajoy.