El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha señalado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo que no supo que el banco había contratado los servicios del entonces comisario, principal imputado en la causa, hasta que el escándalo estalló en 2018 y saltó a los medios. También ha defendido la colaboración total de la entidad con la Justicia en este asunto.

Así lo explican fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, presentes en el interrogatorio de Torres -que se ha extendido por más de tres horas-, que añaden que el presidente del BBVA ha sostenido que tuvo conocimiento del problema en junio o julio de 2018.

Cabe recordar que en esta pieza separada nueve de la macrocausa Tándem están imputados tanto BBVA como su expresidente Francisco González. Se investigan los servicios contratados por el banco a Cenyt, empresa de Villarejo, para varias operaciones de investigación entre 2004 y 2017 por las que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

El juez, tras la petición de la Fiscalía, decidió citar a Torres con el objetivo de conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar "la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer" la "responsabilidad penal" del banco.

Investigadores externos

El presidente del BBVA ha indicado al juez que si bien cuando estalló el caso el asunto lo llevó el departamento de auditoría interna, desde enero de 2019 todo quedó en manos de investigadores independientes externos, los despachos Garrigues y Uría y la consultora PwC. Esta última fue que fue la encargada de realizar la auditoría forense -forensic, en su expresión inglesa- sobre la actuación del banco.

Torres también ha aseverado que de hecho son estos investigadores, y nadie del banco, quienes decidieron dejar su nombre fuera de la lista de personas a las que investigar internamente, a pesar de que en un inicio sí que estaba en la lista de palabras claves.

Así, ha indicado que en enero de 2019, cuando el asunto pasa a manos externas, la entidad ya no tomaba decisiones, y que son los investigadores quienes deciden, por lo que los datos de sus dispositivos nunca se han aportado a la causa.

Estas mismas fuentes apuntan que desde un inicio del interrogatorio Torres ha querido dejar claro que declaraba no como presidente del banco sino como testigo de los hechos y que, preguntado por asuntos que se remontaban a 2008, a muchas de las preguntas no ha podido responder dado que no recordaba o no sabía las respuestas. De hecho, ha enfatizado que no supo nada de las contrataciones de la entidad con Cenyt hasta que las vio publicadas en la prensa.

"Total normalidad"

Fuentes del banco consultadas por Europa Press apuntan que el presidente, en su condición de testigo, ha declarado "con total normalidad" contestando a las preguntas tanto del fiscal como de las partes personadas en la causa.

La declaración de Torres fue acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que la directora global jurídica de la entidad, María Jesús Arribas de Paz, se acogiera en julio a su derecho a no declarar ante la Fiscalía amparándose en su condición de abogada y en su obligación de guardar secreto profesional.

Señalaba el magistrado en su auto que dado que consta que la entidad aportó las actas del Comité de Assurance Corporative del BBVA -el órgano designado responsable de observar la responsabilidad penal de la persona jurídica- "resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres", presidente de ese comité y también presidente de la entidad, en calidad de testigo.

Ese comité era al que se reportaba sobre la investigación interna por el caso Villarejo, y Torres ha indicado al juez que efectivamente en octubre de 2018 se celebró una reunión del organismo para tratar el asunto. En esa reunión quien presentó resultados fueron Arribas de Paz y el exjefe de control interno de BBVA, Eduardo Arbizu, también imputado en la causa.