Podemos ha presentado este lunes un escrito ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, donde le pide explicaciones sobre el informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha realizado en el curso de la investigación por el contrato con la consultora Neurona. El juez había ordenado analizar los vídeos contenidos en un chat de trabajo entre personal de Podemos y de Neurona, pero el informe resultante versa sobre todo el material del chat,  incluidas las conversaciones, algo que Podemos califica de "extralimitaciones" de la Policía. 

Según el escrito, al que ha tenido acceso Público, la representación de Podemos denuncia que los investigadores se han extralimitado en sus funciones al analizar el diálogo mantenido en un chat confidencial de trabajo entre una de sus empleadas y el coordinador de Neurona. El juez sólo había dado permiso para descargar los vídeos incluidos en el chat y no las conversaciones, "que quedaban vedadas del examen policial", según consta en el escrito.

El chat en cuestión fue reclamado por el juez Escalonilla en el curso de la declaración del pasado 7 de mayo de una trabajadora de Podemos que había participado en la campaña electoral  de abril de 2019 junto con un coordinador de la consultora Neurona.  "En ese momento ya expusimos nuestras reservas, ya que al tratarse de un chat de trabajo desarrollado en el curso de una campaña electoral podía contener información reservada, estratégica y confidencial del partido político, para lo cual se solicitó expresamente el expurgo de los mensajes de dicho chat y que el objeto de la descarga se centrara simplemente en los vídeos, todo ello con la finalidad de acreditar cuanto manifestaba la testigo sobre el intercambio de dichos materiales".

La representación legal de Podemos expone en su escrito que el motivo de solicitar el expurgo de los mensajes del chat, "no era sólo el de preservar el derecho a la intimidad en el ámbito laboral de ambos intervinientes, sino también las herramientas y conversaciones de trabajo del partido político al que
representamos, que tiene también derecho a mantener reserva sobre su forma de trabajo, su estrategia comunicativa y electoral, y en definitiva al secreto de sus comunicaciones, con más intensidad en este caso ya que en el presente procedimiento se ha admitido la personación de un partido político rival". Hay que recordar que Vox está personado como acusación popular. 

Sin embargo, a la vista del informe de la UDEF, Podemos pide explicaciones al juez. "La fuerza actuante ha decidido dejar sin efecto alguno lo acordado judicialmente y ha procedido a descargar y analizar no sólo los vídeos sino el total del chat y de las conversaciones, cuyo contenido ya está siendo objeto de difusión pública por parte de los medios, algo previsible teniendo en cuenta la acreditada connivencia de las acusaciones con determinados medios digitales para revelar el contenido del sumario reiteradamente". Así pues, ha quedado al descubierto la estrategia comunicativa de Podemos durante esa campaña electoral y ciertos medios de comunicación están difundiendo detalles de la misma.

"No es la primera vez que la fuerza actuante, bien pueda ser por un exceso de celo profesional en el ejercicio de sus funciones para el esclarecimiento de los hechos investigados, desborda los términos del encargo que habían sido fijados por el magistrado", dice Podemos y expone a modo de ejemplo que "en el auto de 2 de marzo de 2021 tras aportar esta parte diversa documentación, reclamó el Juez de garantías a la UDEF que comprueben la veracidad de los billetes de avión, y de los justificantes de hospedajes presentados relativos a los trabajadores presuntamente contratados por Neurona".

Respecto a este caso, Podemos desvela que la "fuerza actuante llegó incluso a tomar declaración a diversos testigos a espaldas de las partes y del Juez de garantías, en actuaciones que materialmente son difíciles de distinguir de las que se practican en una causa secreta". 

Otro ejemplo que incluye Podemos es la investigación del destino de 30.000 euros aportados por el partido a la entidad 404, la UDEF, para lo que el juez"llegó a intervenir las comunicaciones y a vulnerar el derecho a la intimidad de la presidenta de la asociación, incluyendo correos electrónicos y mensajes de Whatsapp". 

En su escrito, Podemos pide al juez Escalonilla que aclare si fue él quien ordenó a la Policía analizar el diálogo entre la empleada de Podemos y el coordinador de 'Neurona', con lo que "habría dejado sin efecto los pronunciamientos anteriores que acotaban ya su alcance y extensión". O si ha sido la UDEF quien ha actuado de esta manera "sin su conocimiento".