El debate sobre la proposición de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios popular y socialista para reformar el Código Penal en materia de terrorismo, en base al llamado pacto antiyihadista, tan solo ha servido para constatar la nula capacidad de convicción que tienen tanto populares como socialistas sobre el resto de los grupos del hemiciclo. Al margen de Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, que han suscrito la iniciativa, todos los portavoces han lanzado duras críticas a esta proposición legislativa.

Quien se ha llevado la peor parte de las diatribas, algunas tremendamente duras y ácidas, ha sido la bancada socialista. Ha sido uno de los perores debates parlamentarios en los que se ha visto inmerso el PSOE en esta legislatura, precisamente cuando este partido está relegado en la oposición con el menor número de escaños desde 1977. Toda una gran paradoja en la que el portavoz socialista, un voluntarioso José Enrique Serrano, tuvo que representar todo un papelón en la tribuna, al margen de sus voluntaristas argumentos.

Quien se ha llevado la peor parte ha sido el grupo socialista, que ha debido soportar estoicamente un debate muy duro, como si fuera el promotor solitario de la iniciativa legislativa y no el coprotagonista en compañía del mayoritario PP.

El representante del grupo popular, José Miguel Castillo, una aplicado diputado nuevo en esta legislatura que realiza su función sin el menor atisbo de brillantez parlamentaria, se ha limitado a cumplir el expediente sin consumir energías. Si acaso ha caído en su propia simpleza: ha estado la mitad del tiempo de su intervención justificando la necesidad de la prisión permanente revisable cuando unos segundos antes ha pedido que este asunto no centrase el debate. Y eso que el eufemismo de la cadena perpetua todavía no está sentenciada en la “otra” reforma del Código Penal, actualmente en el Senado.

En cualquier caso, el debate con el que se ha iniciado el último periodo de sesiones ordinario de esta legislatura, no ha despertado gran expectación. Esa es la impresión que se desprende de la escasa presencia de diputados en todas las bancadas del hemiciclo al inicio de las intervenciones y durante el debate. Los escasos aplausos que han sonado durante los parlamentos sonaban huecos, tanto por la escasez de palmas como por el vacío en el escenario. Y eso que sus señorías han estado prácticamente dios meses sin pisar el recinto: una sola vez desde el pasado 18 de diciembre.

Quien se ha llevado la peor parte ha sido el grupo socialista, que ha debido soportar estoicamente un debate duro, muy duro, como si fuera el promotor solitario de la iniciativa legislativa y no el coprotagonista en compañía del mayoritario PP. Su portavoz, José Enrique Serrano, ha defendido la iniciativa legal recordando que se trata de una propuesta de su líder, Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado la validez que tuvo en su día en pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito en 2000 por el PSIOE con el entonces gobernante PP también a propuesta del entonces líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, Serrano ha justificado la acción de su grupo por el hecho de que los populares habían presentado unas enmiendas a la reforma global del Código Penal que se tramita desde el pasado mes de diciembre y que gracias al pacto propuesto se han eliminado del cuerpo global de esa reforma al tiempo que se han suavizado. Entre otros aspecto, la eliminación expresa a la prisión permanente revisable para delitos de sangre terroristas, sustituida por el “máxima condena” que figure en el código. También ha esgrimido el compromiso del PSOE de eliminar esa pena cuando lleguen al poder.

Esta argucia, lejos de ser avalada, ha sido el arma arrojadiza de prácticamente todos los grupos contra los socialistas que han recibido toto tipo de epítetos, ninguno agradable, durante el debate. “¿Cómo se atreve a llamarlo un pacto de Estado cuando lo ha acordado con un solo grupo?”, le ha espetado el portavoz del grupo nacionalista vasco, Emilio Olabarría, que como siempre ha desgranado un cúmulo de admoniciones legales a la norma que se propone.

Pero ha sido Gaspar Llamazares, portavoz del grupo de La Izquierda Plural, quien más agresivo se ha mostrado con la proposición de ley que ha definido como “un blindaje al miedo bipartidista”, entre otras lindezas. Y para los socialistas ha tenido expresiones duras en términos políticos: “Se busca el consenso del miedo. Qué fácil es gestionar el miedo, pero qué difícil el malestar social. Se trata de una reforma al calor del populismo primitivo y buscando rentabilidad electoral”, ha sentenciado.

Rosa Díez, de UPyD, ha insistido en sus críticas a la norma, así como a la actitud de los socialistas. “Eso es corromper el lenguaje. Es corrupción política”, ha clamado.

Jopan Tardá, de ERC, ha sido especialmente duro con la bancada socialista, a la que se ha dirigido en exclusiva durante su breve intervención. Con su habitual voz tonante, ha sentenciado: “No nos vuelvan ustedes a llamar. Son ustedes unos trileros políticos”. Esa contundente frase la ha justificado en el hecho de que el pasado año el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, conminase a toda la oposición a suscribir un pacto para comprometerse en conjunto a derogar la llamada “ley Wert”, la LOMCE, cuando el PP abandonase el Gobierno. “Ahora, la semana pasada, ustedes se dirigen al PP para llamar a un pacto de Estado por la educación. Eso es de trileros”, ha insistido, al tiempo que aplicaba ese ejemplo a la ley que se tramitaba en el debate.

Rosa Díez, de UPyD, ha insistido en sus críticas a la norma, así como a la actitud de los socialistas. “Eso es corromper el lenguaje. Es corrupción política”, ha clamado. El portavoz de CiU, Jodi Jané, también ha mostrado su total discrepancia” tanto con el fondo como por la forma de plantar la iniciativa legislativa “que se ha limitado a un asunto de dos; no estamos de acuerdo con eso”, ha dicho.

Ha sido un largo debate – dos horas y media – que no es lo habitual para este tipo de trámite parlamentario que, sin embargo, tendrá una velocidad exprés ya que se dilucidará en apenas diez días por la vía de lectura única. Esto es, apenas una semana para presentar enmiendfas y la semana que viene se votará en otra sesión plenaria, previsiblemente el día 19 para pasar a continuación al Senado.