"Una cosa son las opiniones y otra, la legalidad". Este ha sido el argumento de la diputada del grupo parlamentario popular María del Mar Blanco para rechazar, este martes, la proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para instar al Gobierno a revocar la declaración de "utilidad pública" a la asociación ultraconservadora Hazte Oír. A pesar del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la iniciativa ha salido adelante.

El Gobierno considera que los fines de este grupo —conocido por organizar charlas para convencer de que la homosexualidad se cura, repartir folletos con mensajes homófobos en colegios y contratar autobuses para difundir mensajes contra la transexualidad— son "de interés general" y por eso la ley le otorga beneficios y exenciones fiscales.

Es la cuarta vez que el Congreso debate si Hazte Oír merece este privilegio que el Ministerio del Interior le otorgó en 2013 y que, a su vez, ha retirado a otros colectivos como la asociación Alba de Ayuda y Reinserción del Toxicómano, el Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español o la Federación de Planificación Familiar Estata. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PSOE, ERC, PNV y el Grupo Mixto han mantenido su voto a favor de revocar esa declaración a un colectivo "tenaz y persistente en humillar a sectores de la población española", ha afirmado la diputada socialista Ángeles Vázquez.

María del Mar García Puig, la diputada d'En Comú Podem que ha defendido la PNL ha insistido en que Hazte Oír "ha hecho de la incitación al odio su principal actuación" y que por ello "no puede mantener los beneficios que establece la ley". Sin embargo, el PP —que ha compartido con el resto de grupos el rechazo a la campaña tránsfoba del autobús— considera "improcedente" cualquier modificación. 

María del Mar Blanco ha recordado que existen varias decisiones judiciales que dieron luz blanca a los eventos de la organización y ha señalado que Hazte Oír cumplió con su deber de presentar al Ejecutivo sus cuentas y actividades en 2016 "sin que se observaran irregularidades" en ellas. La campaña contra los transexuales se produjo en 2017, por lo que la entidad tiene de margen hasta finales de junio de este año para presentar la memoria de actividades: "A partir de esa fecha, el Ministerio el Interior podrá valorar si la campaña va contra el ordenamiento jurídico o no", ha añadido la diputada conservadora, que ha adelantado que el Gobierno "no actuará al margen de los tribunales atendiendo solamente a un sector de la opinión pública". 

"Los políticos no podemos arrogarnos el papel de los jueces, aunque a algunos les guste mucho hacerlo", ha apostillado Blanco, que se ha quedado sola votando en contra de la iniciativa del grupo morado. Ciudadanos, que sí apoyó anteriores requerimientos, se ha abstenido después de que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea rechazara su enmienda, con la que los naranjas buscaban ampliar la petición a otras organizaciones "cuyos integrantes activos es´ten vinculados a grupos terroristas".