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El PP se quita responsabilidad de los incendios y dice, sin pruebas, que la mayoría son provocados

Feijóo busca desvincular la gestión de algunos barones como Mañueco en la magnitud de los incendios. Los conservadores sostienen que la mayoría de los fuegos son provocados y evita hablar de crisis climática y de falta de personal de extinción.

Fotografía tomada con un dron de una piscina y una construcción rodeadas por la superficie calcinada en el pueblo de San Cibrao, Oímbra, Ourense.
Fotografía tomada con un dron de una piscina y una construcción rodeadas por la superficie calcinada en el pueblo de San Cibrao, Oímbra, Ourense. Brais Lorenzo / EFE

El PP tiene una estrategia clara para diluir sus responsabilidades políticas en buena parte de los incendios forestales que sacuden España: el fuego es intencionado.  "En la mayoría de los casos, hay incendios porque la gente los provoca", dijo hace una semana Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, haciendo un llamamiento a intensificar las investigaciones para detener a "los pirómanos", además de pedir un endurecimiento del Código Penal.

A sus palabras, sin mención alguna a las denuncias de los sindicatos de bomberos sobre la precariedad y deficiencias en los operativos de extinción, se suman las palabras del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que responsabilizó sin pruebas a los movimientos conservacionistas y ambientalistas. "El tipo de territorio ha cambiado, las nuevas modas del ecologismo con los ríos... El ecologismo extremo no es la causa, pero sí uno de los elementos que hay que trabajar. Todos somos responsables del cuidado de los bosques", decía en una entrevista para la Cadena Ser. 

Ese "todos somos responsables" es la esencia de un discurso que, en cualquier caso, no es nuevo. Tal y como ha recordado Aitor Riveiro en eldiario.es, Feijóo ya dejó muestra de un argumentario similar tras los incendios que asolaron Galicia en 2017, apuntando directamente a un supuesto "terrorismo incendiario" que no tardó en ser desmentido por la propia Fiscalía de Medio Ambiente, entonces en manos del hoy fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ahora el PP vuelve a hablar de fuegos provocados sin aportar pruebas. De hecho, el propio Rollán explicó que las afirmaciones de su partido se construyen "en base a la experiencia" y a la supuesta información facilitada por los "técnicos". Una información que, por ejemplo, no ha trascendido a la esfera pública en Castilla y León, donde se han ubicado en sólo un mes dos de los peores focos de la historia reciente de España. "Lo que nos hace pensar y refrendar que hay una parte muy importante que son provocados o proceden de negligencias, es que tienen lugar cuando las temperaturas son muy elevadas, la humedad es muy baja, hay una presencia de vientos en ocasiones con diferentes ocasiones, y que no tienen lugar a cualquier hora del día, sino con el ocaso. Es decir, cuando empieza a ponerse el sol. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la principal herramienta para combatir los incendios forestales son los medios aéreos, y a lo largo de la noche no pueden trabajar", deslizaba el portavoz conservador.

El PP diluye así la responsabilidad de sus políticas en algunos de los lugares donde se han registrado grandes incendios, como Galicia o Castilla León. Se busca, de esta forma, compartir responsabilidad e, incluso involucrar al Gobierno central, a pesar de que las labores de prevención y extinción son competencia autonómica. Así lo deslizaba Feijóo la semana pasada cuando arguyó que "hay incendios naturales, pero también provocados por la mano del hombre" y pidió al Gobierno de Pedro Sánchez un incremento de la vigilancia en los montes por parte de las autoridades policiales y Guardia Civil. "Hay que ser implacable", dijo.

Los protocolos de extinción están en mandos del Gobierno autonómico y el Estado sólo entra en calidad de apoyo cuando así lo consideran las autoridades regionales. El caso castellano y leonés es el más llamativo, pues allí los sindicatos han denunciado la privatización de cerca del 90% de los servicios y la falta de personal debido a la prolongación de los presupuestos derivada del adelanto electoral de Fernández Mañueco. De hecho, algunas organizaciones profesionales han llegado a pedir la intervención del Estado ante la incapacidad de la Junta. 

A ello, se añade el desfase temporal del protocolo de prevención y extinción de Castilla y León, el INFOCAL, que lleva sin actualizarse desde 1999 y su texto no hace ninguna mención a la crisis climática ni sobre cómo ésta ha alargado los veranos y agregado nuevos riesgos. 

Pero el PP no sólo trata de desenfocar las deficiencias en la gestión forestal de sus barones territoriales. Tras el ideario que se ha ido asentando estas semanas en entrevistas y ruedas de prensa, se esconde un negacionismo climático del que el PP hace no mucho hacía gala. Si bien el PP lleva tiempo sin atreverse a rechazar abiertamente la existencia de una crisis ecológica, la formación conservadora ha mutado hacia unos postulados retardistas, que no dan la espalda al cambio climático pero si rechazan la urgencia y magnitud del problema. 

A esa tradición política se agrega el acercamiento a Vox en Castilla y León. Un partido, el ultraderechista, que directamente habla de "secta" cuando tiene que referirse a los problemas ambientales y ecosociales del presente, a pesar de que el consenso científico certifica que el clima está mutando como consecuencia de la quema intensa de combustibles fósiles. 

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