La presidenta de Castilla-La Mancha anunció hace meses su intención de acabar con los privilegios de los ex presidentes autonómicos en la región que gobierna, lo cual sólo afecta al socialista José Bono, ya que su sucesor, José María Barreda, renunció a ellos. Según el Gobierno de María Dolores de Cospedal, estos privilegios ascienden a 160.000 euros, contando dos secretarias, una oficina, coche oficial y un sueldo. Ahora, la Junta de Castilla-La Mancha ha cerrado una proposición de ley de reforma de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo que será tramitada por lectura única (con un único debate en las Cortes que evita las enmiendas de la oposición) por la 'sencillez de la norma', según el PP castellanomanchego. El PSOE autonómico asegura que no se opone a esta reforma, pero exigen, primero, que se debata y, segundo, que la reglamentación sea más dura y vaya más allá, ampliándola con la aprobación de un régimen de incompatibilidades o el acceso público a toda la contratación de la administración regional, por ejemplo.

En la Comunitat Valenciana, por su parte, el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno de Alberto Fabra rechazó esta semana en Les Corts -y por cuarta vez- la supresión de los privilegios de los ex presidents que planteaba el PSPV y que afectaría únicamente a Francisco Camps (2003-2011), ya que tanto el ex presidente socialista Joan Lerma (1982-1995) como los conservadores Eduardo Zaplana (1995-2002) y José Luis Olivas (2002-2003) renunciaron a ellos.

Camps dispone de escolta, conductor, secretaria y de un sueldo de 57.000 euros al año durante un máximo de 15 como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana y el PSPV -respaldado por Compromís y EUPV- ha pedido una vez más, por un lado, que se supriman al ex president la oficina de apoyo y, por otro, que su pertenencia  al CJC sea incompatible con otros cargos, incluido el de diputado raso que ostenta ahora y cuyo sueldo (33.000 euros brutos al año como mínimo más los complementos) el ex president ha sustituido por el doble que le supone el de consejero nato del CJC. La oposición ha pedido también que cuando un ex presidente sea condenado en sentencia firme por un delito que conlleve la inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público pierda con carácter definitivo todas las atribuciones, consideraciones y honores que le reconoce esta ley.

El Grupo Parlamentario Popular de Les Corts es el único que no ha hecho públicas sus retribuciones, aunque a principios de año, la oposición denunció que todos los diputados del PPCV cobran sobresueldos de hasta 2.500 euros, un dinero procedente de la subvención que el Parlamento valenciano otorga para actividades propias de la Cámara.