Han pasado más de treinta años desde la fundación del Partido Popular en el año 1989 —tras sustituir la antigua Alianza Popular de Manuel Fraga—y algunos de los argumentos esgrimidos por los conservadores bajo la tutela de José María Aznar en los años noventa, dirigidos contra el gobierno del socialista Felipe González, siguen hoy presentes en el discurso de Pablo Casado. Uno de ellos es el terrorismo de ETA, que cometió numerosos atentados mortales durante la época de Aznar y González, y cuyos actos siguen estando muy presentes en 2020, pese a que la banda terrorista se disolvió hace 10 años. 

En el año 1994 Aznar acusó al Gobierno de haber roto el consenso en la lucha antiterrorista al haber tomado "inaceptables" decisiones de excarcelaciones de presos de ETA sin tan siquiera informar previamente al PP. Un argumento prácticamente calcado del que actualmente emplea Casado, aunque según el líder del PP ahora forma parte del pago que el presidente Pedro Sánchez está haciendo a EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021.

Así lo señaló el pasado miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo. Casado rememoró el asesinato perpetrado por la banda terrorista en el año 1998 del concejal Alberto Jiménez Becerril y de su esposa. "¿Se imagina usted a Biden pactando con los terroristas del 11-S? ¿O a Macron con los del Bataclan? Pues ustedes pactan con los de Hipercor y Vic", inquirió. "El pacto con Bildu le va a perseguir toda la vida", dijo, a lo que Sánchez le respondió:  "Ya estamos con el libro viejo del PP en la oposición: ETA, el español perseguido en Catalunya y los que rompen en España".

Lo cierto es que el acercamiento de los presos condenados por terrorismo ha sido una crítica recurrente para los populares en la oposición, pero que luego ellos mismos han realizado cuando se encontraban en el Gobierno. Es el caso de José María Aznar y también el de Mariano Rajoy. Durante los gobiernos del primero se acercaron al País Vasco a 426 presos etarras, en los del segundo hasta 28 de ellos pasaron a estar en regímenes más flexibles. 

Sin embargo, ello no impidió que Mariano Rajoy también criticara a José Luis Rodríguez Zapatero cuando el socialista era presidente del Gobierno. En el año 2006, un Rajoy líder de la oposición, acusó a Zapatero de "agredir" y "traicionar a las víctimas" y respaldó una decena de manifestaciones contra él, utilizando de ariete a algunas asociaciones de víctimas. "Es una acusación muy grave", le contestó el expresidente socialista. "Es igual que usted no me lo acepte, me trae completamente sin cuidado", contestó el conservador.

Las cesiones a Catalunya

La nueva ley educativa que el Ejecutivo ha aprobado esta semana en el Congreso y con la que se quiere poner fin al proyecto heredado del PP no ha encontrado apoyos en la derecha. Tanto Partido Popular, como Vox y Ciudadanos han amenazado con llevarla a los tribunales si se incluye la enmienda pactada por los partidos del Ejecutivo junto a Esquerra Republicana de Catalunya para que el castellano deje de figurar como lengua vehicular y que enmarca esta cuestión en los estatutos de las comunidades.

Para el Gobierno esta enmienda no supondrá la desaparición del castellano en las escuelas, como así profetizan desde la derecha desde hace años. Desde el PSOE y Unidas Podemos destacan que esta norma ya estaba en vigor antes de aprobarse la Lomce, conocida popularmente como ley Wert, en el año 2013. Sin embargo, para Pablo Casado el Gobierno de coalición "ha cruzado una línea roja" porque "a cambio" de aprobar los Presupuestos ha decidido "excluir" el castellano "como lengua vehicular en toda España".

En el caso del PP de Rajoy, la crítica a Zapatero se basó en una letal oposición al Estatut de Catalunya, que llevó hasta los tribunales. En 2004 el socialista lo pactó con el entonces líder de CiU, Artur Mas. El mismo estatut que sería refrendado por los ciudadanos catalanes en junio de 2006 y que el PP impugnaría ante el Tribunal Constitucional unas semanas después, en julio de ese mismo año. El mismo Estatut, en suma, que el Constitucional amputaría en una recordada sentencia que tardó cuatro años en alumbrar.

José María Aznar siempre se ha mostrado muy crítico con las "concesiones" al nacionalismo, excepto cuando él gobernaba. En el año 2017 aseguró que la independencia de Catalunya no se solucionaba "dando un premio a los secesionistas" ni reconociendo "privilegios" a Catalunya. "Se puede dar parte de la razón se puede dar al contado o a plazos, yo no soy partidario", destacó.

Sin embargo, tras la victoria del conservador en el año 1996, Aznar todavía necesitaba a los nacionalistas catalanes para hacerse con el poder. CiU, el partido dirigido por el president Jordi Pujol cifró en 400.000 millones de pesetas (más de 2.400 millones de euros) la cantidad que percibiría Catalunya entre 1.996 y 2.000. Las cuentas incluían la cesión del 33% de lo recaudado a través del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de impuestos especiales y la cesión de nuevas competencias. Como hiciera González, también Aznar abrió la puerta a introducir ministros de partidos nacionalistas en su gabinete. Nunca ocurrió. Pujol rechazó la oferta.

La "ruina económica" de los gobiernos socialistas

La lucha contra el paro y las soluciones a la crisis ocuparon gran parte del segundo debate televisivo entre Felipe González y José María Aznar, según expone El País en una crónica de la época. Hacer frente a la "ruina" del gobierno socialista se convirtió en la cuestión principal a destacar para el conservador. Un argumento que han expuesto de manera recurrente los líderes del PP cuando estaban en la oposición. Para Rajoy fue la "herencia recibida" de Zapatero y ahora Casado utiliza para la crisis del covid-19 y las previsiones del Fondo Monetario Internacional para desacreditar al Gobierno.

Los Presupuestos "no se los cree nadie", dijo recientemente Casado, que recuerda cada vez que puede que el Banco de España y la Airef han afirmado que esas "no cuadran", mientras que la Comisión Europea no ve mal, a priori, el proyecto del Ejecutivo de coalición.  "Son unos presupuestos que ponen palos en las ruedas a la recuperación económica", aseguró. 

A juicio del conservador, el presidente Pedro Sánchez sube "más de ocho mil millones de euros los impuestos a las clases medias" con estas Cuentas Públicas. Sin embargo, estos Presupuestos afectan especialmente a las clases altas y no a las medias como asegura Casado. Según la partida presentada por el Ejecutivo se incrementará el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, a las rentas a partir de 300.000 euros y a los grandes patrimonios.

"Con sus argumentos, el PP busca hacerse con el votante más moderado de los socialistas"

"El PP cuando está en la oposición trata de explotar aquellos temas que más desgastan al Gobierno y que buena parte de la base del argumento que explotan está en el imaginario colectivo del electorado español", opina el politólogo Eduardo Bayón, editor de Debate21 y especialista en asesoramiento en comunicación política, asuntos públicos y estrategia. "Tras la derrota electoral de 1993 el PP se centró en la corrupción y los GAL como temas estrellas con los que tensionar el debate político, además de la cuestión económica que ya por aquel entonces vivía una de sus tantas crisis", señala sobre el legado de Aznar.

Sobre la oposición de Mariano Rajoy, Bayón señala que tras la salida del gobierno en 2004, "el PP de Rajoy intentó capitalizar la discusión que giraba en torno a la lucha terrorista contra ETA y la organización territorial del Estado, especialmente la referida a Catalunya". Además, apunta que "con el inicio de la crisis de 2008 la cuestión económica volvió al centro del debate".

El politólogo explica que es "una especie de bucle que ahora se repite" y que, "responde a la necesidad de que los temas en los que el PP es percibido como mejor gestor sean protagonistas". Se trata de una doble función, puesto que también, según Bayón, persigue desgastar al PSOE "al menos ante el electorado más moderado de los socialistas", por ello utilizan constantemente acusaciones de "chavismo" y "socialcomunismo", que "puede ser más sensible al debate territorial, identitario o económico. "Actualmente el PP ya no solo busca tener movilizado a su propio electorado y desmovilizar al del PSOE, sino que intenta conservar su base electoral ante las posibles fugas de votantes hacia Vox".