El Partido Popular de Extremadura, que lidera el presidente de la comunidad, José Antonio Monago, quiere dotar de 'coherencia' su decisión del miércoles de aprobar un texto instando al Gobierno de Mariano Rajoy a 'frenar' la reforma de la ley del aborto hasta que haya el suficiente consenso entre los partidos que conformar el arco parlamentario nacional.

Para ello, según fuentes del PP, miembros del partido conservador en Extremadura están intentando convencer a sus homólogos en el Congreso de los Diputados para que no respalden el texto del Ministerio de Justicia si, como asegura su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, las modificaciones que se le hagan durante el trámite parlamentario no son 'sustanciales', esto es, no introducen el supuesto de malformación del feto, 'como mínimo'.

Para Monago, 'nadie puede obligar a una mujer a ser madre', por lo que 'la ideología no debe introducirse en asuntos de Estado', sentenció en su discurso navideño. El pasado miércoles, sus diputados secundaron su postura, proponiendo a Rajoy que cree una normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo 'más acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy'. Además, la Asamblea de Extremadura instó al Ejecutivo nacional a paralizar la actual propuesta de Gallardón hasta que se logre consensuar una ley con el resto de fuerzas parlamentarias.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, ya adelantó hace una semana que habría cambios en el anteproyecto de Gallardón, porque ningún texto que pasa por el trámite parlamentario se ha aprobado sin ellos. Sin embargo, consciente de la amenaza de discrepancias que sobrevuelan a un grupo tan amplio (185 diputados) en un tema que ha levantado muchas ampollas en el seno del PP, Alonso advirtió de que sus diputados actúan 'desde la unidad' en las votaciones. El número uno del PP en el Congreso aceptaba, sin embargo y ya de entrada, que esa 'unidad' no incluía el apoyo de Celia Villalobos, vicepresidenta del Parlamento, cuya posición a favor del aborto es de sobra conocida.

Alonso ya advirtió de que los diputados del PP actúan 'desde la unidad'

De los 185 diputados que componen el grupo parlamentario, seis pertenecen a Extremadura: Carlos Floriano y Concepción González, por Cáceres, y Teresa Angulo, María Piedra Jiménez, Bibiano Serrano y Cristina Suárez-Bárcena, por Badajoz. Ninguno de ellos ha respondido a este diario sobre su postura al respecto de la contrarreforma de Gallardón y desde el Grupo Parlamentario Popular se han limitado a recordar que el texto 'aún no es un proyecto de ley que haya que votar ya', argumento que han utilizado como excusa para que los citados diputados no se pronuncien al respecto.

Tampoco el PSOE ha obtenido respuesta alguna, después de que la responsable de Igualdad del partido, Purificación Causapié, instara a Floriano, tras conocer el miércoles la noticia llegada desde el PP extremeño, a posicionarse al respecto. El vicesecretario general de los conservadores es, precisamente, antecesor de Monago, quien rechazó 'hasta tres veces, como Judas' —en palabras de Causapié— el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada. Un motivo más —según los socialistas— para que diga si está o no de acuerdo con la posición crítica del actual presidente autonómico.    

Las fuentes conservadoras citadas anteriormente, por su parte, dan por hecho que estos parlamentarios están en un proceso de 'reflexión' y por eso no se han pronunciado oficialmente, aunque confían en que se acaben sumando a sus compañeros de formación autonómica.

También asumen que Carlos Floriano, como número tres del PP nacional, acatará la posición oficial del partido 'sí o sí', pues debe anteponer su puesto en la dirección nacional a su adscripción a la comunidad extremeña. En este sentido, recuerdan como ejemplo las palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, apelando a su puesto de número dos del partido para evitar pronunciarse sobre la ley Gallardón.