Cuando las elecciones del 23 de julio de 2023 generaron un Congreso con la mayoría necesaria para investir a Pedro Sánchez y un Senado con mayoría absoluta del Partido Popular (PP) fue fácil vislumbrar un escenario de choque institucional. El tiempo así lo ha demostrado. Con el movimiento de este lunes, los de Feijóo han retado ―de nuevo― al Congreso tumbando una ley sin seguir el procedimiento establecido, otra maniobra para dar potencia a un Senado que el PP está utilizando como una herramienta más de oposición al Gobierno.

Fuentes del PSOE deslizan que el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, habría incurrido en una ilegalidad al haber declarado como vetada la ley de conmutación de penas en el extranjero ―que se calcula que beneficiará a unos 40 presos etarras― "al haberlo hecho fuera de tiempo", sin seguir "los procedimientos previstos en el Reglamento de la Cámara Alta" y vulnerando el derecho de los senadores al haberse producido un debate de veto sin que ellos mismos lo supieran.

La cuestión tiene un fondo político y otro institucional. El enredo comenzó cuando El Confidencial sacó a la luz, el día 7 de octubre, que una enmienda de Sumar, apoyada por todos los partidos de la Cámara, a la "modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea" abría la puerta a la acumulación de penas a los presos de ETA en el extranjero.

Fue un cataclismo político en las filas del Partido Popular. La posición oficial de Génova es que su apoyo a dicha medida fue un error de sus diputados presentes en la ponencia en la que se votó la enmienda. Sin embargo, algunas voces como la de la diputada Ana Vázquez, tal y como informó El País, deslizan que se votó conscientemente.

Fuera como fuere, ese lío político empezó a derivar, paso a paso, en un embrollo institucional. El Senado, que tenía previsto votar el 8 de octubre la reforma, frenó el procedimiento para retrasarla y exigió al Gobierno que retirase la enmienda que beneficia a los presos de ETA. Primer movimiento, aunque sin efecto. El Ejecutivo hizo caso omiso aduciendo que se trata de una iniciativa que, por un lado, iguala a los ciudadanos españoles a los de el resto de la UE y, por otro, constituye un paso más para superar uno de los capítulos más negros de la historia reciente española.

El PP, por su parte, insistía ―e insiste― una y otra vez en que se trata de un acuerdo del Gobierno con EH Bildu a cambio de sus votos, algo que niegan las dos partes implicadas. 

Las piezas llegaron colocadas de ese modo al pleno del Senado de este lunes, día 14 de octubre. El PP no había registrado ninguna enmienda ni ningún veto porque estaba fuera de tiempo, por lo que, según el procedimiento oficial, el Senado solo podía aspirar a posicionarse en contra de la reforma, pero no a tumbarla y devolverla al Congreso. Así figuraba, incluso, en el orden del día facilitado por el PP.

Sin embargo, para sorpresa de todos, una vez el pleno de la Cámara Alta hubo votado en contra de la ley, el presidente del Senado, Pedro Rollán, anunció que a la luz de lo dispuesto por los letrados del Senado en un informe solicitado por la Mesa (hasta ese momento desonocido y fechado el 11 de octubre), la reforma quedaba vetada y la ley se devolvía al Congreso.

En ese documento, al que ha tenido acceso Público, la secretaría general de la Cámara aduce que, pese a no haberse seguido los procedimientos reglamentarios, el posicionamiento en contra de la mayoría absoluta del hemiciclo debe traducirse en un veto. Lo contrario, dice, sería darle demasiado valor a la "formalidad".

Se trata, como reconocen los propios letrados, de una resolución inédita y que el Congreso ha rechazado totalmente este martes mandatando la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes de la presidencia de la Cámara Baja señalan que "no opinan sobre lo que haga el Senado", pero que no les han dejado otra opción que plantarse.

Está por ver, en este punto, cuál es la reacción del Senado. Empiezan a sonar ecos de una posible presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC), toda vez que, de facto, el Congreso ha desoído un mandato del Senado al considerarlo fuera de la legalidad. El PP mantiene el silencio.

¿Qué dicen la Constitución y el Reglamento?

Fuentes del PSOE en el Congreso ponen sobre la mesa el artículo 90.3 de la Constitución y los 106 y 107 del Reglamento del Senado, que tiene carácter de ley orgánica. Este último es bastante claro en su artículo 107.2: "Las enmiendas y las propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa".

Eso es algo que el PP no hizo. Ahí es donde entran los letrados del Senado, que argumentan que, a pesar de que no se haya registrado por escrito ninguna enmienda ni veto, el voto de la mayoría de la Cámara es suficiente para vetar la ley. Es una decisión sin precedentes que desde el PSOE califican de peligrosa para la integridad de las instituciones porque daría un poder casi total a la mayoría. "En democracia, una mayoría absoluta no lo puede todo. No puede ir en contra de la Constitución ni de una ley orgánica", explican.

Un poco más de miga tiene la cuestión de los tiempos. El artículo 90.3 de la Carta Magna da un plazo de veinte días naturales al Senado para pronunciarse sobre las iniciativas que llegan desde el Congreso. Por tanto, el PP habría vetado la ley fuera de plazo, toda vez que el Congreso remitió el texto el 19 de septiembre y, por tanto, al hablar la Constitución de "días naturales", el tiempo se habría cumplido el domingo 13 de octubre. El 14, cuando se votó, quedaría fuera.

No obstante, en este caso, los letrados del Senado argumentan que el artículo 135.5 del Reglamento de la Cámara Alta apunta que en el caso de que algún plazo "concluya en día inhábil se entenderá prorrogado al día hábil siguiente".

Por su parte, los servicios jurídicos del Congreso dan prevalencia a la Constitución sobre el Reglamento del Senado y consideran la votación fuera de tiempo. Por todo ello ―la cuestión temporal y la procedimental― la Mesa del Congreso ha remitido la ley al Gobierno para que la publique en el BOE y, a continuación, entre en vigor. 

De todas formas, con su movimiento, el Partido Popular envía un claro mensaje al Congreso, como ya hizo cuando modificó el artículo 133 del Reglamento del Senado para retrasar la ley de amnistía. Está dispuesto a llevar al límite la minería parlamentaria para hacer del Senado uno de los fuertes desde los que hacer oposición al Gobierno.