El período para presentar enmiendas y vetos a la Ley de Amnistía en el Senado terminó el 9 de abril. En otras palabras, los grupos parlamentarios que componen la Cámara Alta tuvieron hasta ese día para presentar sus objeciones. Solo Partido Popular (PP) y Vox lo hicieron. Después, sin embargo, los populares han promovido un desfile de expertos en la Comisión Constitucional-Justicia, la que tramita la amnistía, para que se pronuncien sobre la norma. Fuentes de varios grupos parlamentarios lo tachan de "ruido".

Lo cierto es que, una vez cerrado el período de enmiendas y vetos, las comparecencias de los expertos no sirven a los grupos para generar posibles enmiendas a la Ley de Amnistía. Fuentes de Partido Socialista (PSOE), Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya o Bloque Nacionalista Galego (BNG) afean que el PP anuncie que llama a los expertos, muchos de ellos catedráticos en diferentes ramas del derecho, para generar debate, pero que lo haga "cuando ya no es útil para la actividad parlamentaria", tal y como señalan, en concreto, desde ERC.

El PSOE insiste en que "lo que se está observando desde que la Ley de Amnistía entró en el Senado es que el PP está estirando los plazos de una manera artificial, retorciendo el Reglamento y buscando toda clase de subterfugios para mantener viva una supuesta oposición a la tramitación". Fuentes socialistas circunscriben el desfile de expertos por la Comisión en esa estrategia.

El lunes comparecieron en comisión los catedráticos de Derecho Penal Enrique Gimbernat (Universidad Complutense de Madrid), a propuesta del PP, y Manuel Cancio (Universidad Autónoma Madrid), a propuesta de ERC. Este martes, lo hicieron Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo, también de la Complutense y también a propuesta de los populares, y Luis María López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, de la mano del Partido Socialista. Faltarán 11.

PSOE, ERC, Junts y BNG coinciden en la misma idea: "El debate podría ser positivo si no se hiciera fuera de tiempo. En este caso, es estéril". De todas formas, ni PSOE ni ERC ni Junts han renunciado a aportar expertos que defienden su visión de la ley. Cancio la defendió el lunes, el PSOE aporta a tres catedráticos y Junts per Catalunya a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y uno de los arquitectos de la ley. Boye comparecerá, según ha podido saber Público, la semana del 29 de abril al 3 de mayo, aunque aún no se conoce la fecha con exactitud.

En total, comparecerán en comisión ocho expertos de la mano del PP; el PSOE traerá a tres y Vox, ERC, Junts per Catalunya y el grupo de Izquierda Confederal, a uno cada uno de ellos. Por parte de la formación de extrema derecha, no comparecerá ningún catedrático en la materia —como la gran mayoría de los expertos que aporta el resto de los partidos—, sino Marta Castro, la coordinadora jurídica del partido. En cualquier caso, el equilibrio —nueve comparecientes contrarios a la amnistía, frente a seis a favor— no existe.

Fuentes del Partido Popular, que defiende las comparecencias de los expertos son necesarias para fomentar el debate entre expertos alrededor de la constitucionalidad de la amnistía, explican a Público que "no hubo tiempo" para colocar las comparecencias antes de que finalizase el período de enmiendas. En concreto, la ley entró en el Senado el 15 de marzo, la Mesa la calificó el 19 y el primer plazo de enmiendas tenía como límite el día 3 de marzo. Después, se amplió al 9. Alrededor de una quincena de días hábiles entre que la Mesa calificó la proposición de ley y terminó el plazo de enmiendas.

En ERC entienden la estrategia del PP en el Senado como "un ataque constante", pero no renuncian a "defender la Ley de Amnistía y los intereses de Catalunya en cualquier escenario". En el BNG coinciden y señalan que los populares pretende utilizar, una vez más, la Cámara Alta como la extensión de los despachos de Génova. "Si de verdad quisiesen la opinión de los comparecientes para el posterior registro de enmiendas, podían haber solicitado las comparecencias con anterioridad y no haber perdido el tiempo con el conflicto de competencias Congreso-Senado". 

Junts descarta que el PP quiera llevar a cabo "ningún tipo de debate constructivo" y sitúa la ronda de comparecencias en el mismo marco que el debate de presidentes autonómicos en el seno de la Comisión de Comunidades Autónomas, del que emanó un informe en contra de la amnistía, o de todos los informes que se han pedido a distintos órganos internos y externos del Senado. Todos ellos, no vinculantes.

Límite, el 16 de mayo

De todas formas, PP y Vox —las dos formaciones que han presentado vetos— tienen que plantarse ante la Ley de Amnistía antes del 16 de mayo, el límite para que vuelva al Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra para su aprobación. Todavía es una incógnita cuándo se celebrará el Pleno, una fecha que cobra especial relevancia habida cuenta de que las elecciones catalanas se celebrarán el 12 de mayo, cuatro días antes de que termine el plazo.

En la página web del Senado todavía aparecen en rojo las sesiones plenarias de la semana previa a las elecciones, algo extraño, toda vez que la costumbre parlamentaria es que no se celebren Plenos en los días previos a la cita electoral. Algunas fuentes parlamentarias deslizan que el PP podría estar valorando colocar el cénit de su lucha contra la amnistía —el veto en el Senado— en vísperas de las elecciones de Catalunya, sin esperar al día 16. En cualquier caso, es algo que todavía no han confirmado en Génova.