El goteo de acuerdos de gobierno, municipales y autonómicos, entre PP y Vox ha dejado en evidencia las prioridades de las derechas. La ultraderecha impone su agenda y los de Alberto Núñez Feijóo tampoco han tenido reparos en ello. En un mes, los pactos han anticipado que en la próxima legislatura los nuevos ejecutivos harán todo lo posible por romper los consensos sociales alcanzados en las últimas décadas. Las leyes de memoria democrática serán derogadas; las políticas que buscan erradicar las violencias machistas serán suprimidas; y numerosos consistorios ya han ordenado retirar la bandera LGTBI+ en plena semana del orgullo. 

La defensa del medio ambiente no quedará al margen de las polémicas. En las últimas semanas, el PP ha exhibido su cara más negacionista y ha acordado con Vox medidas que van en contra del consenso científico y que, además, marchan en dirección opuesta a lo que pide Europa. 

El caso más llamativo es la destrucción de infraestructura ciclista. Lo que ya hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras suceder a Manuela Carmena en 2019, ahora ha sido reeditado en algunos de los bastiones más importantes de las derechas, donde los nuevos gobiernos municipales han anunciado que eliminarían decenas de kilómetros de carriles bici para dar prioridad, de nuevo, al coche.

Elche, Valladolid, Palma de Mallorca o Gijón, donde ahora gobierna Foro Asturias, son algunas de las urbes en las que la movilidad en bicicleta tiene los días contados. Paradójicamente, muchos de los carriles bici que serán eliminados fueron construidos gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation.

La decisión no choca solo con el nuevo modelo urbano que se quiere impulsar desde Europa, uno más sostenible y menos contaminante, sino que desoye por completo lo dictado por los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que en su informe de 2022 reclamaban incentivar infraestructuras ciclistas y el uso de bicicleta para mitigar el cambio climático en las ciudades. 

Más regadío para un país sin agua

El otro punto caliente tiene que ver con el agua. En el País Valencià, PP y Vox rubricaron un acuerdo de gobierno conformado por 50 puntos programáticos que vertebrarán las políticas públicas de la próxima legislatura. Entre ellos, destaca el apartado 22 por el que ambas formaciones se comprometen a ampliar los regadíos del sector agrícola valenciano.

Una decisión que llega tras una año marcado por la sequía y por la falta de disponibilidad de agua para regadío en algunas zonas como Alicante, cuyas cosechas tienen una gran dependencia del trasvase de agua desde el Tajo. De hecho, las políticas hídricas impulsadas desde Transición Ecológica ya han causado tensiones en el País Valencià, puesto que el Gobierno central ha rebajado el agua bombeada desde el Tajo para garantizar que este conserva un caudal ecológico estable y sano.

En Extremadura, el pacto de María Guardiola con Vox ha ido en la misma línea de apostar por el regadío, a pesar de que Extremadura es una zona donde predominan los cultivos en secano como el olivar. Actualmente, la región es una de las más azotadas por la sequía y sus embalses están al 47,32%, un 15,64% por debajo del nivel medio de la última década.

Aumentar la superficie de hectáreas de regadío supondría elevar el consumo de agua en una región que, según el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, dispone ya de un índice semiárido en Badajoz y en toda la mitad sur de Cáceres. En otras palabras, PP y Vox prometen un agua que no existe.

La gestión forestal, en manos de la ultraderecha 

Vox también ha conseguido hacerse con las competencias en la gestión forestal. La ultraderecha, que ha negado abiertamente la emergencia climática, será la responsable de dar respuesta a la conservación de los montes y desarrollar políticas de prevención de incendios. El precedente de Juan García-Gallardo en Castilla y León es revelador. El actual vicepresidente aseguró que "las políticas verdes" y el "ecologismo radical" son las principales causas de los incendios y obvió la falta de medios y el papel clave que juega el cambio climático en intensificación del fuego.

La formación de Santiago Abascal ya ha manifestado su interés de hacer compatibles la gestión del monte con el desarrollo económico y se espera que la nueva coalición trate de revisar el estatus de algunos espacios protegidos, como aquellos que se encuentran dentro de la Red Natura 2000. No en vano, eliminar espacios protegidos no es tarea fácil ya que cualquier cambio debe ser aprobado por Bruselas. Según el pacto de gobierno, la ultraderecha también quiere impulsar un cambio en las "políticas verdes" que rigen las ayudas de la PAC, de tal forma que las subvenciones no dependan tanto de criterios de sostenibilidad como de rentabilidad. 

También en Extremadura se pretende dar un giro radical a las políticas extractivistas que, durante muchos años, han generado oposición social. Con la rúbrica de su acuerdo de gobierno, las derechas pretenden "favorecer la explotación" de sus "propios recursos" energéticos, lo que supone la posible llegada de nuevos proyectos mineros de litio, tierras raras, zinc o uranio, entre otros.