El Partido Popular lo tiene claro: la solución a la crisis de precios de la vivienda "viene del incremento de la oferta". "La solución para que se contengan los precios de la vivienda y puedan disminuir es precisamente eso, incrementar la oferta de vivienda, porque vemos que se está agrandando la brecha entre la producción de hogares y la oferta de vivienda. ¿Cómo generamos que se construya y se rehabilite más vivienda? Poniendo más suelo en el mercado [...] suelo privado y suelo público", apuntó este lunes la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín.

Martín, senadora y diputada en la Asamblea de Madrid, está al frente de las políticas de vivienda del PP y ha sido la responsable de elaborar la ley que presentarán en las próximas semanas. "Un proyecto que incluye medidas para liberar suelo y reducir los plazos para la construcción de vivienda, eliminando burocracia y agilizando trámites", según explicó este martes.

Más suelo, menos impuestos

Así, el PP de Alberto Núñez Feijóo apuesta por más suelo y más vivienda nueva —sobre todo la denominada vivienda asequible— y menos impuestos para inquilinos y propietarios. Por ello dos de sus propuestas estrella son la bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares para la compra de vivienda y la deducción en el IRPF de los contratos de arrendamiento de inmuebles que salgan al mercado del alquiler tras dos años en desuso.

La tercera pata de su plan pasa por endurecer los requisitos para obtener la condición de vulnerabilidad y así facilitar los desahucios por impago del alquiler. La actual ley de vivienda impide teóricamente los desahucios de las personas en situación de vulnerabilidad económica, que se otorga a las unidades familiares que ingresan 1.613,52 euros al mes, 1.667,30 euros si tienen hijos o personas mayores a cargo y 1.694,19 euros en el caso de las familias monoparentales. Para calcular este umbral el Gobierno multiplica por tres el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice de referencia para la concesión de ayudas y subsidios.

Vulnerabilidad económica en 1.050 euros, menos del SMI

El PP, que quiere luchar contra la "inquiocupación" —un nuevo término acuñado por la derecha para referirse a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler—, sostiene que muchos propietarios no arriendan sus viviendas porque temen encontrarse con arrendadores que no pagan y se declaran en situación de vulnerabilidad, por lo que proponen rebajar ese umbral económico. Los populares quieren que pase a estar en los 1.050 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Según sus tesis, muchos propietarios están exigiendo nóminas por encima de los 1.800 euros para blindarse ante posibles casos de impago, lo que dificulta el acceso a la vivienda de jóvenes con salarios inferiores. Rebajar la condición de vulnerabilidad económica a los 1.050 euros mensuales por unidad familiar, sostienen, revertiría esto. Pero también facilitaría los desahucios de muchas familias.

Eliminar las zonas de mercado tensionado

Además, también abogan por "eliminar las fracasadas zonas de mercado tensionado y el intervencionismo". El PP asegura que los "expertos" coinciden en que esta medida —que apenas lleva unos meses en vigor y solo está siendo aplicada en Catalunya— no está funcionando. Según el último informe del Colegio Notarial de Catalunya, del mes de julio, el precio de la vivienda cayó un 3,1% tras la declaración de zona tensionada. 

Las administraciones del PP se han rebelado contra la ley de vivienda del Gobierno aprobada en 2023 y se niegan a aplicar la limitación a los precios del alquiler a través de la declaración de zonas tensionadas. Esto ha provocado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenace a las comunidades del PP con reducir su financiación. "No puedo tratar por igual a aquel que está cumpliendo con la ley, que está haciendo esfuerzos y dando respuesta a sus conciudadanos, que a quien, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso", aseguró en una entrevista en Televisión Española.

Por el momento los populares no se toman muy en serio esta amenaza y persisten en su intención de no aplicar la ley. Antes de que finalice el año Pedro Sánchez convocará la conferencia de presidentes y tiene intención de hacerla girar sobre la crisis de la vivienda que atraviesa España. Feijóo, por su parte, pretende que sus barones vayan "todos a una" en la defensa de su modelo, que algunos territorios ya están poniendo en práctica.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla está tramitando una nueva ley de vivienda que propone, en esencia, el regreso al modelo del ladrillo que impulsa Génova. La norma, cuyo borrador se puede consultar aquí, abandona la concepción de la vivienda como bien social y la objetiva como un bien patrimonial, volviendo al espíritu de hace dos décadas que ya causó grandes desperfectos en España tras la caída de Lehman Brothers.