Los pasillos de Bruselas reconocen, en público y en privado, que la oposición que articula el PP en las instituciones comunitarias es un caso sui generis en la Unión Europea.

La pasada semana, los populares europeos propulsaron un debate sobre la situación del Estado de Derecho en el país, en un intento con equipararlo con el debilitado estado del poder judicial en Hungría y Polonia. El Pleno de Estrasburgo se convirtió en una prolongación del Congreso de los Diputados y de su ya habitual crispación. Y todo ello llega a cinco meses de que España tome las riendas de la que será su quinta Presidencia del Consejo de la UE.

"España no tiene un problema con el Estado de Derecho, lo tiene con su oposición, que no sabe lidiar con la extrema derecha. Patriotismo también es hablar bien de un país en la UE. No veo ningún otro partido que haga esto en esta cámara. Bajen del monte", afirmó desde el atrio de la ciudad gala el eurodiputado socialista Iban García.

"Han empezado una campaña de boicot a la Presidencia [española de la UE] en un ejercicio de deslealtad. No conozco partido político más desleal con los intereses de su país. Ladran, luego cabalgamos", coincidió Ernest Urtasun, de Los Verdes.

Ya hace unos meses, el denostado exlíder del PP, Pablo Casado, abanderó esta campaña de desprestigio en la capital comunitaria en torno a los fondos europeos. Algo que desde el Gobierno calificaron de "desleal", "antipatriótico" y "en contra de los intereses del país".

En esta ocasión, la estrategia de los de Feijóo en Bruselas ha sido centrar el debate en torno a la situación judicial en una España tensionada por la reciente elección del presidente del Tribunal Constitucional, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, las reformas en el Código Penal y los efectos colaterales de la ley del solo sí es sí, que ha permitido rebajar las condenas a más de 200 criminales sexuales.

"España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, de deterioro institucional y de irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones de su Gobierno", aseguró Dolors Monstserrat, líder del PP en la Eurocámara, al inicio del debate.

La obsesión y prioridad de la Comisión Europea es que España ponga fin al bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una situación prolongada ya desde hace 1.510 días y de la que se responsabilizan mutuamente PP y PSOE. Esta es la mayor mancha en los últimos informes del Ejecutivo comunitario sobre la radiografía del Estado de Derecho en los Veintisiete.

Lo que preocupa a Bruselas

El de este año llegará durante la Presidencia española. El tema amenaza con convertirse en una de las grandes chinas del zapato para los de Sánchez en esta andadura con la batuta europea. En las filas de Von der Leyen también preocupa el apremio, rapidez y laxas consultas con las que el Ejecutivo español está acometiendo reformas de tanto peso.

Otra de las arterias nacionales que ha intentado europeizar la oposición española es la reciente reforma del Código Penal, que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación. La lucha contra la corrupción a altos niveles en España es otro los aspectos que preocupan en Bruselas. La Comisión Europea ha señalado que el aspecto de la sedición es competencia única de los Estados miembros, pero sí va a revisar si la reforma de malversación puede poner en riesgo "los intereses financieros de la UE". Unas medidas que han sido muy cuestionadas entre el PP y Ciudadanos en Bruselas.

Energía y derechos fundamentales

Desde antes del estallido de la guerra –que ha puesto patas arriba las alianzas, el mercado y las infraestructuras energéticas de la UE–, España se ha situado a la vanguardia de las iniciativas y de las medidas adaptadas para frenar los precios récord de la luz y adaptar el obsoleto sistema a las realidades de la nueva era. Es un hecho que la crisis energética ha fortalecido la figura y la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez en el seno europeo.

Ideas como la excepción ibérica, el impuesto a las eléctricas, el tope al precio del gas o la reforma profunda del mercado energético de la UE tienen sello español y eran impensables hace un año.

En este apartado, el PP también ha tocado hueso. El propio Feijóo viajó a Bruselas cuestionando muchas de estas medidas, aun cuando eran bien recibidas, acogidas e impulsadas por la propia Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y también de la familia popular.

"El debate ha sido motivado por las ambiciones electorales de un partido sedicioso que lleva cuatro años violando la Constitución y difundiendo la idea de que el Gobierno español es ilegítimo solo por el hecho de que no están en el poder. A pesar del PP, estamos a la vanguardia de Europa en la protección de derechos fundamentales", aseguró María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos.

España tiene la factura de la luz más baja de Europa. También la menor inflación de la Eurozona. Y ha puesto en marcha legislaciones como el ingreso mínimo vital o la ley de memoria histórica.

El camino hacia la Presidencia

Con estos debates monográficos y politizados, la gran perdedora es la imagen de España en Bruselas. Los eurodiputados de Hungría y Polonia aprovecharon para equiparar el marco jurídico español a los suyos, cada vez más debilitados por el órdago contra la separación de poderes llevado a cabo por los gobiernos ultraderechistas liderados por el PiS polaco y el Fidesz húngaro.

Ambos países están bajo el Artículo 7 de los tratados, el instrumento concebido para proteger los derechos y valores europeos fundamentales. Y una herramienta que no amenaza con activarse contra España.

El 2023 será un año muy intenso, y en consecuencia tenso, en España. Las elecciones municipales de mayo serán el gran termómetro de los cruciales comicios generales de diciembre. En el ecuador del año, el 1 de julio, el país asumirá las riendas de la Presidencia del Consejo de la UE. El impacto de los intereses electoralistas a ambos lados, el bloqueo del CGPJ o la campaña de desprestigio de la oposición al Gobierno de Sánchez se perfilan como los tres grandes lastres que amenazan con empañar la quinta Presidencia española de la UE.