Confirmado: el equipo de gobierno de PP y C’s elimina los presupuestos participativos en Zaragoza, una de las herramientas de intervención de la ciudadanía en la gestión municipal que comenzó a aplicarse en la capital aragonesa la pasada legislatura y que, aunque con una intensidad menor que la inicialmente prevista, permitió que entidades y particulares señalaran las necesidades reales de la ciudad, como más carriles bici y mejoras en las escuelas.

El alcalde, Jorge Azcón (PP), la vicealcaldesa Sara Fernández (C’s) y su concejal de Hacienda, María Navarro (PP), confirmaron este viernes que las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza no tendrán el año que viene ninguna consignación para los presupuestos participativos y que se limitarán a ejecutar las obras pendientes en varios centros de enseñanza que se llevaron por delante los primeros recortes de la legislatura.

La movilización ciudadana que generó esa decisión, especialmente entre las ampas de las escuelas, provocó una de las primeras reculadas de calado de PP y C’s en sus primeros meses al frente del ayuntamiento.

“En 2020 se va a ejecutar todo lo que no se ha ejecutado”, señaló Fernández, mientras Navarro matizaba que las actuaciones se limitarán a los trabajos en 16 colegios públicos y Azcón apuntaba que, tras un tajo que este año supera los 1,8 millones, la gestión participativa regresaría más adelante aunque con unas fechas, cuantías y normas por determinar, lo que viene a confirmar por pasiva el anunciado cortocircuito de esta experiencia.

Las semillas de un conflicto con la comunidad

El equipo de PP y C’s, que gobierna Zaragoza en minoría pero con el apoyo y la supervisión de Vox, aprobó ayer un proyecto de presupuestos que suma 801,2 millones de euros y que presentaron como los de la “verdad y orden en las cuentas” tras encontrarse, en palabras de Navarro, “una situación que pone los pelos de punta” tras 16 años de gobiernos de la izquierda.

Sin embargo, esos presupuestos nacen descuadrados, ya que una parte de los ingresos no depende de la gestión municipal sino de otros factores.

Así, prevén “una subida de los ingresos estatales” por deudas de las liquidaciones del IVA cuyo pago está en manos del Gobierno central y consignan una inyección de más de 27 millones de euros por “la actualización de la Ley de Capitalidad y el convenio” de servicios sociales con el ejecutivo autonómico, cuyo presupuesto únicamente tiene anotados 8,9 para esos fines.

“Es lo que tiene que pagarnos el Gobierno de Aragón”, señaló Navarro. “Vamos a exigir que se cumpla la ley. Si no se transfieren [esas cantidades] se estará incumpliendo y las exigiremos”, añadió Azcón, en lo que parecen las semillas de uno de los ejes del conflicto institucional Zaragoza-Aragón para lo que queda de legislatura.

Vuelve la venta de solares municipales

Otro factor de ingresos que no queda por completo bajo el control del ayuntamiento es el relacionado con el ladrillo, que reaparece con fuerza en la política municipal: 24,7 millones de euros procedentes de la venta de nueve solares (20,03) de propiedad municipal y de la participación en siete urbanizaciones (4,75).

La cuantía del primer bloque, el de la venta de solares, no deja de ser una previsión optimista basada en los precios de salida cuando la Ley de Contratos obliga a convocar subastas para enajenarlos. En cualquier caso, Azcón se refirió a la vuelta del ladrillo como “una necesidad” para “aumentar la inversión” en la ciudad.

PP y C’s necesitan el apoyo de Vox para sacar adelante estas cuentas, lo que abre la puerta a concesiones a la ultraderecha que comenzaron a tomar forma ya desde el momento de la presentación, cuando Navarro admitió que dentro del capítulo de Igualdad “se estudiará la creación de una oficina de apoyo a las mujeres embarazadas” que reclama esa formación.

Los presupuestos, de los que se caen definitivamente proyectos emblemáticos para la ciudad como segunda línea del tranvía y que contemplan aumentar a 700.000 euros la partida para las luces navideñas tras haberla elevado de 100.000 a 400.000 a base de recortes sociales, contempla que el consistorio se endeude en 32 millones de euros para hacer frente a las reiterativas condenas por deudas con las contratas pero no prevé ingresos por victorias judiciales como la del IBI de la Expo, que supondrá dos millones anuales y entre ocho y dieciséis de atrasos.