Xua está a punto de soplar tres velas. Su cumpleaños será este domingo, un día que sus padres temían: siguiendo lo que indica la ley penitenciaria, la niña dejará de vivir en la cárcel de Picassent junto a su madre. Sus progenitores, Olatz Lasagabaster y Patxi Uranga –recluido también en la prisión valenciana–, fueron condenados a penas de 12 años de prisión por pertenecer a ETA. Ya han cumplido más de las tres cuartas partes de la condena, por lo que la red ciudadana Sare y la campaña “Xua gurasoekin etxera” (“Xua con los padres a casa”) reclaman que se tomen medidas para evitar que sean separados de la pequeña.

“Llevamos así muchas décadas”, reflexionaba el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco y portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, poco antes de que dicha plataforma anunciara el acto que tendrá lugar este domingo en Donostia para denunciar esta situación. “El día de cumpleaños de una niña o niño suele ser un día feliz, colorido y alegre. Los niños y niñas cuentan con ilusión y nerviosismo los días que faltan para el día de su cumpleaños. El tercer cumpleaños de Xua, sin embargo, tiene un componente particular”, destaca Sare.

La plataforma subraya que la niña nació el 19 de enero de 2017 en Valencia, ya con sus padres encarcelados. “Desde entonces ha vivido con su madre en la cárcel de Picassent, y como su padre también está preso en la misma cárcel, están juntos en las visitas”, recuerda. Sin embargo, “a partir del domingo, Xua se convertirá en una niña con mochila y sólo podrá estar con sus padres en las visitas mensuales. Para ello, tendrá que realizar un viaje de 600 kilómetros desde Usurbil hasta Valencia. Un viaje largo, peligroso, aburrido y costoso”.

Azkarraga reclamó que en caso de  que se mantenga esa "política de excepción" y, por tanto, no sean puestos en libertad condicional, al menos sean acercados a la prisión de Zaballa, situada en Vitoria. De esa manera, la distancia a recorrer para visitar a sus padres durante el próximo año y medio sería sustancialmente menor.

Apoyo de las Juntas Generales

El caso concreto de Xua ha llegado incluso a las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde PNV, PSE, EH Bildu y Podemos aprobaron días atrás un texto en el que reivindican que se adopten “las medidas necesarias para garantizar al máximo posible, teniendo en cuenta la legislación, la relación, los cuidados y la cercanía entre la menor con sus padres, contribuyendo a la unidad familiar en el entorno social en el que tengan arraigo, y protegiendo el interés superior de la menor”.

En la declaración –remitida a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior–, los grupos políticos sostienen que “aplicando la normativa común española, ambos tienen derecho a obtener la libertad condicional”.

El único juntero del PP en Gipuzkoa, Juan Carlos Cano Aristoy, se quedó solo en el “no” a esta reivindicación. “Está fuera de todo entendimiento que, por una hija, unos padres se nieguen a firmar un papel reconociendo que matar y colaborar a que otros maten está mal”, afirmó.

A su juicio, “Olatz Uranga y Paxi Lasagabaster decidieron voluntariamente ser parte de ETA, formar parte de un comando y almacenar explosivos y documentación, y cabe preguntarse cuántas personas se hubieran incorporado a la lista de asesinados por ETA si la Policía nacional no los hubiera detenido con setenta kilos de explosivos en su poder”. “Escogieron su futuro y también condicionaron el de la hija que tuvieron estando encarcelados”, sostuvo.

124 menores en todo el Estado

Según ha podido confirmar Público, a día de hoy existen en total cinco madres condenadas por delitos relacionados con ETA que conviven en prisión con sus hijas o hijos menores de tres años. Todas ellas están en cárceles situadas fuera de Euskadi: cuatro están en la prisión de Picassent (Valencia) y la restante en Aranjuez (Madrid).

Fuentes de Instituciones Penitenciarias indicaron que en total hay en las cárceles de España 114 niñas o niños menores de tres años que conviven junto a sus madres. A esa cifra se suman otros diez casos en Cataluña, donde están transferidas las competencias en materia carcelaria.