La Policía Nacional ha registrado la vivienda y la sede del mercantil de Alberto Luceño, investigado en el caso mascarillas, dentro de una pieza separada del procedimiento en la que el juez Adolfo Carretero investiga las comunicaciones del empresario. Luceño está imputado en el caso por el que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,6 millones de euros para dotar a la ciudad de guantes, mascarillas y test covid al inicio de la pandemia.

La entrada y registro en la vivienda y la empresa Takamaka Invest tuvieron lugar el pasado 22 de septiembre por orden judicial del magistrado que investiga el caso, tras la apertura de una pieza secreta el pasado mes de septiembre. El objeto de esta pieza era intervenir todas las comunicaciones del empresario, tras solicitarlo así la Fiscalía. Una vez realizados los registros, el juez ha levantado el secreto de la pieza, aunque se desconoce por el momento el contenido de la información obtenida.

El propio magistrado denegó a Más Madrid en mayo el listado de llamadas entre los empresarios imputados en el caso de las mascarillas, varios cargos municipales y el primo del alcalde. La razón que aportó Carretero fue que sería una intromisión en su intimidad obligarles a dar sus teléfonos y analizar las llamadas, que les perjudicaría de modo notorio al tener la condición de testigos y que además estas diligencias serían inútiles para averiguar el delito de estafa investigado.

En cuanto a la causa general, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Unidas Podemos, que es acusación popular, de ampliar la imputación a Luceño a un delito de alzamiento de bienes al no apreciar indicios de su comisión por parte de la sociedad que constituyó para dedicarse a sus negocios. Los magistrados han argumentado que "no existen por el momento datos reveladores de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública cometido por parte de la mercantil ni por su administrador y socio único Luceño".

El otro empresario investigado, Luis Medina, sí está imputado por un delito de alzamiento de bienes. Sin embargo, el magistrado dejó abierta la puerta, el pasado mes de mayo, a levantar esa imputación cuando conste en la causa la cantidad de la herencia millonaria de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández, que él ofreció para cubrir su fianza de casi 900.000 euros. Medina y Luceño están investigados por los presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo.