Tres jóvenes antifascistas, procedentes de sendas localidades vecinas de València, fueron detenidos en la tarde del lunes cuando huían de un grupo de ultraderecha que los perseguía, en las proximidades del barrio de Benimaclet, según declaró a Público su abogado.

Todo apunta, según testigos, que los chicos tuvieron un encontronazo en una de las calles con un grupo muy numeroso de ultras que acudían a la manifestación prevista a las siete de la tarde, optando por salir corriendo y huir, hasta que fueron detenidos.

Los jóvenes acudieron al barrio para apoyar las actividades de Benimaclet Lliure d’Odi, una jornada de protesta pacífica contra la manifestación convocada por la ultraderecha, con motivo del "Dia de la Hispanidad". España 2000 escogió para su celebración este barrio tranquilo, conocido por la convivencia interracial y solidaria desde hace décadas que, además, es residencia de miles de estudiantes universitarios.

Durante la detención, los tres jóvenes sufrieron heridas de diversa consideración en cabeza y extremidades, provocadas por las porras y las patadas de los agentes, según su abogado.

Según la versión policial, los jóvenes se resistieron a la detención y "agredieron a tres policías nacionales, causándoles heridas de diversa consideración", cuando los agentes vestían la equipación completa de las unidades antidisturbios, guantes y casco incluidos.

Los tres jóvenes antifascistas permanecen desde la tarde del lunes en los calabozos del antiguo cuartel de Zapadores de València, hasta que posiblemente el jueves pasen a disposición judicial. Una situación que la organización contra la represión Alerta Solidària no entiende. Asimismo, han señalado que la Policía identificó a otras diez personas vinculadas a colectivos vecinales de Benimaclet.

Una Ley que la Policía no cumple

Esta manifestación, liderada por el jefe de España 2000 y el cronista fallero Pepe Herrero (imputado por las agresiones fascistas de la Diada Nacional del País Valencià de 2017), fue una vez más un acto de exaltación de la dictadura franquista y del nazismo.

Las antorchas y la formación paramilitar de la manifestación no pudieron disimular su debilidad política, que apenas logró reunir a un centenar de fanáticos que, en todo momento, fueron escoltados por la policía, mientras el barrio entero hacía sonar cacerolas poniendo de manifiesto su rechazo.

Hacía tiempo que no se veían en una manifestación tantas banderas franquistas, nazis, falangistas, runas célticas y demás ferretería fascista. Y esto precisamente ha provocado la reacción de Rosa Pérez Garijo, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que ha tenido que recordar que los valencianos tienen desde diciembre de 2017 una ley que impide y sanciona estos actos de exaltación fascista.

“Ya es hora de empezar a aplicar la ley”

La Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana fue aprobada y publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2017. Según explica la consellera y miembro de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, la ley no se ha aplicado hasta la fecha, "pero ya es hora de empezar a aplicarla. No podemos seguir permitiendo que se vulnere y se humille a las víctimas del franquismo y que se haga apología y exaltación de su régimen, cuando disponemos de una herramienta para impedirlo".

La Ley de Memoria Democrática valenciana señala en su articulado, entre otras cosas, que son delito “los actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje a quienes apoyaron la sublevación militar y la dictadura".

La consellera señala que ha solicitado a la Delegación de Gobierno en el País Valencià la identificación de las personas que han exhibido, símbolos, banderas y toda clase de elementos que recoge la ley valenciana vigente, así como la identificación de los convocantes y las posibles actas policiales levantadas.

El Artículo 63 de la Ley establece sanciones diversas: multa de 10.001 a 150.000 euros para infracciones muy graves; multa de 2.001 a 10.000 euros para infracciones graves; y multas de 200 a 2.000 euros para las leves.

La consellera Pérez Garijo ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno, Gloria Calero, "para trabajar conjuntamente en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de memoria democrática para que se aplique la ley y evitar episodios como los de Benimaclet".