Con la aplicación del estado de alarma, la ciudadanía tiene restringidos sus movimientos fuera del domicilio, y solo se puede desplazar para ir a la compra, hacerse cargo de personas dependientes o para ir a trabajar presencialmente en caso de que su empresa así lo requiera. La Policía se encarga de multar a quienes no cumplan con estas normas básicas, pero tiene prohibido traspasar algunos límites.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha elaborado un decálogo con recomendaciones para prevenir posibles abusos policiales durante el estado de alarma. Su director legal, Carlos Sánchez Almeida, recuerda que "no es delito ni infracción administrativa" filmar a la policía y que "nadie puede ser obligado a facilitar" su contraseña del móvil, ni a desbloquearlo. Tampoco a "enseñarle las fotografías, ni a borrarlas" si el agente en cuestión así lo solicita.

La PDLI advierte de que "solo es sancionable" publicar la grabación de un agente policial "cuando pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar". También si se pone en riesgo las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. "Si se filma a la policía desde la ventana o balcón para documentar un posible abuso policial, es importante captar el número de identificación del agente", señalan. 

Desde la Plataforma recuerdan, a su vez, que nadie puede ser obligado a enseñar a la Policía las imágenes captadas por su móvil: "Si un agente lo hace, incurriría en un delito de revelación de secretos". En estos últimos días, han circulado por la red vídeos de agentes policiales exigiendo a ciudadanos que se encontraban en la calle que borraran las fotografías o vídeos que estos habían realizado a las fuerzas de seguridad desde sus teléfonos móviles. "Si nos fuerzan a eliminarlas o lo hacen ellos sería un delito de daños informáticos",  señalan.

Tampoco los agentes pueden exigir que entreguemos a la Policía la contraseña de nuestros teléfonos móviles, ni que los desbloqueemos mediante identificación biométrica: "Callar sobre estas claves forma parte del derecho a guardar silencio que tiene todo investigado", apunta Sánchez Almeida. Y prosigue: "Si es posible, cuando se salga a la calle, hacerlo con cámaras ocultas y aparatos de grabación escondidos. No evitarán los actos de maltrato, pero al menos recopilaremos pruebas".

Cinco años desde la aprobación de las Leyes Mordaza

La PDLI recuerda que han trascurrido cinco años desde la aprobación de las Leyes Mordaza y aseguran que cuanto se recupere la normalidad en la actividad paralamentaria  -ahora interrumpida por la emergencia del COVID-19- retomará la la campaña que tenía en marcha desde febrero para promover la derogación de estas normas.

"Esta pandemia ha cambiado el mundo que conocemos y de aquí saldrá una nueva realidad. Tenemos que mantenernos vigilantes porque no podemos llegar a ese nuevo escenario con menos derechos de los que tenemos hoy. Así que habrá que analizar cada paso que demos ahora, pero también, cuando todo esto acabe, recordar que tenemos muchas tareas pendientes en el ámbito de las libertades como la derogación de las leyes mordaza o el ‘Decretazo Digital", afirma el  Sánchez Almeida.