El 13 de febrero de este 2022, el PP se llevaba la primera gran decepción de la presente legislatura, al lograr tan solo 31 procuradores tras el adelanto electoral propuesto por Alfonso Fernández Mañueco para deshacerse de su entonces socio de Gobierno, Ciudadanos. Los 13 procuradores conseguidos por Vox parecían despejar el horizonte para los populares, que sabían a ciencia cierta que deberían pactar con los de Abascal para conseguir el poder en la Junta de Castilla y León.

Lo primero que llamó la atención nada más nacer fue el triste título que obtuvo, al ser el menos paritario de todo el país. Ninguno de los Ejecutivos de las otras 16 comunidades y dos ciudades autónomas tenía un porcentaje tan bajo de mujeres como éste que anunciaron PP y Vox en Castilla y León: siete hombres y tres mujeres, con el añadido de que el presidente y vicepresidente también son hombres (9/3, por tanto). 

Preguntado en su día por los periodistas por este pobre balance de mujeres, el ya presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no dudó en afirmar: "Es lo que hay. Son los mejores hombres y mujeres para este Gobierno". La toma de posesión de los procuradores autonómicos en las Cortes tampoco estuvo exenta de polémica, cuando varios de ellos no quisieron dar la mano al presidente de la Cámara, Carlos Pollán (Vox), al jurar o prometer su cargo sobre la Constitución.

Rumores de nuevas elecciones

En estos primeros 100 días de Gobierno, la polémica por las diferencias entre ambos socios, o por la forma de comunicar sus acuerdos desde Vox han sido constantes. Tanto, que la rumorología incluso comenzó a funcionar por los pasillos de las cámaras autonómicas para dejar caer que, de seguir así, Mañueco se vería obligado a convocar elecciones de nuevo, si bien no podría disolver las Cortes durante el primer año desde la última disolución anticipada, que fue el 20 de diciembre de 2021. Desde el PP han desmentido este punto rotundamente, queriendo transmitir un ambiente de cordialidad entre socios.

El primer movimiento de ambos partidos de manera conjunta fue aprobar un plan anticrisis de 470 millones de euros que se destinarán a sectores afectados por la pandemia y la guerra de Ucrania, a una bajada del IRPF y ayudas para las familias vulnerables y el fomento de la natalidad.

Sin embargo, los primeros enfrentamientos entre ambos llegaron en cuanto Vox hizo públicas sus declaraciones de intenciones: renegó del estado de las autonomías, rechazó la existencia de la violencia de género o aseguró que acabaría con la Ley de Memoria Histórica. Ponía así a sus socios populares entre la espada y la pared, obligándoles a tratar de nadar y guardar la ropa. Un ejemplo tuvo lugar cuando el PP guardó —junto a Vox— un minuto de silencio tras el asesinato de una mujer en Soria, pero dejó solos a los de Abascal en el que convocaron por la muerte de un hombre a manos de su mujer en un pueblo de León.

Las grandes polémicas: Diálogo Social, Siro y los incendios

Si las polémicas en materia social durante estos tres meses han sido constantes, la relación de este Gobierno de coalición con los representantes de trabajadores y empresarios se ha tensado hasta el extremo. En el único Consejo del Diálogo Social celebrado hasta el momento se rompió con sindicatos y empresarios tras el anuncio de Vox de un recorte de 20 millones de euros, medida que al parecer no estaba acordada previamente con el PP y de la que Mañueco trató de salir indemne. Denominando a los sindicatos como "ultrasubvencionados", Vox no parece estar muy interesado en retomar el diálogo con ellos.

Otra de las crisis que ha tenido que afrontar el actual Gobierno de la comunidad fue la amenaza de cierre de todas las fábricas del Grupo Siro, que da trabajo a unas 1.500 personas en varias plantas de Castilla y León. La ausencia de gestión pública del consejero de Empleo e Industria de Vox, Mariano Veganzones, fue subrayada por la oposición e incluso generó malestar entre sus socios de Gobierno. Finalmente, tuvo que ser Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, la que liderara las negociaciones y lograra que los comités de empresa llegaran a un acuerdo respecto al plan de viabilidad de la empresa galletera.

Finalmente, las peores críticas que se ha llevado el Gobierno de la comunidad han llegado con la gestión de los incendios forestales que han arrasado Castilla y León en la parte final de la primavera y el verano. El de la Sierra de la Culebra, que comenzó a mediados de junio en Zamora, quemó unas 31.000 hectáreas mientras la Junta esperaba al 1 de julio para declarar situación de peligro alto de incendios. Una primavera seca, pocas precipitaciones y el anuncio de una ola de calor parecían razones más que suficientes para adelantar la declaración, que tendría trabajando al operativo antiincendios al 100%.

La situación de los bomberos forestales, que pedían a través de Público un esfuerzo de la Junta para poder beber y comer en condiciones, ha sido una verdadera bomba para el Ejecutivo de la comunidad. La presentación de García-Gallardo en Twitter y casi a medianoche de las medidas que han acordado las tres consejerías que controla Vox para ayudar en la lucha contra los incendios, fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de los profesionales: Contratar desempleados para ayudar a limpiar los bosques, un concierto benéfico en Zamora para ayudar a los perjudicados por el fuego o la entrega de maillots ciclistas para los alcaldes de las localidades afectadas han sacado a los castellanos y leoneses a la calle. 

Tanto es así, que el pasado fin de semana se produjeron manifestaciones en Salamanca, Valladolid, Zamora, León o Ponferrada contra la política antiincendios de la Junta y en las que se pidió la dimisión de Mañueco y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Lo cierto, pues, es que los tres primeros meses de Vox en un Gobierno no han logrado suavizar las dudas que generaba la entrada por primera vez en un Ejecutivo de los ultraderechistas de Vox. Sin embargo, las dos formaciones han hablado de inicio "positivo" de legislatura para la coalición.